Llegó la hora de la verdad para Petro y su campaña: aquí los secretos del CNE y las pruebas que tienen contra la pared al presidente

El gobierno de Gustavo Petro estuvo tranquilo con el Consejo Nacional Electoral, hasta este jueves 29 de agosto, cuando seis de siete magistrados presentes en la sala plena, sorpresivamente, votaron para que el proyecto de pliego de cargos contra la campaña del líder del Pacto Histórico se estudie de inmediato, sin más dilaciones, y en dos o tres semanas se decida si se inicia o no una investigación formal.

La defensa de Petro pretendía que cada magistrado –al menos, los más cercanos al Gobierno–, pidieran el expediente en rotación y duraran ocho días hábiles estudiando la cascada de documentos, registros contables, facturas y testimonios que en más de 300 páginas documentaron los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. Sin embargo, no ocurrió.

SEMANA conoció que el magistrado Prada dijo en la sala plena que entendía que cada togado pudiera rotarse el expediente, pero que no se justificaba que tal procedimiento se impusiera, cuando los magistrados tenían en su poder el expediente desde el 8 de mayo de 2024.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Maritza Martínez, quien además es cercana al Partido de la U, dijo que ella lo estudiaría primero. Y, después de una larga discusión, sugirió que se hiciera una rotación simultánea del expediente. Seis magistrados votaron positivamente ante esa propuesta y solo Fabiola Márquez, cercana a Petro, se opuso y fue derrotada. La magistrada Alba Lucía Velásquez, también cercana al petrismo, se encontraba incapacitada y no estuvo presente en la sala.

En la Casa de Nariño la noticia cayó como un baldado de agua fría y llevó al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a encender las alarmas.

Como están las cosas, y si nada extraordinario ocurre, la votación de la ponencia se hará máximo en tres semanas. ¿Logrará el Gobierno atravesarse a la ponencia contra la campaña Petro Presidente? La respuesta es incierta.

Si la decisión se tomara hoy, lo más probable es que el pliego de cargos contra Petro y los directivos de su campaña prospere porque es muy posible que seis de los miembros del CNE inclinen la balanza y conformen mayorías. Sin embargo, como en el CNE todos los togados tienen relación con partidos políticos, cualquier cosa puede ocurrir en los próximos días.

De entrada, en los pasillos del CNE creen que los seis magistrados que respaldaron estudiar de forma simultánea el proyecto de pliego de cargos votarían en favor, entre ellos, los dos ponentes, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, además de César Lorduy, Maritza Martínez, Alfonso Campo y Cristian Quiroz. Fabiola Márquez, Alba Velásquez y Altus Baquero, quien aún no regresa al tribunal después del proceso en el que el Consejo de Estado lo retiró del cargo por no cumplir, supuestamente, con los requisitos, pero que la Corte Constitucional lo reintegró hace una semana, votarían en contra del proyecto.

Si los seis magistrados quisieran ayudarle a Petro, de entrada habrían pedido rotar el expediente de manera individual procurando ganar tiempo y acercarse a junio de 2025, la fecha en que caduca la investigación por financiación irregular de la campaña presidencial.

En el Consejo Nacional Electoral está claro y se habla cada vez más fuerte de que Petro y los directivos de su campaña, difícilmente, tendrían una fórmula jurídica que les permita escapar a una sanción.

Argumentan, por ejemplo, que varias de las pruebas expuestas por los magistrados Prada y Ortiz son debatibles, pero solo una es contundente y, aparentemente, suficiente para comprobar que el hoy presidente sí violó los topes de campaña en 2022.

Se trata de la factura electrónica por 356 millones de pesos del pago de publicidad para la primera vuelta presidencial que hizo el entonces gerente Ricardo Roa a Caracol Televisión y que no fue reportada a las autoridades electorales. Solo con esa cifra que se reportó a la Dian se superarían los topes de campaña fijados por el CNE.

En la primera vuelta, Petro estuvo a 28 millones de pesos de volarse los topes electorales, mientras que en la segunda, a 13 millones. ¿Cómo podrá la defensa de Petro debatir esta prueba si la propia Dian confirma el pago?

Otra prueba contundente son los extractos bancarios de la empresa encargada de suministrar los servicios de capacitación y coordinación de testigos electorales por valor de 202 millones de pesos, por conceptos de servicios tecnológicos, seguridad de plataformas y capacitaciones entre el 9 y el 20 de mayo de 2022.

Para defenderse, Gustavo Petro dijo, el 10 de mayo de 2024, que es “un exabrupto de aquí a Cafarnaúm” señalar que los gastos de los testigos electorales hacen parte de la campaña presidencial porque ellos vigilan los votos y la campaña termina el día anterior de las elecciones.

Sin embargo, SEMANA conoció que Petro cobró al Estado en las elecciones de 2018, cuando perdió frente a Iván Duque, el gasto que tuvo su campaña electoral por concepto de testigos electorales. En la primera vuelta, al hoy presidente le reconocieron 235 millones de pesos y en la segunda, 1.565 millones de pesos por pago de testigos electorales. En ese orden de ideas, no se entiende por qué hasta hace siete años el líder del Pacto Histórico reconocía que el pago de testigos electorales correspondía a gastos de campaña, y ahora, por conveniencia, dice lo contrario.

Como si fuera poco, en la campaña al Senado 2022, la coalición del Pacto Histórico cobró al Estado por concepto de logística y pago a testigos electorales 5.746 millones de pesos, los cuales ya le fueron cancelados.

Este medio confirmó que en la sala plena del Consejo Nacional Electoral hay una tradición, y es el respeto a los proyectos de apertura de investigación y pliego de cargos proferidos por los despachos. Por eso, casi siempre, las ponencias contra violación de topes de campaña, excesos de publicidad, entre otras, han sido votadas respaldando el trabajo de los togados ponentes. ¿Ocurrirá lo mismo en esta oportunidad?

Si a mediados de septiembre de 2024 los magistrados confirman el pliego de cargos contra la campaña Petro Presidente, los involucrados tendrían 15 días hábiles para rendir descargos y, posteriormente, iniciaría el término probatorio, para lo cual la ley contempla hasta 60 días para que se formulen alegatos y otros 30 para que la sala plena del CNE decida finalmente.

Si los tiempos procesales se cumplen, en diciembre de 2024 se tendría que tomar una decisión. No obstante, como los abogados acuden a todo tipo de estrategias jurídicas para dilatar, el eventual fallo se postergaría para el primer semestre de 2025.

La defensa de Petro tendrá que refutar ocho pruebas contundentes del CNE, entre ellas, la certificación suscrita por Fecode que confirma que el 3 de mayo de 2022 el comité ejecutivo de la organización sindical aprobó la destinación específica de 500 millones de pesos para “la campaña del candidato Gustavo Petro a la Presidencia de la República”. La campaña no reportó esos dineros a Cuentas Claras.

Igualmente, la contribución del partido Polo Democrático por 500 millones de pesos, cuantía que había sido reportada en el informe inicial y que misteriosamente, en el informe final, se suprimió; así como los contratos y las facturas electrónicas sobre los servicios de transporte aéreo prestados a la campaña en primera y segunda vuelta presidencial, valores que, según el CNE, fueron modificados irregularmente para no sobrepasar los topes electorales.

También la factura electrónica del 16 de junio de 2022, mediante la cual el gerente de campaña, Ricardo Roa, pagó la suma de 100 millones de pesos por el evento del cierre de campaña en el Movistar Arena.

Del lobby del Gobierno y los argumentos de la defensa jurídica de la campaña y sus directivos dependerá la suerte del proceso en el CNE. Las próximas semanas serán de infarto.