“Petro es el que irrespeta las instituciones sobre la figura de Álvaro Leyva”: Hernán Cadavid sobre acción judicial que presentó contra el canciller

SEMANA: ¿Qué está pasando? ¿Por qué el canciller Álvaro Leyva sigue ejerciendo funciones?

HERNÁN CADAVID (H.C.): En una rápida línea de tiempo, las actuaciones del canciller vienen signadas por un manto de duda, no solamente la presencia de su hijo, el eventual conflicto de interés en los negocios sobre la licitación de los pasaportes, sino que también un hecho tremendamente grave, que es el puntual en el que nos queremos entrar, tras la advertencia de la directora jurídica del estado, la doctora Martha Lucía Zamora, quien termina saliendo del Gobierno, la Procuraduría sanciona al canciller Álvaro Leyva y en un hecho sin precedentes para un gobierno nacional simplemente él mismo determina, junto con el presidente, que él no acepta la sanción y sigue trabajando como si nada estuviese sucediendo. Eso es un antecedente de un hecho gravísimo tanto para la democracia, la Constitución que ellos dicen defender como en un precedente nefasto para que cualquier otro funcionario diga, pues si el canciller no acepte una sanción, yo tampoco la puedo aceptar y sigo trabajando. Por eso acudimos en una acción de cumplimiento ante los tribunales administrativos de Cundinamarca, para que sean esto los que obliguen al presidente de la República a darle trámite a una sanción formal de una institución legítima como la Procuraduría.

SEMANA: ¿Hay términos para responder esta acción de cumplimiento?

H.C.: Ellos tienen 10 días para admitir, solicitar contestación y proceder o para verificar si efectivamente se está incumpliendo, como dice la acción de cumplimiento, o una ley o un acto administrativo, que es lo que sucede con la sanción puntualmente de la Procuraduría General de la Nación. Es un acto administrativo legítimo, que se le presume legal, que se le debe dar estricto cumplimiento, pero simplemente, como decía el canciller, de una manera muy déspota en esos procesos de litigio sobre los pasaportes, “notifíquenme en la tumba”, decía con una desidia y un desprecio, yo no sé para qué asumen condición de funcionarios públicos si no quieren adquirir las calidades, obligaciones y los deberes que eso implica.

SEMANA: El abogado del canciller dijo que mientras que el presidente Petro no designe su reemplazo, Leyva va a continuar en el cargo. ¿Qué opina sobre esto?

H.C.: Pero además, Diego, esto tiene todas las connotaciones desde el punto de vista penal. Varios de los entendidos nos están diciendo, está prevaricando el señor Leyva, parece que no le importa nada. No cumple las sanciones cuando se deben cumplir en el término inmediato, porque además no tenía posibilidad de recurso, es estricto cumplimiento. Él dice no, esperemos a ver cuándo nos antojamos o si yo lo reemplazo o no. Y mientras tanto, sigue suscribiendo decretos, resoluciones y decisiones que. Y quiero decir, todas a partir de la notificación de la sanción son susceptibles de ser declaradas nulas.

Un compañero nuestro y varios ciudadanos más han acudido al Consejo de Estado bajo esa premisa, de declarar la nulidad de esas actuaciones, pero más allá de las actuaciones administrativas y decir un decreto o no, es el precedente, es el irrespeto a la Constitución, es el desafío a las instituciones, es decirle al Estado de derecho, no me importa lo que ustedes digan sobre mí porque solamente vale lo que yo piense como presidente de la República. Es que aquí quien no está atendiendo el llamado la Procuraduría es el presidente de la República, que es el nominador del ministro. Es contraer que hemos impetrado la acción de cumplimiento en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Es Petro el que hoy irrespeta las instituciones sobre la figura de Leyva. Pero es el presidente el que tuvo que haber dicho, le doy cumplimiento o no le doy cumplimiento a este acto administrativo de sanción de la Procuraduría.

SEMANA: Pero sorprende la actitud del abogado, ¿pasará el tiempo sin que nada ocurra?

H.C.: Mire el precedente nefasto. Sí, un alcalde, un secretario de gobierno, un secretario de despacho departamental, municipal, recibe una sanción de la Procuraduría o de la Contraloría y dice si no la cumple el canciller por qué la voy a cumplir yo, también considero que no debo ser sancionado y sigo trabajando. Es un precedente nefasto para el estado de derecho. Segundo, el presidente de la República sigue anteponiendo sus malquerencias personales con la Procuraduría General de la Nación y entonces todo lo que parezca Procuraduría lo quiere eliminar, sustituir o no lo quiere respetar, porque fue sancionado en algún memento de su vida política y administrativa como alcalde de Bogotá. Y se trae todos esos rencores a seguir haciendo un daño institucional. Él dice ser un defensor de la Constitución del 91, nada más falso que estos hechos. Si alguien respeta la legalidad en la Constitución, debería estar respetando una sanción de una institución constitucional como es la Procuraduría, de lo contrario es carreta barata, porque lo que está haciendo puntualmente es darle un carácter de irrelevancia al Estado de derecho y eso es un presente nefasto para lo actual y para lo que está por venir.

SEMANA: El presidente Petro habla de una “ruptura institucional”, ¿el mandatario desconoce la organización del Estado?

H.C.: Si alguien ha querido derribar o crear una ruptura de las instituciones del estado colombiano en la historia reciente del país es Gustavo Petro y su militancia del M-19 que pretendieron derrumbar la justicia de Colombia. Ese si es un acto puntualmente de ruptura institucional, vamos a lo presente. Resulta que cuando los gobernadores anteriores en Colombia ante una crisis de orden público dijeron “libertad y orden”, el Gobierno dijo “golpe de Estado” cuando el Consejo de Estado ha tomado decisiones sobre la nulidad de la elección de algunos miembros del Pacto Histórico por doble militancia u otros vicios, el presidente ha dicho “golpe de Estado”. Cuando la Procuraduría General de la Nación, ante todas las advertencias y evidentes irregularidades, suspende legítimamente, no ha sancionado de manera definitiva, suspende preventivamente al canciller dice “golpe de Estado”. Entonces ahora resulta, consideraran ellos, que por denominarse progresistas es como si la ley y los controles no tuvieran que ver con ellos. Es como que si uno se denominara progresista entonces no lo pueden ni vigilar, ni inspeccionar, ni sancionar, porque entonces es un “golpe de Estado” para los progresistas. Esa tesis no se puede comprar.

Ahora, el presidente no es el que va a invertir la carga en los hechos. Es él y su gobierno los que no han respetado el Estado derecho. El irrespeto a la Procuraduría es solo uno de los elementos, y ahora en un Estado operando, controlando, resulta que es un golpe de Estado y una ruptura institucional. Esa tesis, el país no se la puede comprar y nosotros no podemos permitir que vaya avanzando en ese sentido, porque, como dice el dicho, “tras de hinchado con paperas”, esto es lo que sucede. No solamente él rompe la institución, sino que acusa a los demás de ser quién las estén destruyendo.

SEMANA: ¿Está de acuerdo con quienes creen que se trata de una ‘cortina de humo’ para hacerles creer a los colombianos que hay una guerra contra las instituciones?

H.C.: Creo que es una narrativa desesperada en el sentido de crear un blindaje de narrativa política para que no sea susceptible del control de legalidad de las cuentas de una campaña, de la financiación de una campaña, de los topes de donaciones electoralmente hablando en el marco de las campañas del Congreso y de la Presidencia de la República. Y entonces es allí donde adopta el discurso victimista, reducido de simplemente decir yo soy progresista me quieren tumbar.

Cuando uno asume una responsabilidad en la función pública, llámese Presidente de la República, congresista como lo somos en este memento, concejal, edil, alcalde, el que sea, usted jura defender la Constitución, asumir los deberes y los derechos. No hay un aura que pueda ser impenetrable, una investigación, o que blinde puntualmente a una persona si efectivamente hay indicios. Aquí, insisto mucho, no puede ser que él no sea susceptible de control en su campaña, sus personas, máxime cuando los indicios han venido no en la oposición ni en los medios, ni una teoría conspirativa sino propiamente de sus círculos familiares que han develado lo que el país conoce. Así que eso del golpe de Estado, porque se le va a investigar la campaña presidencial, es una tesis que no se le puede comprar al presidente de la República y tiene que responder, evidentemente.

SEMANA: ¿En el Congreso de la República se puede hacer cumplir la suspensión de la Procuraduría sobre Leyva?

H.C.: No trascenderá de los debates de control político que hay que hacerlos más allá de lo que ellos quieran o puedan decir, tendremos que acudir en debate de control político a lo que sucedió en el marco de la campaña, en lo que tiene que ver con las investigaciones formalmente dichas será la Comisión de Acusación la que deba avanzar en ese planteamiento. Yo hago parte de la comisión, pero no soy representante investigador.

No es cierto que todos los que estemos dentro de la Comisión de Acusación podemos hacer lo que nos antoje. El presidente de la comisión designa a unos representantes e investigadores, que el país los conoce, y ellos deberán proceder. Esos tiempos están trascendiendo, están avanzando y habrá que esperar allí qué sucede.