Petro estalló contra exsecretario general de Cancillería por adjudicar millonario contrato de pasaportes: “Rompió la ley”

La novela sobre la adjudicación del millonario contrato de pasaportes a Thomas Greg continúa, en esta ocasión el presidente de la República lanzó una aguda pulla en contra del exsecretario general de la Cancillería José Antonio Salazar, señalándolo directamente de “romper la ley”.

En jefe de Estado fue más allá e insinuó que la justicia penal debe adelantar las investigaciones correspondientes para establecer si existieron irregularidades en la actuación de Salazar.

Además, por medio de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, el mandatario colombiano insistió que un José Antonio Salazar no debía adjudicar el contrario a Thomas Greg, al advertir que su superior jerárquico declaró el proceso desierto.

“No se puede declarar adjudicado un contrato cuando el superior jerárquico lo declaró desierto”, posteó Petro.

Y avanzó en el mensaje que publicó en redes sociales: “El señor Salazar ha roto la ley y es a la justicia penal a la que le corresponde investigar los motivos”.

El dardo que lanzó el mandatario colombiano obedeció a la declaración que dio esta semana Luis Gilberto Murillo, canciller encargado, quien se pronunció este martes luego de que el exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar Ramírez, firmara tres resoluciones en las que se tomó la decisión de adjudicarle la licitación de los pasaportes a la firma Thomas Greg.

En un comunicado, Murillo manifestó que Salazar no tenía competencia para tomar esa determinación.

“El secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, el canciller Álvaro Leyva Durán, que declaró desierto el anterior proceso licitatorio LP 001 de 2023″, expresó Murillo.

Salazar fue declarado insubsistente y apartado del cargo por el propio presidente Gustavo Petro.

En el texto, Murillo recordó que Salazar reconoció que “sus actuaciones fueron inconsultas” y, por tanto, contrarias a las instrucciones dadas por él.

De igual manera, señaló que el 22 de febrero, cuatro días antes de ser declarado insubsistente por el presidente Petro, el secretario sabía de su retiro del cargo.

Adicionalmente, el canciller encargado señaló que se está examinando con “rigor” su actuación.

“Se está examinando con rigor su actuación al asumir una competencia retroactiva y al intentar llevar a cabo la celebración de un contrato por 599 mil millones de pesos sin contar con el respaldo presupuestal necesario”, sostuvo.

También afirmó que no hay disponibilidad presupuestal para el polémico contrato.

“No es cierto, como se afirmó en la resolución que pretendió la adjudicación, que exista el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 74-923 para el proceso contractual antes referido. Estos recursos fueron reasignados desde el 2 de octubre del año pasado para garantizar la prestación del servicio en la actual vigencia fiscal”, dijo.

El funcionario aclaró que, pese a la polémica con la licitación, se seguirá prestando el servicio sin “alteraciones”.

“Las sedes en Bogotá, las gobernaciones y nuestros consulados alrededor del mundo siguen y seguirán prestando el servicio de pasaportes sin alteraciones, comoquiera que el Contrato n.° 356 se encuentra en ejecución hasta el 2 de octubre de 2024″, subrayó.

Exsecretario general de la Cancillería desmiente al canciller Luis Gilberto Murillo, “eso es totalmente falso”, y hace grave advertencia, “no quieren cumplir”

SEMANA: ¿Qué opinión le merecen las declaraciones de Luis Gilberto Murillo en su contra?

JOSÉ ANTONIO SALAZAR (J. A. S.): Apenas me entero, he tenido un poco de trajín.

SEMANA: El canciller, por ejemplo, dice que desde el 22 de febrero usted sabía que se iba a ir de la Cancillería de Colombia y, aun así, otorgó semejante contrato. ¿Es real?

J. A. S.: Es completamente falso. Tanto, que el 22 de febrero es la fecha que tiene la Resolución 1344 por la cual él me ratificó la delegación.

SEMANA: ¿Cómo fue el proceso de esa resolución? ¿Murillo cómo le dice a usted que le entrega nuevamente las facultades para contratar?

J. A. S.: El documento me lo llevaron a la Secretaría General ya elaborado. No intervine siquiera en la elaboración y no me preguntó antes de hacerlo. Lo elaboró la Oficina Jurídica Interna junto con el doctor Juan Carlos Lozada. Él le encomendó a Lozada la elaboración de la resolución. Fue de la manera más espontánea.

SEMANA: ¿Usted sabía que lo iban a sacar del cargo el 22 de febrero, como dijo Murillo?

J. A. S.: En esa fecha yo no sabía absolutamente nada. Como he sostenido, yo deduje con la charla con Luis Gilberto Murillo que él llegaba al cargo con la intención de quedarse. Entonces, en ese momento, pensé que tenía que resolver el problema. Él llegó a pedir renuncias y yo hice esa deducción. Además, él me dijo a mí que el propósito que tenía era decirle al presidente Gustavo Petro que conciliara el tema. Igual manifestación le hizo Luis Gilberto Murillo al canciller Álvaro Leyva.

SEMANA: ¿Cómo fue ese episodio entre Murillo y Leva?

J. A. S.: Él —Murillo— tuvo una charla con el doctor Álvaro Leyva. Le dijo que le iba a plantear al Presidente Gustavo Petro la posibilidad de conciliar el asunto.

SEMANA: ¿Y Leyva qué le respondió?

J. A. S.: No lo sé, tienen que verificarlo con él. Yo tuve una conversación con Álvaro Leyva este martes 27 de febrero después de varios días de no haber hablado y él me dijo eso.

SEMANA: Por cierto, ¿Leyva está bravo con usted? Al fin y al cabo, adjudicó el contrato a Thomas Greg, algo que no quería Leyva.

J. A. S.: No lo noté molesto. Ayer hablamos de ese tema. Sigamos con los puntos.

SEMANA: Dice Gilberto Murillo que usted no tenía facultades para contratar la licitación de pasaportes.

J. A. S.: Eso es falso, el canciller Luis Gilberto Murillo desconoce el Ministerio. La resolución 2438 de 2019 contiene las delegaciones del Ministerio en los viceministros y secretarías generales, y el nivel directivo. Están expresamente ahí, entre esas, la delegación a la representación legal del Fondo. Él incurre en ese error, posiblemente, porque en el acto administrativo que yo dicté no cité esa norma, no la incluí, es un pequeño detalle, omití involuntariamente citar esa resolución de delegación general en el segundo y tercer nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es un desconocimiento total del Ministerio.

SEMANA: Además, el canciller encargado Luis Gilberto Murillo le entregó otras facultades el 22 de febrero.

J. A. S.: Me amplió las facultades. Las facultades vienen de la resolución 2438 del 2019 que está vigente. Y Murillo, con la nueva resolución del 22 de febrero, me las ratificó y las amplió.

SEMANA: Dice Luis Gilberto Murillo que el contrato no tenía Certificado de Disponibilidad Presupuestal, es decir, el dinero para los pasaportes.

J. A. S.: Eso es completamente falso. Lo que se hizo fue restablecer la licitación pública al estado en que se encontraba. Cuando la declararon desierta, cancelaron el CDP para celebrar el contrato de urgencia manifiesta. Al cancelarse el contrato de urgencia manifiesta, se liberan los recursos del contrato que no se ha ejecutado.

Además, en el Artículo 4 de la resolución donde él me otorga facultades para contratar dice: “La Dirección Administrativa, con apoyo de esa secretaría, adelantará todas las diligencias y trámites que se requieran para solicitar, constituir y/o restablecer las reservas presupuestales, vigencias futuras que se requieran para efectos del contrato adjudicado”.

Lo que el canciller Murillo dice es otra imprecisión, porque yo tomé la decisión en la misma resolución de dar la orden a la Dirección Administrativa para que lo hiciera. Este movimiento de recursos dura 10 minutos. Pero ellos no quisieron hacerlo. Murillo le dio la orden este martes 27 a la Dirección Administrativa de no hacerlo, de que no actuara en ese sentido. Están haciendo todo para no cumplir la resolución. Además, la reserva presupuestal es un requisito de ejecución y no de celebración del contrato, según la ley.

SEMANA: Conclusión, ¿los recursos están asegurados?

J. A. S.: Los recursos están. Y son los mismos que están ahí, en el proceso de licitación que estaban adelantando de manera simultáneamente.

SEMANA: ¿El canciller Luis Gilberto Murillo lo ha llamado?

J. A. S.: No he hablado con él ni voy a hablar porque este martes casi que me sacaron de la oficina. Yo tengo 10 días de plazo para entregar, yo salgo de mi casa a la oficina a terminar de sacar lo que tengo. Sacaré mi equipaje.

SEMANA: ¿Cómo así?

J. A. S.: Ayer llegó la secretaria que él encargó, me dijo que entregara, fue tres veces, pero yo tengo que hacer un informe de entrega. Me tocó decirle ‘instálese’ y sacar en cajas las cosas que tengo, las trasladé a otro lado.

SEMANA: ¿Cree que le quieren echar el agua sucia?

J. A. S.: Me la quieren echar y no quieren cumplir. Están metiendo al Estado en un problema gravísimo. Si ya hay unos derechos del contratista, eso no se puede revocar.

SEMANA: Conclusión, ¿le quieren ‘cobrar’ por adjudicar este contrato?

J. A. S.: No solo me quieren cobrar, no quieren cumplir. Están estudiando la forma de derogar, pero no es posible. Hay derechos en favor de un tercero. Eso es carísimo, como lo es la adjudicación. Eso solo se puede hacer con el consentimiento del tercero.

SEMANA: El Pacto Histórico dice que usted no actuó solo y cree que debió articularse con otros funcionarios de la Cancillería.

J. A. S.: No es cierto, no le dije a nadie, era tan delicado el tema que sabía que decirle a alguien implicaba echar a perder mi propósito, que era resolver el problema. Fue la decisión que tomé.

¿Qué le dice al canciller Luis Gilberto Murillo?

J. A. S.: Que no se busque unos problemas que serían de orden penal y que son demasiado graves.