Petro habla de la tutela que pretende regresar su terna a fiscal: “Será la justicia quien libremente decida”

La terna que presentó el presidente Gustavo Petro, de candidatas al cargo de fiscal general de la nación, está tambaleando.

El magistrado de la Corte Constitucional Gerardo Botero Zuluaga, presentó una tutela contra sus compañeros de ese tribunal después de que ellos rechazaran una acción ciudadana que reclamaba tumbar la terna por estar integrada solamente por mujeres.

Lo que pide el magistrado Botero en esa acción de tutela que será revisado por el Consejo de Estado es tumbar la terna que presentó la Casa de Nariño por estar conformada únicamente por candidatas mujeres.

Sobre el caso, el presidente Gustavo Petro sostuvo que: “Me gustaría oír las voces feministas alrededor de este tema. De tener razón el magistrado, quedarían prohibidas las ternas de mujeres, el derecho preferencial para lograr la equidad de género y quizás el camino para que no sea una mujer la próxima fiscal. Será la justicia quien libremente decida”.

El jefe de Estado agregó que: “Pero creo, como dice la constitución, que cuando la sociedad discrimina es el estado el que con la discriminación positiva debe corregir la discriminación social”.

La tutela contra la terna

En una acción de tutela presentada ante el Consejo de Estado, el magistrado Botero argumenta que la terna viola el principio de equidad e igualdad de género por estar integrada únicamente por mujeres.

A juicio del magistrado, “se incurrió, por parte del señor presidente de la República, en una flagrante y ostensible violación, no solo de nuestro ordenamiento jurídico (la Constitución y la ley), sino, además, de normativas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad que protegen y salvaguardan la equidad e igualdad de género. De ahí que le solicite a la plenaria de la Corte, que se accediera a la referida petición y, en consecuencia, se dispusiera la devolución de la terna al señor presidente de la República”.

El magistrado también argumenta en la tutela que, como elector del o la próxima fiscal general, se está violando su derecho al voto, “en tanto no se me estaba permitiendo escoger entre los distintos géneros existentes, pues una lista integrada por solo mujeres limitaba mi posibilidad de escoger entre la diversidad de géneros, para finalmente direccionar la elección en forma obligatoria e inexorable en una persona del sexo femenino”.

La determinación que tome el Consejo de Estado definirá si la Corte Suprema de Justicia puede continuar con el estudio de los perfiles de esas tres candidatas al cargo de fiscal general de la nación o si, por el contrario, el presidente Petro tendría que presentar un nuevo catálogo de aspirantes.

La terna a fiscal

Las seleccionadas por el presidente son las juristas Luz Adriana Camargo Garzón, Ángela María Buitrago Ruiz y Amelia Pérez Parra. Camargo Garzón es cercana al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y trabajó con el funcionario en Guatemala en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Las exfiscales Buitrago Ruiz y Pérez Parra habían entrado en el ramillete inicial de la terna a fiscal que el presidente presentó a comienzos de agosto y modificó a finales de septiembre, mientras que la jurista Luz Adriana Camargo aterriza en la terna a fiscal del presidente Petro como una de las funcionarias que trabajó de la mano de Iván Velásquez en sus tiempos de comisionado de la CICIG.

El presidente Gustavo Petro ha defendido a capa y espada la propuesta de presentar una terna de candidatas al cargo de fiscal general de la nación integrada únicamente por juristas mujeres que hayan hecho carrera en el ente acusador.

“Me dicen ahora que presenté una terna de personas que no conozco personalmente, que las conocí fue a través de mis propias investigaciones en los procesos judiciales, viendo cómo, como fiscales, actuaban en los procesos, sin tener contacto personal”, sostuvo el presidente en una declaración del primero de septiembre.

La elección de la nueva cabeza del ente acusador debe concretarse para antes del 12 de febrero, fecha para la que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Fernando Castillo, había prometido que se haría la elección.