Política
Petro le ofreció protección a Marelbys Meza, la pieza clave de investigaciones contra Laura Sarabia y policías por polígrafo y chuzadas
Así lo aseguró el mandatario colombiano, tras conocer que la exniñera de la directora de Prosperidad Social había renunciado al programa de protección a testigos.
En la mañana de este domingo, 11 de febrero, se conoció que Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia y testigo clave en las investigaciones que se le adelantan a policías por la realización de la prueba del polígrafo y las interceptaciones ilegales, renunció al programa de protección de víctimas.
La información la dio a conocer el abogado penalista Iván Cancino, quien defiende a la exniñera de la hoy directora del Departamento de Prosperidad Social, quien a través de sus redes sociales también aprovechó para denunciar el peligro que corre.
“He sido comunicado hoy por MARELBYS MEZA que ha renunciado al programa de protección de víctimas y testigos debido a persecución sufrida por algunos funcionarios del mismo. ¡Su vida en constante peligro! @FiscaliaCol @DefensoriaCol @PGN_COL @UNPColombia”, escribió Cancino en su cuenta de X, antes Twitter.
Frente a la publicación, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que desde el Gobierno nacional le “daremos toda la protección a Marelbys Meza”.
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La historia de Meza se convirtió en el símbolo más grande hasta ahora de la incongruencia del Gobierno del cambio. Su testimonio estremeció a la Casa de Nariño. La mujer le contó a SEMANA el camino de espinas que vivió desde que, cuando trabajaba como niñera en la casa de Laura Sarabia, se perdió una plata.
Lo que siempre había criticado Gustavo Petro antes de llegar al poder se consumó contra la humilde mujer. En un abuso de la posición dominante, la llevaron sin orden judicial a un sótano frente al Palacio de Nariño, la acusaron de ladrona, la amenazaron con llevarla a la cárcel –pese a que escondían el caso de la justicia y se lo tomaron por cuenta propia–, la incomunicaron y le dijeron falsedades, como que ellos podían allanar su casa y la de sus hermanos.
Desde ese momento inició un proceso que no solo vinculó a la entonces jefa de Gabinete de Gustavo Petro, sino que también salpicó al exembajador de Colombia en Venezuela para ese momento, Armando Benedetti, quienes fueron retirados de la administración Petro. Sin embargo, el mandatario colombiano regresó a Sarabia como directora del Departamento de Prosperidad Social y, en la última semana, nombró a Benedetti como embajador de Colombia ante la FAO.
En el caso también se han visto vinculados altos mandos de la Policía Nacional, por la realización de la prueba del polígrafo y las interceptaciones ilegales de las que fue víctima Meza, que se revelaron en medio del proceso que adelantan las autoridades.
Entre los relacionados al caso está el jefe de protección del presidente Gustavo Petro, coronel Carlos Feria, el fallecido coronel Óscar Dávila, entre otros miembros de la institución.
Precisamente, en las últimas horas se conoció que la Fiscalía General acusó formalmente al subintendente de la Policía Nacional Fredy Alexander Gómez Bustamante y al particular Rafael Ricardo Santos Fuentes por el delito de fraude procesal.
La investigación adelantada por el CTI evidenció que ambos hombres, presuntamente, entregaron información falsa a una fiscal de la Seccional Bogotá que adelantaba una investigación por el hurto de unos dólares en el apartamento de Laura Sarabia, la exjefa de gabinete de la Presidencia de la República.
De acuerdo con la Fiscalía, Gómez Bustamante y Santos Fuentes aseguraron haber sostenido una reunión en las instalaciones de la Sijín en Bogotá, a principios de febrero de 2023, para hablar sobre el paradero de los dólares hurtados. Sin embargo, la Fiscalía cuenta con pruebas contundentes que demuestran que este encuentro nunca se llevó a cabo.
Con base en esta información falsa, se solicitó la interceptación de las líneas telefónicas de Marelbys Meza Buelvas, exniñera en la casa de Sarabia, y de un hombre cercano a ella.
Posteriormente, los dos hombres rindieron declaraciones juramentadas falsas ante una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, con el objetivo de desviar la investigación que se adelantaba en contra de algunos servidores de la Policía Nacional.