“Petro nos quiere llevar a una guerra civil”: representante Garcés lanza peligrosa advertencia sobre decreto de organizaciones campesinas

El presidente Gustavo Petro “nos quiere llevar a una guerra civil”. Esa es la dura advertencia que lanzó el representante a la Cámara del Centro Democrático, Christian Garcés, después de que se conociera que el Ministerio de Agricultura adelanta un decreto para promover la movilización y organización campesina por la reforma agraria.

Ese es el título del documento conocido por SEMANA que está a punto de expedir el Gobierno Petro, en un intento de legitimar su agenda de los asuntos agrarios con las organizaciones campesinas que fueron actores clave durante el Paro Nacional y que, de paso, se constituyeron como la ficha clave para llevar a Petro a la Casa de Nariño.

“Ahora quieren mediante decretos obligar al pueblo colombiano a ser sometido a una serie de acciones políticas y sociales que generarán violencia en nuestro país. Hay un decreto donde crean la extinción de dominio exprés, donde empoderan al Ejecutivo para quitarle la tierra a tenedores de buena fe mediante un proceso jurídico que no les significa retribución económica a los tenedores de la tierra”, advirtió el representante Garcés.

Lejos de negar que ese decreto esté en marcha, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, sostuvo que las autoridades agrarias siempre han tenido facultades en cumplimiento de su “función social” pues, sostiene la funcionaria, “la propiedad es un derecho que no puede ejercerse de manera arbitraria”.

Ese mismo mensaje de Mojica fue publicado en la red social X, antes Twitter, por el presidente Petro en medio de la polémica desatada por la iniciativa. Y es que congresistas le dijeron a Semana que ese texto podría resultar en una puerta de entrada a que se legalicen integrantes del ELN que estarían infiltrados en las guardias campesinas.

¿Guardias campesinas tendrán función de autoridades?

El representante Garcés cuestionó que “ahora mediante otro decreto están buscando empoderar comunidades étnicas y campesinas como comunidades políticas y territoriales autónomas, dándoles mediante decreto la posibilidad de utilizar recursos públicos, expedir sus propios reglamentos y definir, inclusive, su alcance”.

El congresista del Centro Democrático advirtió que el Gobierno busca “darle funciones a estas autoridades para que utilizando las entidades públicas del Gobierno Nacional, articuladas a estas comunidades, enfrenten a otros colombianos, otras entidades, otros procesos de liderazgo y obliguen de esta manera una reforma agraria a la fuerza que nos puede llevar a una guerra civil”.

El decreto en cuestión que abrió la polémica plantea hacer un “llamado a la movilización y organización campesina”. Este también habla de “instar en todo el país donde sea necesario al establecimiento y fomento de ‘Comités Municipales para la Reforma Agraria’, como mecanismo de democracia participativa directa del campesinado en la defensa de la reforma agraria, el fomento y defensa de la producción agroalimentaria, el acceso a la tierra y el cuidado de las territorialidades bioculturales de la ruralidad”.

Ese mismo texto crea los “Comités Territoriales para la Reforma Agraria” como unos espacios con autonomía política “para la participación, concertación, planeación, gestión, evaluación y escalamiento territorial de los procesos de reforma agraria, conducentes al acceso a la tierra, agua y activos de la producción por parte de los campesinos y comunidades étnicas, así como a los procesos de ordenamiento comunitario de la producción, transformación, comercialización, innovación e investigación agroalimentaria”.

Preocupa supuesto llamado a “guerra civil”

Por eso, el representante Garcés hace la dura advertencia de que “Petro nos quiere llevar a una guerra civil. Debemos prender las alarmas. Solicito a todas las fuerzas vivas de Colombia, a la institucionalidad, a la Corte Constitucional, tomar las medidas necesarias para que el Gobierno de Gustavo Petro genere un problema de inestabilidad social y política en nuestro país que afecte a todos los colombianos”.

Sin embargo, lo que señala la ministra Mojica es que el borrador del decreto no busca alentar las movilizaciones armadas. En palabras de la funcionaria: “El paramilitarismo está prohibido por Constitución en Colombia desde el acuerdo de paz, ese repertorio de llamar a armarse, de generar grupos de autodefensa y paramilitarismo, ya lo vivió este país, y fue una pesadilla, y una tragedia, que padecieron más de ocho millones de víctimas en Colombia, que sufrieron las peores aberraciones. Nadie está llamando aquí a esas movilizaciones armadas y criminales, prohibidas, además, constitucionalmente”.

Otra que se opuso férreamente al borrador de decreto fue la senadora María Fernanda Cabal, quien cuestionó si ese texto de cuatro páginas es una forma de promover “la usurpación” del Congreso de la República”. Y es que las organizaciones campesinas formaron parte de las movilizaciones sociales que convocó el jefe de Estado para promover el trámite de las reformas en el Legislativo, pese a que la tarea de estudiar los articulados recae en el hemiciclo y no en las calles.