Petro viajará a Guatemala para asistir a la investidura de Bernardo Arévalo como presidente, tras las tensiones por su elección en la Fiscalía del país

En medio de las tensiones políticas que ha vivido Guatemala a raíz de la elección de Bernardo Arévalo como nuevo presidente y quien en meses pasados denunció que la Fiscalía había dado un golpe de Estado después de que la fiscal Leonor Morales solicitará anular las elecciones, el próximo 14 de enero será investido como mandatario.

El presidente electo de Guatemala inicia 2024 con dos ítems en su agenda: preparase para asumir el cargo y anticiparse con medidas legales a los intentos para impedírselo. A la ceremonia de investidura asistirá el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien llamó a consultas a la embajadora colombiana en el país centroamericano el pasado 8 de diciembre.

Según Blu Radio, el canciller Álvaro Leyva Durán también confirmó su asistencia y además entre los invitados a la posesión del presidente Arévalo están el rey de España, Felipe VI, y otros 10 jefes de Estado, como Andrés Manuel López Obrador, de México, y Gabriel Boric, de Chile.

Bernardo Arévalo, ganador de las elecciones presidenciales del pasado 20 de agosto, lidia con una arremetida judicial, liderada por la fiscalía, contra él, su partido y contra el mismo proceso electoral que ha sido rechazada por organismos internacionales y países como Estados Unidos por desestabilizar la democracia guatemalteca.

En conversación con The Associated Press, Arévalo reconoció que los días previos a la toma de posesión seguirá presentando acciones legales “contra la persecución política corrupta que hacen desde el Ministerio Público”.

La prueba definitiva del traspaso de poderes será en menos de dos semanas, con el antecedente de que el presidente saliente, Alejandro Giammattei, ha prometido soltar el cargo. Pero antes, el 10 de enero, debe presentarse ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos — que ha presionado para que se respete la democracia— para contar su versión de la crisis que vive el país.

Si todo concluye, como está previsto en la ley, es decir, con la asunción del nuevo presidente, el 14 de enero culminará un año de zozobra electoral en Guatemala caracterizado por la convulsión política y la incertidumbre.

Aunque, en paralelo, la fiscalía no ha cesado en sus requerimientos contra los actores electorales ni su investigación por un presunto fraude electoral y fraude en la compra del sistema informático que dio un conteo rápido de votos.

Ante la petición del Ministerio Público, el pleno del Congreso retiró la inmunidad el último día de noviembre a los magistrados electorales y estos abandonaron el país. La sede del Tribunal Supremo Electoral ya había sido allanada varias veces, algunos empleados han recibido órdenes de detención y las actas que recogían los resultados de las elecciones fueron secuestradas.

En respuesta, Estados Unidos le restringió la visa de entrada al país a más de 100 diputados que votaron para retirar la inmunidad a las autoridades del TSE y a otros 200 empresarios, funcionarios y sus familias, que estarían apoyando frenar la transición de Gobierno.

“Lo eligieron (a Arévalo) porque hay un pueblo que se siente que no ha participado de los beneficios de la democracia, que ha estado marginado, que ha visto corrupción; la democracia no se come, la democracia tiene que beneficiar a la gente”, dijo en una de las visitas a Guatemala José W. Fernández, subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos

Desde Washington se han impulsado sanciones contra actores antidemocráticos y enviado varias misiones para mostrar su respaldo a una transición pacífica y democrática.

*Con información de AP