Atentos: Petro no está dispuesto a aceptar una decisión del CNE contra su campaña por violación de topes. Habló de golpe de Estado, mafia y un plan para asesinarlo

La investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) por una supuesta violación en los topes de la financiación de la campaña presidencial, tiene bastante inquieto al presidente de la República, Gustavo Petro.

Este viernes 6 de septiembre, el mandatario colombiano volvió a sacudir su discurso, hablando nuevamente que se estaría, según él, preparando un golpe de Estado.

En un extenso mensaje que publicó en su cuenta personal de X, envió una comunicación a los ciudadanos para que se preparen a salir a las calles.

“Aquí se expresa toda la perversidad tradicional de la política tradicional colombiana.

1. Creen que el Consejo Electoral es la entidad que puede juzgar al presidente y lo hacen con un concepto de la sala de consulta del Consejo de Estado hecho rápidamente y que no es vinculante por ley, y que no tiene competencia para decidir un conflicto de competencia sobre el fuero presidencial.

2. Y dice el artículo, como si nada, que si el Consejo Electoral decide que el candidato elegido sobrepasó los topes, este pierde el cargo, burlando por completo la Convención Americana de Derechos Humanos que es Constitución de Colombia, simplemente porque el Consejo Electoral no es una instancia judicial penal, sino administrativa. Y la Convención Americana, es decir, nuestra Constitución, prohíbe la pérdida de derechos políticos, como elegir y ser elegido, solo por sentencia de juez penal.

El artículo de que habla @elcolombiano no incumbe al presidente, quien tiene las causas taxativas de pérdida del cargo expresadas en la Constitución, como debe ser en cualquier ordenamiento democrático.

3. Los derrotados por el candidato y por el pueblo quieren decidir en el consejo electoral y en la comisión de acusaciones que el presidente que los derrotó y su electorado se vayan, sin que haya cometido delito alguno.

Y así creen que van a tratar el primer triunfo popular después del robo de las elecciones del 19 de abril de 1970.

4. Es un golpe de Estado lo que planean contra el pueblo y contra el presidente. Así de simple. Y se empeñan los dineros de los poderosos y de la mafia para ello, incluidos los planes de asesinato.

Y lo es porque ni el presidente excedió los topes electorales ni el consejo electoral tiene competencia sobre mí, cuando una sentencia de la corte constitucional afirmó que dicha instancia solo tendría competencia investigativa 30 días después de realizadas las elecciones.

5. En esos 30 días que pasaron después de las elecciones de 2022, el Consejo Electoral, en acto administrativo, dijo que no se violaron los topes. Ahora quieren repetir la investigación con tesis torpes por fuera del tiempo legal permitido.

6. Que la oligarquía no quiera un presidente que no es de su cuerda es asunto suyo, pero que pretenda tumbarlo es otra cosa.

Que se quede o se vaya el presidente que no ha cometido delito alguno será asunto que decida de nuevo el pueblo colombiano, en las calles. Preparémonos para ello”, posteó Petro.

Entre tanto, el futuro de la investigación por la violación de los topes de la campaña no parece sonreírle a Gustavo Petro. El pasado jueves 29 de agosto, seis de siete magistrados presentes en la sala plena, sorpresivamente votaron para que el proyecto de pliego de cargos contra la campaña del líder del Pacto Histórico se estudie de inmediato, sin más dilaciones, y en dos o tres semanas se decida si se inicia o no una investigación formal.

No obstante, la defensa de Petro pretendía que cada magistrado –al menos, los más cercanos al Gobierno– pidiera el expediente en rotación y duraran ocho días hábiles estudiando la cascada de documentos, registros contables, facturas y testimonios que en más de 300 páginas documentaron los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. Sin embargo, no ocurrió.

Así las cosas, la ponencia de la investigación está ahora en todos los despachos y promete ser estudiada con celeridad. Se trata de un documento de mayo de este año, que SEMANA en su momento reveló en exclusiva, y que muestra recibo por recibo cómo la campaña del hoy presidente violó los topes electorales tanto en primera como en segunda vuelta.

En primera vuelta, el tope era de 28.536.520 millones de pesos, pero fue superado por 3.700 millones de pesos, según los documentos obtenidos por el equipo de investigadores de Prada y Ortiz.

En la segunda vuelta, el tope establecido era de 13.347.457 millones de pesos. En este caso, la campaña habría superado los topes en 1.600 millones de pesos.