Petro y Diego Santos tuvieron choque de trinos: Santos preguntó sarcástico si puede vender drogas cerca de colegios; el mandatario respondió: “Vas preso”

La controversia en el país por el decreto que derogó el presidente Gustavo Petro, que prohibía el porte, la distribución y comercialización de droga, cada día que pasa se agudiza aún más.

Este lunes, el mandatario colombiano publicó un temerario mensaje en su cuenta personal de X, antes Twitter, en la que lanzó un mensaje directo al experto digital Diego Santos: “Vas preso, Diego Santos”.

“Si vas a comercializar drogas en la esquina de tu barrio, vas preso, Diego Santos”, dice el mensaje que publicó Gustavo Petro.

La reacción del jefe de Estado fue a una pregunta que lanzó Diego Santos en su cuenta de X: “Hago una pregunta a los abogados de este país. ¿Si mañana quiero comercializar drogas en la esquina de mi barrio, para tener unos ingresos adicionales, puedo hacerlo sin temor a ser perseguido por las autoridades? ¿Puedo inclusive vender cerca a colegios y universidades?”.

De la misma manera, Santos le envió un extenso mensaje el jefe de Estado, dejando claro varios puntos clave dentro de la discusión, introducido por: “La venta y compra de droga en las calles será más fácil gracias a Gustavo Petro. Las autoridades se quedaron sin piso. Al igual que el Ejército para combatir a las guerrillas, a los terroristas, a los extorsionadores, etc.”

Este formó parte de su columna ‘Petro, el consumista’, publicada en el diario El Nuevo Siglo: “La derogatoria del decreto da pie a un aumento del microtráfico y la adicción La liberación del consumo de drogas ilícitas en el espacio público, adoptada el sábado en un decreto presidencial, es un eslabón más en el nuevo plan antidroga”.

También avanzó: “En este caso se trata de dar rienda suelta a los jíbaros y otorgar un tratamiento lo más laxo posible al uso de alucinógenos y estupefacientes ilícitos en las calles del país. Cuyo resultado, como es natural, será el de hacer más elástica y expedita la adquisición y disfrute de la dosis personal. La policía, pues, ya no tendrá mecanismos para controlar el microtráfico en parques, alrededor de escuelas, universidades y otros lugares de esparcimiento público”.

“Ni tampoco podrá sujetarse a ningún tipo de reglamento al respecto, como el derogado anteayer que prohibía poseer, tener, entregar, distribuir y comercializar sustancias sicotrópicas. Mejor dicho, el propósito era dejar a las autoridades sin piso, al igual que en el viejo cuento de la venta del sofá. Es factible deducir, entonces, que habrá una expansión del mercado nacional, especialmente entre adolescentes y jóvenes, o al menos esperar que los productores aprovechen la indeclinable oportunidad que se les abre para expandir la oferta y encontrar el modo de promover y ampliar la demanda. Ni más faltaba que no fuera así, frente a la lucrativa desmovilización policial”.

“Al fin y al cabo, según el concepto presidencial, ante todo prevalece el interés del consumidor sobre cualquier otra consideración ciudadana. Con base, además, en una interpretación extrema del capitalismo. Inclusive por encima de la más rancia estirpe neoliberal. En efecto, esta noción abiertamente consumista, que desdice de las modalidades, prevenciones tributarias o alertas correspondientes, como, en cambio, sí ocurre con otros productos al estilo del licor, cigarrillos, gaseosas y alimentos ultraprocesados, entre otros, resulta muy propia de eso que los autodenominados progresistas podrían llamar el “derecho a las drogas”. A fin de cuentas, siempre es lo mismo”, expresó.

También dejó claro: “Ante cualquier tema, en vez de solucionarlo o reducirlo, se le dispara un “derecho”. Además, autónomo e inalienable. Y ya está... Pero lejos de ese criterio liberalizante o progresista, es decir, en una plataforma ideológica eminentemente liberal, los derechos de la persona limitan con los derechos de las demás. Aún más, la Constitución colombiana impone ciertos derechos superiores, en particular los de los niños. De los que la Carta se cuida en enumerar de forma taxativa y darles categoría social predominante. Así como a los adolescentes es deber brindarles protección y formación integrales. Sabido, para el caso, que siendo la juventud carne de cañón del microtráfico es como mínimo anómalo, si no inaudito y cuando menos inconstitucional, para no hablar de prevaricato, que el Estado haga las veces de correa de transmisión al apartarse de sus funciones para neutralizar y minimizar su actividad. Porque si bien en Colombia se acepta la dosis personal, en aras de una discutible interpretación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, aunque así es legalmente, pese a que la conexión sicotrópica en la materia no sea del todo clara, en ningún modo se avala la promoción del consumismo. Ni en absoluto se legitima el uso indiscriminado de alucinógenos y estupefacientes prohibidos. Ni mucho menos que se convierta el espacio público en ollas y cloacas. Como tampoco que el bareteo, la recurrencia a la cocaína o en su caso el uso del éxtasis, basuco, crack, fentanilo, tranq y en general de los opiáceos y demás sean, en absoluto, elementos de la convivencia ciudadana. Por eso, las máximas autoridades judiciales, si bien dieron curso a la dosis individual, igualmente aceptaron el complemento con las limitaciones ahora derogadas dentro de la nueva política consumidora”.

“No obstante, ahí está la jurisprudencia, a ser tenida en cuenta en las demandas del acto administrativo que de seguro vienen con miras a no compartir la motivación e indigestión jurídica aducidas. Una cosa, ciertamente, es que en sus domicilios quien sea proclive a consumir este tipo de drogas lo haga acorde con la legislación y en la reserva del entorno privado. Sin embargo, ese acto proviene de una producción y comercialización de hecho ilícita, por tanto, en manera alguna puede ser modélico, obtener carta blanca de alcance colectivo, ser expresión de un referente cultural mancomunado y público o actuar de aglutinante social. De suyo, países pioneros de la descriminalización están de regreso a esos mecanismos. Aunque no hay que confundir consumo marginal con adicción, el registro de personas que padecen enfermedades y trastornos graves o muy graves, por el uso de drogas ilícitas, se ha disparado en el mundo, después de la pandemia, hasta una cifra cercana a los 40 millones (aumento de 45 % en una década)”, insistió en el mensaje en su cuenta de X.

Además, aseguró: “La estadística, pues, confirma el proceso adictivo de que vive la industria como base del negocio. En Bogotá, por ejemplo, más de 160 mil personas que pasaron del uso ocasional a la adicción hoy urgen tratamiento. Y, en muchos casos, es conocida la tragedia personal y familiar que esa situación supone gracias al microtráfico y la desidia estatal. El primer mandatario, que es un prohibicionista (no solo es el caso del petróleo), para el tema en mención, aunque solo sea adicto al tinto, tiene la manga ancha de quienes creen que la solución es favorecer el consumismo que, por lo demás, crítica en todo. Salvo en esto”

Petro ha defendido a capa y espada la polémica medida, la cual ha recibido una ola de comentarios en contra, advirtiendo varios sectores políticos que se trataría de un regalo anticipado de Navidad para la criminalidad y el comercio ilegal de estupefacientes.

El gobierno del presidente Gustavo Petro derogó el Decreto 1844 de 2018, con el cual se le habían dado facultades a la Policía Nacional para combatir el microtráfico de estupefacientes en espacios públicos y el cual prohibía poseer, tener, entregar, distribuir y comercializar drogas o sustancias prohibidas.

La derogación se dio a través de la firma del Decreto 2114 de 2023, firmado por los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco; de Justicia, Néstor Iván Osuna, y de Defensa Nacional, Iván Velásquez Gómez, el cual rige a partir del 7 de diciembre del presente año.

“Derogar el Decreto 1844 de 2018 por medio del cual se adiciona el capítulo 9 del título 8 de la parte 2 del Decreto 1070 de 2015... para reglamentar parcialmente el Código Nacional de Policía y convivencia, en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas”, se lee en el documento.

El Gobierno explicó que la decisión se tomó teniendo en cuenta que en el Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia Potencial Mundial de la Vida’ se estableció una nueva política nacional de drogas, la cual apunta hacia un nuevo paradigma contra este fenómeno.

Según el Gobierno, este nuevo paradigma está centrado “en el cuidado de la vida, con énfasis en la transformación territorial y protección ambiental y salud pública, la prevención del consumo y reducción de riesgos y daño, la generación de una regulación justa y responsable, la seguridad humana y la paz total”.

Además, indicó que la decisión de derogar el procedimiento que las autoridades de Policía deben adoptar se fundamenta en la armonización de la prevalencia de las obligaciones del Estado, en el cumplimiento de las convenciones internacionales en materia de drogas, de derechos fundamentales y derechos humanos.

“Es necesario no solo asegurar evitar la criminalización de personas consumidoras de drogas a través de medidas correctivas, sino que es necesario orientar los esfuerzos y la capacidad institucional para contrarrestar y atacar la oferta de sustancias psicoactivas, así como las estructuras del crimen organizado dedicadas al microtráfico y narcotráfico, como fenómeno transnacional”, señala el documento.