Piden al Gobierno Petro radicar mensaje de urgencia para tramitar ley de sometimiento

El Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó al país el proyecto de ley para que las organizaciones criminales se sometan a la justicia y de esa manera pueda avanzar la política de ‘paz total’.

Aunque la iniciativa no ha sido radicada y se está a la espera de un concepto del Consejo de Política Criminal, es un hecho que la iniciativa llegará en los próximos días al Congreso de la República.

Por esa razón, desde el Legislativo están pidiendo al Gobierno Petro que una vez se radique la iniciativa, también haya mensaje de urgencia para tramitar de manera expedita esa iniciativa.

Los presidentes de Senado, Roy Barreras, y de la Cámara de Representantes, David Racero, son partidarios de que el Gobierno Nacional presente el mensaje de urgencia. Para Barreras está claro que el proyecto no tendrá cabida para la impunidad, pero debe tener un trámite acelerado para que el Ejecutivo pueda ejecutar su política de paz.

“Al conocer ya el articulado de la ley de sometimiento a la justicia, se acaba esas especulaciones y esas negociaciones. La ley no se negocia con los narcos, el Estado le ofrece a los narcos y organizaciones criminales un mecanismo para someterse a la justicia con beneficios a cambio de que abandonen la violencia y le permitan a Colombia vivir en paz”, señaló

Indicó que la iniciativa no suspende la extradición para los miembros de estos grupos que decidan colaborar con la justicia y por eso, debe haber tranquilidad en los diferentes sectores. “Quienes no se sometan a la norma del presidente Petro, que es generosa, pues el Estado tendrá que someterlo con la legitimidad de la Fuerza Pública”, dijo Barreras.

David Racero también es partidario de que el proyecto de ley tenga mensaje de urgencia por cuanto es una iniciativa clave para el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La extradición y el mico

Pero el tema sobre el que fue más enfático este abogado de la mafia y que es la nuez de la discusión es la extradición. Recordó que en la época de Escobar era el tema central y estaba claro en el texto. “Acá no dice nada. Gustavo Petro dijo que narcotraficante que confiese y se someta a la justicia, no será extraditado. Mintió, acá hacen lo que dicen los gringos”, afirmó al señalar que no hay garantías.

No obstante, al parecer, el diablo está en los detalles. SEMANA conoció la posibilidad de que este tema ya esté saldado y, según explicaron, “la norma está escrita para engañar a los gringos, a la DEA, porque la extradición ya fue prohibida en la prórroga y modificación de la Ley Orden Público, recién tramitada en el Congreso”.

El artículo 8, parágrafo 3, de esa ley, señala, haciendo referencia a las zonas de concentración, que “en las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de órdenes de captura, incluidas las órdenes con fines de extradición”, planteamiento que se puede extender, por solicitud del Gobierno, fuera de estos lugares. Es decir, la extradición, a juicio de juristas, sí se suspende, pero no lo dicen duro y de frente para que el eco no llegue a Estados Unidos.

Las opiniones son diferentes. Angélica Martínez Cujar, abogada de alias Matamba, y Miguel Ángel Mejía Múnera, alias el Mellizo, y quien conoce de estas negociaciones, fueron claros. “En el borrador no se tiene en cuenta la extradición, deducimos que la normatividad actual sigue rigiendo, pero llama la atención que el doctor Gustavo Petro decía que los narcotraficantes que se sometieran a la ley, repararan y no reincidieran, no iban a ser extraditados. Hay un vacío jurídico y diferencias entre sus discursos y el borrador del proyecto”.

Para Alexánder Morales, defensor de derechos humanos y de las víctimas, quien ha sido muy cercano a la negociación con las bandas criminales que operan en Medellín, “el presidente está incumpliendo la promesa de que no se extraditaría a quienes colaboren con la justicia. Debe ser una herramienta jurídica que respete garantías de derechos humanos. No un instrumento político de represión, como lo utiliza el Gobierno”.

Su conclusión sobre este espinoso tema es que “es mejor ser extraditado y solucionar su situación jurídica en el exterior, donde pueden tener mayores beneficios, que someterse a estas normas que parecen ser elaboradas por un enemigo de la paz con interés económico”.

La confianza

Así como estos abogados consideran que se está incumpliendo con el compromiso tácito de no extraditar, el asunto de fondo también es la falta de confianza y los antecedentes. Consideran que hoy se negocia con Petro, pero en el futuro lo acordado se puede convertir en letra muerta, en un Gobierno con convicciones diferentes.

Jaime Paeres, abogado de quien fue el máximo jefe de los paramilitares, Salvatore Mancuso, afirma que “hay dos aspectos fundamentales como la confianza legítima y la seguridad jurídica. La experiencia ha enseñado que esa es la razón del fracaso de los procesos de paz, del rearme y de la perpetuación del conflicto”.

Como no hay confianza, no puede haber interpretaciones y todo debe quedar claro en la ley. “No veo clara la delimitación temporal, cuánto tiempo debe durar el proceso judicial de sometimiento; Justicia y Paz inició en 2006, lleva 16 años y se van a necesitar otros 20 para terminar. Es un absurdo jurídico, un incumplimiento a las víctimas y a quienes creyeron en el proceso y dejaron las armas”. Para Paeres, con la norma recién radicada va a pasar lo mismo.

Arturo Mojica, director de la Corporación Colectivo de Abogados Opción Jurídica, la cual ha representado por años a las víctimas del paramilitarismo en el norte del país, “la ley presentada no aporta nada nuevo, no se aprendieron de los errores frente a la nula obtención de verdad, justicia y reparación. La mayoría de las víctimas de los paras en Atlántico, Sucre y Bolívar no han recibido reparación y tampoco han escuchado la verdad por parte de sus verdugos”. Por eso, afirma que sin que quede claro el tema de la extradición puede pasar lo mismo, “que se lleven la verdad a Estados Unidos”.