Alarma por violencia en las regiones del país de cara a las elecciones regionales de este año

Suspensión de las elecciones en algunos municipios, constreñimiento al elector y amenazas a candidatos es el panorama que los gobernadores del país temen que se vuelvan a presentar en Colombia, en vísperas de los comicios regionales de octubre próximo, ante la ola de violencia que se está viviendo en el país.

La alerta fue lanzada por los propios mandatarios regionales durante el encuentro Gobernadores Quindío 2023, en el que pusieron de manifiesto el deterioro generalizado en el orden público y la proliferación de grupos armados ilegales en sus territorios, que desde ya amenazan la realización del proceso electoral.

La situación es tal que la procuradora Margarita Cabello y el registrador Alexánder Vega le pidieron este jueves al Gobierno nacional que convoque de manera urgente la subcomisión de orden público, con el fin de buscar soluciones.

“Le solicitamos se convoque de forma urgente e inmediata la subcomisión de orden público que ustedes presiden a fin de revisar y hacer seguimiento a las acciones del Plan Nacional de Garantías 2023 y Plan Democracia y de esta manera contribuir de manera concreta al adelanto de unas elecciones seguras”, indica la misiva enviada por Cabello y Vega al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Alfonso Prada.

Esta alerta se da justo días después de que la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) presentara su primer informe de violencia político-electoral del actual calendario electoral.

Este informe comprende el análisis de datos recogidos desde el 29 de octubre de 2022, fecha de inicio del calendario electoral, al 28 de febrero de 2023 y los resultados son realmente desoladores.

La violencia electoral, según el informe, es una subcategoría de la violencia política que se define como aquella ejercida contra un individuo o un colectivo debido al ejercicio de sus derechos políticos en el marco de la contienda electoral.

En Colombia, esta se ata no solo a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, “sino también a las dinámicas políticas clientelares y corruptas”.

“Durante el período de tiempo analizado, de acuerdo con el estudio, se registraron 64 víctimas de violencia electoral en 41 hechos asociados. Del total de víctimas, 11 fueron asesinadas, 10 sufrieron un atentado y 43 fueron amenazadas”, señala el informe.

Esto indica que, si se tiene en cuenta el tiempo analizado y la cantidad de hechos de violencia, se presenta una víctima cada día de por medio.

Aunque todos los hechos de violencia política tienen graves consecuencias en la calidad de la democracia local, el informe resalta algunos hechos delicados:

- El atentado contra la congresista Aída Quilcué, el 29 de octubre de 2022, que se suma a múltiples amenazas que ha recibido en el pasado en su contra.

- El asesinato del periodista, denunciante de corrupción, Wilder Alfredo Córdoba, en noviembre de 2022. El hecho ocurrió en La Unión, Nariño.

- Dos asesinatos en la misma semana de miembros del Pacto Histórico en Magangué, Bolívar. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2022.

- Los explosivos hallados cerca de la antigua vivienda de la vicepresidenta Francia Márquez, días antes de una visita que realizaría allí, en Suárez, Cauca.

“Tradicionalmente, la violencia se ha utilizado y se utiliza como un mecanismo más de competencia electoral. Para el caso de los comicios locales y departamentales existen sofisticados mecanismos de corrupción que incluyen diversas alianzas con todo tipo de grupos armados organizados”, apunta el documento.

La mayor parte de las víctimas (66 %) –señala el informe– son personas elegidas por voto popular. Dentro de este segmento, los concejales han sido de los más afectados, con 10 casos; les siguen 11 alcaldes, cinco senadores, cuatro representantes a la Cámara, un diputado y la vicepresidenta Francia Márquez.

El segundo perfil más afectado es el de los militantes de partidos políticos, que cuentan ocho víctimas, y después exmiembros de cargos de elección popular, de los que se han contabilizado siete víctimas.

Es importante añadir que, además de los hechos sucedidos en torno a la congresista Aída Quilcué y a la vicepresidenta Francia Márquez, dentro de los hechos más graves están los 11 homicidios. Los perfiles de las víctimas de homicidio son un concejal del Partido Liberal, cuatro militantes y un precandidato del Pacto Histórico, un miembro del Partido Aico, un militante del partido Comunes, un exconcejal de Dolores (Tolima), un precandidato a la Alcaldía de Mogotes (Santander) y un periodista.