Polémica por propuesta del Gobierno Petro para cambiar requisitos de la carrera diplomática; pretende “bajar el nivel”

La Cancillería colombiana se encuentra en el centro de una tormenta de críticas por su propuesta de modificar los requisitos de ingreso a la carrera diplomática, lo que ha generado un rechazo generalizado entre los actuales miembros del servicio exterior y preocupación en la comunidad experta en temas internacionales.

Según documentos obtenidos por el diario El País de Cali, el proyecto de resolución publicado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para regular la carrera diplomática a partir de 2026 ha desatado fuertes cuestionamientos de las dos principales asociaciones que representan a los diplomáticos colombianos: Unidiplo (Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular) y Asodiplo (Asociación Diplomática y Consular de Colombia).

Unidiplo acusa a la Cancillería de intentar “bajar el nivel” de exigencia y preparación requerida para ingresar a esta carrera, lo que consideran pondría en riesgo la calidad de los futuros representantes del país en el exterior.

Uno de los puntos más polémicos del proyecto es la reducción del nivel de idioma extranjero requerido para los aspirantes. Históricamente, se ha exigido un nivel mínimo B2 en un segundo idioma reconocido por la ONU. Sin embargo, la nueva propuesta sugiere bajar este requisito a un nivel B1. Según el documento presentado por Unidiplo, “el nivel B1 no es compatible con la expresión ‘hablar y escribir correctamente, además del español, otro idioma de uso diplomático’”.

La analista política Astrid Camelo, especialista en capacitación para exámenes diplomáticos, explicó en a El País la diferencia: “El nivel B1 es el de una persona que comprende los textos en el segundo idioma, siempre que traten de cuestiones conocidas, aunque requiere precisar conceptos en el diccionario; requiere ayuda escribiendo textos sencillos, y entiende si les hablan despacio y le ayudan con sinónimos durante la conversación. Mientras que una persona con nivel B2 entiende textos avanzados y puede mantener una conversación con hablantes nativos”.

Otro aspecto controversial es la introducción de acciones afirmativas para grupos históricamente marginados. El proyecto propone otorgar puntajes adicionales a ciertos grupos: un 5 % en el examen escrito para pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, pueblo Rom y raizales; un 5 % para aspirantes incluidos en el Sisbén A y B, y un 5 % para aquellos reconocidos como víctimas del conflicto armado. Además, estos porcentajes serían acumulables.

Asodiplo advierte que esto “otorga un peso específico alto frente al total del puntaje en detrimento de que los aspirantes deben contar con igualdad de condiciones”. Por su parte, Unidiplo señala que esta distinción “habría permitido, por ejemplo, que el aspirante que ocupó el puesto número 200 en el concurso incrementara su puntaje lo suficiente para ingresar en los 50 mejores puntajes y avanzar a la siguiente fase”.

Astrid Camelo, analista política y dueña de la firma Yo Quiero Ser Diplomático, va más allá y afirma: “No se puede permitir que, en nombre de la inclusión, se permita que un candidato, con dos o más interseccionalidades acumule hasta 15 %, sin incluir el puntaje adicional por el tercer idioma previsto en el artículo 8 del proyecto de resolución, con tan solo proceder a la inscripción. Un aspirante, bajo estas condiciones, tiene ya ganado el pase a fase 2 del concurso sin haber presentado la fase I del examen”, dijo a El País.

El proyecto también plantea cambios significativos en el formato de evaluación. Se propone reemplazar la prueba de conocimientos de selección múltiple por dos ensayos y una prueba oral en video. Unidiplo critica esta modificación argumentando que “la decisión de eliminar la prueba de conocimientos por selección múltiple elimina el componente de evaluación precisa, al poder calificar subjetivamente dos ensayos que no miden los conocimientos de los aspirantes sobre asuntos centrales de la entidad”.

Asodiplo añade que la prueba oral en video “no contiene criterios objetivos de calificación, lo que no garantiza que sea una competencia equitativa para todos y se corre el riesgo de que se convierta en un método subjetivo de evaluación”.

Ricardo Bello, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, resume las preocupaciones: “En este proyecto hay una reducción de los parámetros objetivos para poder hacer las evaluaciones, el hecho de que se haga por un video hace que se pierda el anonimato y así la objetividad, además que se le está dando un puntaje muy alto a ese elemento, lo que termina dando un resultado subjetivo”.

El debate sobre estos cambios refleja la tensión entre el deseo de promover una mayor inclusión en el servicio exterior y la necesidad de mantener la excelencia y profesionalismo en la diplomacia colombiana. Bello concluye: “Ha sido una tradición buscar a los mejores profesionales para trabajar en la carrera diplomática, cuando se están poniendo en los requisitos elementos subjetivos y no objetivos de la evaluación, eso desmejora la calidad”.

Es importante señalar que este gobierno, al igual que los anteriores, ha sido criticado por nombramientos diplomáticos controvertidos. Se mencionan casos como el de Sebastián Guanumen en la embajada de Colombia en Chile, Moisés Nico Daza en México, y Armando Benedetti en la FAO, todos ellos sin experiencia diplomática previa.

La propuesta del Gobierno Petro aún está en fase de revisión y se espera que genere un amplio debate en los próximos meses. Las asociaciones diplomáticas y expertos en el campo continúan expresando sus preocupaciones sobre el impacto potencial de estos cambios en la calidad y objetividad del servicio diplomático colombiano. Mientras tanto, el país espera ver cómo se desarrollará este proceso y qué implicaciones tendrá para el futuro de la diplomacia colombiana.