POLÍTICA
Polémica por proyecto de ley que abriría la puerta a la eutanasia a los niños a partir de los 6 años; bancada ‘provida’ hace férrea oposición
La iniciativa será discutida en los próximos días en la plenaria de la Cámara de Representantes.
En la Cámara de Representantes hay alerta por el proyecto de ley que reglamentaría la eutanasia en el país, especialmente porque abre la puerta a que la muerte inducida se pueda practicar a partir de los 6 años, es decir, un menor de edad.
Se trata del artículo 31 del proyecto de ley 006 de 2022 de la Cámara de Representantes, que habla de que los menores de edad entre los 6 y los 18 años tendrían el “derecho a morir dignamente”. Aunque también menciona la posibilidad de que se lleve a cabo en pacientes de menos de 6 años.
“Los niños, niñas y adolescentes entre los seis (6) y los dieciocho (18) años pueden acceder a la muerte médicamente asistida en los términos previstos en la presente ley y en las normas que la reglamenten. Los niños y niñas entre los cero (0) y los seis (6) años podrán ejercer su derecho a morir dignamente mediante la adecuación o suspensión del esfuerzo terapéutico o mediante el acceso a cuidados paliativos”, se propone en la iniciativa.
Entre los requisitos que se establecen, hay uno en particular que despierta un profundo debate porque menciona que si el menor tiene una condición grave o lesión corporal, podría recurrir a este método para acabar con su vida, aun cuando no se trate de una enfermedad terminal propiamente.
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“Que el niño, niña o adolescente potencialmente receptor de la muerte médicamente asistida presente una enfermedad grave e incurable o lesión corporal que le cause un intenso sufrimiento físico o psíquico. No es necesario ni será exigible acreditar la existencia de enfermedad terminal ni pronóstico médico de muerte próxima”, es la propuesta que está contenida en el proyecto.
La polémica está encendida porque la iniciativa está lista para ser discutida en su segundo de cuatro debates reglamentarios y ya superó el primero en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
En Colombia, la Corte Constitucional y el Ministerio de Salud han explorado este tema en fallos y resoluciones, pero en este caso la polémica se centra en que quedaría consignado en una ley de la República.
Su autor y ponente es el representante por Bogotá Juan Carlos Losada del Partido Liberal y está acompañado de la firma de más de 30 congresistas de esa bancada, del Pacto Histórico, de la Alianza Verde, de los Comunes, entre otros cercanos al Gobierno.
Sin embargo, desde la denominada bancada “provida” ya alertan el artículo que abre la puerta a la posibilidad de que los menores de edad se puedan practicar la eutanasia. Aseguran que se opondrán con vehemencia a esa idea. “¡No vamos a permitir que la cultura de la muerte llegue a nuestros hijos!”, dijeron a través de un comunicado.
Rechazan “categóricamente” el contenido del proyecto de ley y anuncian que están en desacuerdo con abrir la puerta a la eutanasia desde la niñez. “Aún más, sin el consentimiento de sus padres y en casos en los que la enfermedad no esté en una fase terminal. Disposiciones que desconocen la responsabilidad del Estado de brindar de manera prioritaria y oportuna los cuidados que requieren los menores”, aseguran desde ese sector.
Asimismo, le reclaman al Gobierno que su eslogan sea que Colombia es la “potencia mundial de la vida” y que haya congresistas de ese sector que prefieran acabar con la vida de los pacientes. “El Gobierno del Cambio no puede significar el cambio hacia la cultura de muerte”, reclamaron.
Señalan que un menor de edad no tiene la madurez para decidir sobre su muerte y que no están de acuerdo con que el único requisito para solicitar la eutanasia un menor de edad es que padezca una enfermedad “grave”. Dicen que algunas de las condiciones podrían ser depresión, diabetes, ceguera o pérdida de alguna extremidad.
“Rechazamos que la voluntad de muerte del niño mayor de 12 años prevalezca sobre la responsabilidad de sus padres en el cuidado de los hijos”, aseguraron desde la bancada provida.
Hacen la denuncia pública porque consideran que se trata de un nuevo “ataque” contra la estructura de la familia colombiana y contra los hijos. Cabe recordar que hace unos días se archivó un artículo que estaba en el proyecto del nuevo Código Electoral de la Registraduría, que abría la puerta para que los niños de 5 años en el país pudieran cambiar su identidad sexual. Fue tal el escándalo que nunca se confirmó quien introdujo el artículo y lo terminaron quitando.
A pesar de que se han presentado algunas ponencias negativas para negar el proyecto de ley de la eutanasia, por ahora está a la espera de ser discutido próximamente, con el artículo que abre la puerta para que los menores de edad se puedan realizar esa práctica.
“Colombia es provida y esta bancada defenderá la vida y la familia ante este nuevo ataque”, aseguraron los integrantes de esa bancada que reúne a unos 50 parlamentarios de derecha del Partido Conservador, Cambio Radical, La U, Partido Mira, e incluso, algunos del Partido Liberal.
Por su parte, quiénes impulsan el proyecto aseguran que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado en varias ocasiones, en las que ha dicho que los menores de edad son titulares del derecho a morir dignamente y que no aplicar la eutanasia podría interpretarse como someterlos a tratos “crueles, inhumanos y denigrantes”, a pesar de que reconocen que el trato debe ser diferenciado al de los adultos.
Los autores señalan que habrá una categoría especial en el caso de los menores entre los 6 y 12 años, ya que en este rango de edad la eutanasia solo sería posible cuando se acredite médicamente que el menor entiende el alcance de la decisión.
Por otro lado, aseguran que los padres podrán retirar el consentimiento en cualquier momento del proceso, incluso antes de que se realice la eutanasia. También resaltan que en el Comité Científico Interdisciplinario siempre habrá un defensor de familia.
Finalmente, señalan que en el caso de los menores de edad no se exige que se trate de una enfermedad terminal porque la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre la materia en ese sentido. Uno de los argumentos es que negarlo haría que la persona siga padeciendo ese sufrimiento y se le niegue el derecho a vivir una vida digna.