Política
Gustavo Petro ordena a las autoridades del Gobierno usar lenguaje “respetuoso” con criminales del ELN; se les dirá “organización armada rebelde”
El documento pide que se use un lenguaje de desescalamiento del conflicto en medio de los diálogos de paz con ese grupo subversivo.
Se conocieron detalles de una resolución que expidió el presidente de la República, Gustavo Petro, en la que ordena a las autoridades del Gobierno nacional que son parte del Pacto Histórico a utilizar un lenguaje respetuoso y de desescalamiento del conflicto, pese a los constantes ataques que ese grupo terrorista ha orquestado contra la comunidad en varias regiones del país.
En el artículo 3 de ese documento, expresa el mandatario colombiano que en medio de las negociaciones de paz que avanzan entre el Gobierno y delegados de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional se acordó entre las partes aplicar un lenguaje de respeto.
“En el marco del acuerdo de cese al fuego bilateral, nacional y temporal pactado entre el Gobierno nacional de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), decretado mediante el Decreto 1117 del 5 de julio de 2023, las partes acordaron que usarán entre sí un lenguaje respetuoso”, expresa uno de los apartes de la resolución.
También indica: “En virtud de lo anterior, se ordena a las autoridades del Gobierno nacional a que en el marco del cese al fuego tengan en cuenta que las partes actuarán bajo el marco de un proceso de paz y usarán lenguajes de desescalamiento del conflicto armado”.
Lo más leído
“De igual manera, en concordancia con lo señalado en el artículo 1 de la presente resolución, las referencias que se hagan del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los diferentes actos administrativos expedidos por el presidente de la República se harán sobre el reconocimiento de que son una organización armada rebelde”, dice otro punto de la resolución 194.
La escalada de atentados que el ELN se atribuyó luego de anuncio de cese al fuego con el Gobierno Petro. ¿Dónde los cometieron?
Mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro anunciaba con bombos y platillos el cese al fuego con el ELN, esa estructura terrorista protagonizó una semana de terror, secuestros, asesinatos y violencia desbordada en varias regiones del país.
El Frente de Guerra Urbano Nacional (FGUN) del ELN se atribuyó los hechos registrados, en el marco de la conmemoración de su aniversario número 59. Esta guerrilla mencionó que se combinaron acciones de propaganda armada y acciones ofensivas contra las Fuerzas Armadas y la infraestructura.
“Realizamos 31 acciones político-militares en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Barrancabermeja, Popayán y Cúcuta (...). En desarrollo de las acciones de propaganda armada en 6 ciudades de Colombia, unidades del FGUN instalaron 23 banderas, dos pendones, 2 panfletarias, realizó pintas y distribuyó el comunicado en las cabeceras urbanas conmemorando el 59° aniversario del ELN”, indicó un reciente comunicado de esta estructura criminal.
Cabe señalar que no es la primera vez que el ELN es noticia por su actuar criminal y despiadado. En esta ocasión, en menos de cinco días, logró diseñar y ejecutar acciones verdaderamente violentas y sin filtro. La primera atribución corresponde a los hechos ocurridos en horas de la noche del pasado 2 de julio contra la oficina de Tránsito y Transporte del municipio de Villa del Rosario, área metropolitana de Cúcuta.
“Un comando especial del FGUN del ELN ataca con explosivos la sede de tránsito municipal, dejando daños a la infraestructura. La acción responde a los reiterados abusos y malos manejos de esta entidad contra la población del municipio en completa impunidad”, dice el escrito.
Seguido a esto, en el municipio de Barrancabermeja (Santander), el 3 de julio a las 5:45 a. m., esta organización realizó dos voladuras a las líneas de transferencia de agua y crudo en el campo El Llanito y en el campo La Cira Infantas, corregimiento de El Centro, donde, según ellos, “esta acción fue dirigida a afectar el saqueo del recurso energético de la nación por cuenta de Ecopetrol y las empresas extranjeras”.
Asimismo, en el corregimiento de San Faustino, del área rural de Cúcuta, el 4 de julio a las 7:40 p. m., un comando especial del FGUN realizó una acción violenta en las instalaciones de la planta procesadora de coque Incolmina.
“Como resultado de la acción, se afecta la infraestructura de la planta. Este sabotaje castiga a las empresas mineras que explotan sin compasión y sin garantías mínimas la fuerza de trabajo de la población más vulnerable de la región”, ratifica el comunicado.
Sin embargo, lamentó la muerte de un joven trabajador de dicha empresa, quien estaba en el lugar de los hechos: “En la acción contra Incolmina no hubo 16 heridos, ni fue una acción deliberada de nuestra parte; por el contrario, actuamos bajo protocolos de protección de la población y el caso donde resulta herido y luego fallece un trabajador se da por imprudencias del mismo, pues se encontraba a salvo y se regresó sin avisar al sitio de los hechos. Elevamos nuestra condolencia a sus familiares por esta lamentable situación”.
Ese mismo 4 de julio, pero en horas de la mañana, fueron asesinados dos policías mientras desayunaban en un restaurante en el municipio de El Zulia, área metropolitana de Cúcuta. Horas antes, habían atentado contra la vida de otro uniformado en el municipio de Tibú, Norte de Santander.
La estructura del ELN no se atribuyó estos asesinatos, de los cuales fueron víctimas los patrulleros Renzo García Castro, Jerson David Cuevas Pineda y Samir José Vega Velásquez.
La escalada violenta del ELN no terminó con los asesinatos de policías, secuestros e intimidaciones a la población. El 6 de julio, cuando se supone que empezaba el cese de operaciones ofensivas, de acuerdo al anuncio del Gobierno nacional, esa guerrilla lanzó un artefacto explosivo a la estación de policía La Virgen, al norte de Bucaramanga.
El hecho terrorista ocurrió a las afueras de la estación hacia la 1:40 p. m., cuando había cambio de guardia. Seis policías resultaron heridos, uno de ellos con lesiones de gravedad. Además, decenas de motocicletas y vehículos de la institución se vieron afectados por la explosión. Las autoridades de Bucaramanga creen que el ataque fue una respuesta de las células urbanas del ELN por recientes capturas. Los criminales aprovecharon el revuelo en la ciudad ante las protestas por la muerte de un motociclista para atentar contra la fuerza pública.
Finalmente, esta guerrilla mencionó que el ataque con explosivos en la capital de Santander fue un castigo y en respuesta al abuso policial. “Las acciones realizadas fueron de castigo y en respuesta a los distintos males que afectan la vida de la población más vulnerable y que son conducta permanente del Estado. Con estas acciones, acompañamos las luchas que día a día libran los pobladores urbanos y rurales contra el abuso policial (...). Llamamos al pueblo a continuar estas luchas y allanar las salidas y transformaciones que el país necesita”.