Política
Ponencia de imputación de cargos contra campaña de Gustavo Petro en CNE: un nuevo magistrado y julio, el mes clave para decidir
Desde este miércoles, cuando dos magistrados radicaron la ponencia, la sala plena del CNE decidirá si respaldan o no la propuesta. ¿En cuánto tiempo lo harán?
Este miércoles 8 de mayo los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz radicaron ante el Consejo Nacional Electoral la propuesta de imputación de cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro. El proyecto será estudiado por la sala plena, quien decidirá si respalda la iniciativa de ambos togados de abrir oficialmente una investigación. O, si al contrario, archivan el proceso.
SEMANA conoció que el proceso caducará su acción sancionatoria en junio de 2025. Por eso, los magistrados radicaron la ponencia que deberá decidirse pronto. Lo más probable es que su suerte esté fijada a mediados de julio de 2024.
La razón obedece a que los seis magistrados de la sala plena -además de los dos ponentes- pedirán la rotación del expediente para conocer en detalle la investigación y analizar jurídica y de forma contable cada una de las pruebas que anexaron al expediente Prada y Ortiz.
En teoría, el reglamento interno les otorga 8 días máximo a cada uno, lo que quiere decir, que el estudio de todos los magistrados se tomará entre 48 y 50 días.
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Tal y como están las cosas hoy, para votar si se aprueba o no el pliego de cargos, se necesitaría un conjuez porque no están los seis votos requeridos - amplias mayorías- para decidir.
Por su parte, los togados Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Cristian Quiroz votarían en contra porque las dos primeras son cercanas al Pacto Histórico y Gustavo Petro, y el segundo tiene cercanía con Alianza Verde, especialmente con Carlos Ramón González, hoy director nacional de Inteligencia, entidad adscrita al Gobierno Nacional.
Se desconoce la decisión de los magistrados César Lorduy, cercano a Cambio Radical, Maritza Martínez, de la U, y Alfonso Campo Martínez, de filiación conservadora. Los tres coinciden en que decidirán exclusivamente en derecho.
Si en julio de 2024 los magistrados se inclinan en favor por la ponencia contra Petro y se abre formalmente una investigación contra la campaña, antes de junio de 2025 se tendrá que tomar una decisión formal que sería archivo o sanción administrativa.
SEMANA conoció que el documento de ponencia, que contiene más de 100 páginas entre declaraciones, registros contables, documentales, cuentas y certificados, fue entregado a consideración de los magistrados a las 8:30 de la mañana de este miércoles.
El documento de ponencia se radicó un día después de que ambos togados escucharan durante hora y media en una audiencia virtual a Omar Hernández, uno de los creadores de la moneda Daily Cop, quien confirmó el encuentro entre los directivos de la empresa y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en la que se habló del aporte de 2.000 millones de pesos en especie (el avión) a la campaña.
Sin embargo, una fuente de alta fidelidad del CNE le confirmó a esta revista que el grueso de las pruebas radica en los dineros que aportó a la campaña Fecode, la USO y los 35.000 testigos electorales a quienes se les pagó 60.000 pesos el día de las elecciones.
SEMANA conoció que los magistrados, después de hacer requerimientos y un cruce de información entre la Registraduría, Su Red, Matrix, Efecty, Super Giros, entre otras entidades de giros, confirmaron que cerca de 35.000 testigos electorales de la campaña Petro Presidente recibieron 60.000 pesos el día de las elecciones, es decir, más de 1.000 millones de pesos.
Esos ingresos y pagos no fueron reportados a Cuentas Claras y, sin duda, violarían los topes establecidos por la ley. El listado de pruebas en contra de la campaña es grande.
El CNE adelanta una investigación de carácter administrativo. Por eso, solo tendrá, eventualmente, un impacto en los directivos de la campaña presidencial, entre ellos, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, quien fue gerente.
