¿Populismo legislativo? Congresistas han radicado proyectos que le cuestan billones de pesos al país

Mientras el Gobierno se ha visto a gatas para tratar de sacar sin mayores recortes su reforma tributaria, con la que espera recaudar 26 billones de pesos, y la mayoría de instituciones del Estado denuncian que tienen déficit de presupuesto, en el Congreso de la República algunos parlamentarios se han dedicado a radicar iniciativas que, en caso de aprobarse, terminarían costando billones de pesos al país.

Si bien la mayoría de estos proyectos tienen buenas intenciones, expertos han señalado que esto podría terminar afectando aún más a los ciudadanos, pues los costos los terminaría asumiendo el Estado, es decir, todos los colombianos.

Una de estas iniciativas es el proyecto de ley 136 de 2022 Senado, de autoría del senador del Polo Alexander López, que establece una reducción en la cotización a salud de los pensionados cuya mesada llegue hasta los 10 salarios mínimos, es decir, a cifras de hoy, hasta los 10 millones de pesos.

Si bien esta propuesta fue aplaudida por miles de pensionados, la realidad es que expertos han señalado que puede resultar contraproducente y costosa para el país.

“Ese ajuste haría que aumentara el subsidio a las personas que hoy se pueden pensionar (menos del 25 % de la población). Y quien captura la mayor parte de ese subsidio son las personas de mayores ingresos”, explicó el investigador de Anif José Antonio Hernández.

En concordancia con lo que dice Hernández, los más beneficiados con esta medida serían los que tienen pensiones más altas, pues el hueco que queda en el sistema de salud al reducir esta cotización lo termina pagando el Estado y el aporte de una persona que tiene una mesada de 10 millones es más alto que un pensionado de, por ejemplo, 3 millones.

Es decir, el Estado tendrá que dar más dinero al sistema de salud para cubrir el hueco que dejó el pensionado de 10 millones, quien aportaba más al sistema, que el pensionado de 3 millones.

Adicionalmente, hay que recordar que ya desde 2020, por norma emitida por el anterior gobierno, la cotización a salud para pensionados de un salario mínimo se redujo a 4% (que es lo que busca el proyecto de López) y para los de dos salarios mínimos el aporte quedó en 10%.

Esta misma iniciativa ya había sido tramitada por el Gobierno anteriormente y fue objetada en 2017 por el entonces gobierno de Juan Manuel Santos, pues generaba en ese momento un impacto fiscal promedio anual de $ 3,7 billones, sin que hubiera una nueva fuente de recursos.

Otra de las alertas planteadas corre por cuenta del proyecto radicado por el Centro Democrático con el que se busca institucionalizar tres días sin IVA al año, una medida que fue implementada por el expresidente Iván Duque y eliminada por el nuevo gobierno debido a sus altos costos.

Según cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), los tres días sin IVA en 2020 dejaron ventas estimadas en el sector comercio de $13,9 billones, aunque el Gobierno dejó de recibir $351.000 millones correspondientes a los impuestos que no se cobraron.

De acuerdo con los cálculos del Ministerio de Hacienda, los tres días sin IVA en 2021 hicieron que el Gobierno dejó de recibir $400.000 millones, mientras que en 2022 la cifra hubiese ascendido a $1,1 billones, de no haberse frenado.

Situación similar ocurre con el proyecto que establece la eliminación del cobro por reconexión de servicios públicos para los estratos 1 y 2.

Este proyecto también ya había sido discutido y aprobado anteriormente por el Congreso, pero fue objetado por el Gobierno.

Uno de los argumentos del Ejecutivo fue que si el costo de la reconexión no es asumido por el usuario o la empresa prestadora del servicio, este deberá ser cargado al Estado o a todos los usuarios, por lo que necesariamente se aumentarían de manera general las tarifas del servicio.

Costumbre

Esta tendencia a presentar y aprobar leyes que tienen impacto fiscal no es exclusiva de este Congreso.

Según se evidencia en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Ministerio de Hacienda, en 2021 se aprobaron 16 leyes con impacto fiscal, el monto involucrado es abultado: asciende a 1,5 billones de pesos y no es una plata que se deba rebuscar para un solo año y ahí pare de contar.

El documento muestra que de las leyes aprobadas que tienen impacto fiscal, la mayor parte, el 85,1 %, requieren un gasto permanente, es decir, generan un costo estructural o extendido en el tiempo, hasta que una futura norma legal lo dé por concluido. En consecuencia, 1,3 billones de pesos, de los 1,5 billones que costaron las leyes aprobadas en 2021, constituyen un gasto permanente. El restante 14,9 %, correspondiente a 235 mil millones de pesos, se registra como un gasto transitorio.

Los expertos insisten en que el Legislativo debe tener cautela a la hora de aprobar a diestra y siniestra las leyes, a veces, sin la debida claridad acerca de dónde saldrá la plata o de lo contrario los costos los terminarán asumiendo todos los colombianos.