Por dudosos pagos en mantenimiento de cámaras de seguridad en alcaldía de Claudia López, habría detrimento por $5.379 millones

En un verdadero dolor de cabeza se habrían convertido las cámaras de videovigilancia para la Alcaldía de Bogotá, no solo porque el 30 % de las mimas están fuera de servicio por diferentes razones, sino porque la Contraloría de la capital del país acaba de configurar millonarios hallazgos fiscales en contra de la Secretaría Distrital de Seguridad.

Se trata de hallazgos con incidencia fiscal por $ 5.379 millones, por irregularidades en la ejecución de contratos para el mantenimiento del sistema de videovigilancia de Bogotá –suscritos entre 2021 y 2023–, es decir, en la administración de la exalcaldesa Claudia López.

Estos hallazgos surgieron de una Actuación Especial de Fiscalización llevada a cabo a la Secretaría de Seguridad por parte de la Dirección de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Contraloría Distrital.

En su ejercicio de control fiscal, la Contraloría encontró fallas en los pagos de mantenimientos correctivos que se hicieron basados en diagnósticos fallidos, entre otras situaciones como:

• Pago duplicado de tickets de servicio (en algunos casos aparece dos veces cobrándose el mismo servicio de mantenimiento).
• Cobro de mantenimiento a cámaras fuera de servicio.

Además de esto, la Contraloría de Bogotá halló irregularidades tanto en la supervisión como en la interventoría de los contratos para el mantenimiento de las 5.824 cámaras, lo que habría conllevado que cerca del 45 % de esos equipos de videovigilancia permanecieran fuera de servicio.

En total, la Contraloría seleccionó para auditar diez contratos como muestra representativa dentro de la Actuación Especial de Fiscalización que acaba de concluirse. Solo en esos diez contratos, la Secretaría de Seguridad invirtió alrededor de $ 108 mil millones, en las vigencias de 2021 a 2023.

La contraloría de Bogotá precisó que los hallazgos fiscales fueron trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría, para que se proceda con la apertura del correspondiente Proceso de Responsabilidad Fiscal (PRF) a fin de que se logre la recuperación de los recursos públicos y determinar los responsables del detrimento patrimonial.

Tras conocerse la noticia de estos hallazgos fiscales, el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Andrés Barrios, quien desde el comienzo de año ha venido alertando del alto número de cámaras de seguridad que están fuera de servicio, cuestionó que las problemáticas en el sistema de videovigilancia aún continúen en la ciudad.

“La historia de nunca acabar. La Contraloría encontró irregularidades en el mantenimiento de las cámaras de videovigilancia que están en las calles de la ciudad. Pero esto no es algo nuevo, durante todo el año he denunciado esta situación. Se habla de irregularidades entre 2021 y 2023, cuando hubo contratos por valores superiores a los 22 mil millones de pesos. Pese al cambio de administración, este año las fallas persistieron. Hoy Bogotá tiene 792 cámaras dañadas por mantenimiento según informa la Secretaría de Seguridad”, sostuvo el cabildante.

Recientemente, la concejal del Centro Democrático, Diana Diago, tras recibir las respuestas a un derecho de petición también alertó del alto porcentaje de cámaras que hoy no están al servicio de la administración distrital.

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría Distrital de Seguridad a la concejal Diago, de las 5.824 cámaras de seguridad que deberían estar funcionando en la ciudad, 1.789 –es decir, el 30 %– se encuentran actualmente fuera de servicio.

“Esta es una situación que deja a importantes zonas de la capital sin una vigilancia adecuada”, cuestionó la cabildante.

Los datos proporcionados detallan que de estas 1.789 cámaras que están fuera de funcionamiento, 814 están inhabilitadas debido a problemas de conectividad, lo cual, según la concejal Diago, es responsabilidad directa de la Secretaría de Seguridad.

La cabildante del Centro Democrático advirtió que esta situación es alarmante, ya que afecta especialmente a localidades de alta peligrosidad como Ciudad Bolívar y Kennedy, donde 189 y 187 cámaras, respectivamente, se encuentran fuera de servicio.