POLÍTICA
¿A cuánto ascienden los salarios de Gustavo Petro y Francia Márquez, y a qué valor quieren que se reduzcan?
Un proyecto de ley acaba de ser radicado en el Congreso de la República. ¿Cuál es el objetivo?
Hasta el momento, la discusión sobre los salarios que ganan los altos funcionarios del Estado se ha centrado especialmente en los congresistas, que este año llegó a los 35 millones de pesos. Sin embargo, poco se ha hecho referencia a lo que devengan otros servidores del Estado, como el presidente la República, quien devenga un poco más que los parlamentarios.
La mayor indignación se genera con los congresistas porque se considera, en el imaginario colectivo, que la labor que desempeñan no es acorde con el alto salario, contrario al caso del Presidente de la República, quien no solo ostenta una mayor responsabilidad al estar al frente del Estado, sino que requiere de una dedicación de prácticamente 24 horas al día y siete días a la semana.
Sin embargo, acaba de llegar un proyecto de ley al Congreso de la República con el que se busca que no solo sean los congresistas, sino otros altos funcionarios, como el presidente, los magistrados de las altas cortes, el fiscal general, el contralor y el procurador, los que se bajen el sueldo.
En esencia, la iniciativa señala que “la asignación mensual total de los congresistas de la República será de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, es decir cerca de 25 millones al mes a precios de hoy, algo que ya se había propuesto en otros proyectos de ley.
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Pero luego, viene la perla: “El presidente de la República, los ministros de despacho y los empleados públicos de la Rama Ejecutiva, cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico, así como también los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Auditor General de la República y el Registrador Nacional del Estado Civil, no podrán superar el tope previsto para la asignación mensual total de los congresistas de la República”.
Es decir, los funcionarios mencionados anteriormente no podrán devengar más de 25 salarios mínimos. Esto implica una reducción bastante importante para el caso, por ejemplo, del presidente de la República, quien gana actualmente 38,5 millones de pesos.
Lo mismo ocurre con quienes ocupan la dirección de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. El salario de estos funcionarios es prácticamente igual al de los congresistas, por lo que también se verían bastante perjudicados.
También impactaría a la vicepresidenta, quien devenga cerca de 29 millones al mes.
Si bien esta iniciativa, del representante conservador Alejandro Martínez, sería un mensaje importante en términos de equidad, se enfrenta al mismo debate jurídico que tienen los proyectos que buscan reducir el salario de los congresistas: los parlamentarios se podrían declarar impedidos.
Según una sentencia del Consejo de Estado, del 27 enero de 2005, texto que circula entre los congresistas, votar este tipo de iniciativas les genera un conflicto de interés, en la medida en que la providencia judicial indica que deben declararse impedidos cuando el efecto de la decisión “sea en su beneficio o perjuicio” y se aplique de manera “inmediata”.
Además, en caso de aprobarse la iniciativa pueden llegar demandas por no respetar los derechos adquiridos.
A esto debe sumarse el hecho de que, en caso de presentarse demandas, estas tendrán que ser estudiadas por los magistrados de las altas cortes, quienes también se ven afectados por esta iniciativa, lo que los obligaría también a declararse impedidos.
