¿Por qué hay escasez de medicamentos en Colombia? Demoras en trámites en el Invima, el precio del dólar y compras tardías desataron la crisis

Los trámites de registro, autorización y control de la entrada de medicamentos al país están demorados y ese es uno de los puntos a los que la oposición le atribuye el riesgo de una escasez de medicamentos en Colombia. La alerta es real. Por eso, ante el temor de que el Estado se quede sin la cantidad necesaria de medicinas, se citó a un debate de control político en el Senado para revisar ese y otros puntos, como las cuentas que aún no cuadran de la reforma al sector.

La citación terminó aplazándose porque el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los encargados del Invima, la Superintendencia de Salud y la Adres presentaron excusas para no asistir. Pero SEMANA tuvo acceso a los documentos que entregaron esas entidades al Congreso en los que queda claro que el Invima, la entidad a cargo de los trámites de regulación, quedó con tareas que sobrepasan su capacidad instalada.

“El tema de medicamentos es muy grave porque la escasez se da porque el Gobierno no ha querido reunir el comité de compras y actualizar los precios. Seguimos ofertando los medicamentos a valores de 2022 y eso hace que no nos los vendan. En el mundo los están vendiendo a quien esté dispuesto a pagar más, pero lo segundo y tal vez lo más dramático, es el proceso de quiebra del sistema de salud en el que viene trabajando el Gobierno desde hace rato”, denuncia la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, una de las citantes al debate.

Son tales las tardanzas que la Dirección de Medicamentos del Invima tuvo que establecer un plan de contingencia para ampliar su capacidad operativa, con el fin de evacuar el represamiento de registros sanitarios y trámites que estén asociados a medicamentos y productos biológicos.

Existen demoras de hasta 36 meses para expedir los registros sanitarios de los medicamentos, lo que alarga la llegada de estos al país, una tardanza que se suma al problema de las compras de los fármacos que recae en el Ministerio de Salud.

¿Con poco abastecimiento?

Esa situación quedó constatada en el documento que remitió el Invima al Senado. Allí aceptó que tienen represadas solicitudes que datan de entre 2016 y 2022 y que la entidad está con, literalmente, una “insuficiente capacidad operativa”. Es más, aseguran que el ataque cibernético de 2022 afectó los sistemas de información, que ya estaban “obsoletos” y “no facilitan la gestión de los procesos de la entidad”.

El panorama se agrava si se tiene en cuenta que ese despacho está experimentando una fuga de talentos del sector salud. Y es que uno de los motivos a los que atribuyen esas demoras es que hay “salarios no competitivos al interior del mercado laboral dentro del mismo sector de inspección, vigilancia y control, lo que nos pone en desventaja y aumenta el nivel de técnicos que migran al sector privado”.

Hay temores por los niveles de abastecimiento de medicinas para tratar varias enfermedades, pero la denuncia concreta que tiene el Legislativo habla de retrasos para adquirir medicamentos para enfermedades graves como la tuberculosis y la malaria entre 2022 y 2023.

No obstante, sobre el tema de la tuberculosis, el Ministerio de Salud defiende que estos “fueron adquiridos contemplando un stock de seguridad para cubrir las existencias hasta la llegada de los medicamentos de la nueva compra nacional”.

La cuestión con la tuberculosis es que esa cartera ya detectó un “aumento estadísticamente significativo de casos de tuberculosis sensible y farmacorresistente”, aunque ese incremento lo atribuyen a que se están usando más pruebas de detección de la enfermedad de tipo molecular (que son más sensibles) y se están entregando más recursos a las entidades territoriales para que desarrollen acciones sobre esa dolencia.

Sin embargo, con el caso de la malaria ocurrió algo más grave: los recursos del contrato se agotaron antes de lo presupuestado. Ese problema lo atribuyen a la fluctuación del precio del dólar en los mercados internacionales, los cambios en las cantidades y empaques de algunos productos y una adición al contrato que tuvieron que hacer en septiembre de 2022. Esa modificación se aplicó para agregar la adquisición de fármacos para tratar la enfermedad de Chagas y la leishmaniasis.

La respuesta del despacho es que esa compra sí garantizó el abastecimiento para el primer semestre de 2023 y que ya se efectuó otra “con la que se espera garantizar medicamentos para finalizar el año 2023 y contar con existencias suficientes para el primer semestre de 2024”. El tiempo demostrará si son suficientes.

“Mi gran preocupación es que destruyen el sistema con la reforma a la salud o con lo que están haciendo”, alertó la senadora Valencia. El debate de control se realizaría la próxima semana si los convocados no vuelven a presentar excusas argumentando que deben estar en la Cámara de Representantes para el trámite de la reforma a la salud.

En la Comisión Primera del Senado, el congresista David Luna está a la expectativa de realizar otro debate de control al Ministerio de Salud y al Invima por los medicamentos. Las implicaciones de los posibles desórdenes en la administración de ese tema ya quedaron evidenciadas durante los momentos de incertidumbre que vivieron los 5,8 millones de usuarios de Sanitas cuando el Gobierno decidió que Cruz Verde no les seguiría entregando los medicamentos a estos usuarios, de los que 123.486 padecen patologías de alto costo como el cáncer y el VIH.

Pacientes esperan medicinas

Natalia Ortega Quintero es una esteticista caleña, transgénero y paciente de VIH, quien desde hace cuatro años toma dolutegravir, un antirretroviral que debe entregarle la EPS Sura, pero del que hace tres meses no ha conseguido abastecimiento porque en su centro médico le responden que no lo tienen disponible.

Ella cuenta que cuando “usted como paciente de VIH demora el tratamiento, este seguirá dañando el sistema inmunitario, que es lo que más afecta la enfermedad. Por eso, hasta una gripa puede resultar mortal para uno. Lo que me dice el médico, que cada mes me hace la fórmula, es que demorar el tratamiento me pondrá en mayor riesgo de transmitir el VIH a mis parejas. Lo peor: enfermarme y contraer sida. Esto no se lo deseo a nadie, es como rogar para que no te dejen morir”.

Natalia y decenas de pacientes radicaron una denuncia junto a varias organizaciones sociales que trabajan en la lucha contra el VIH.

Lo que no se explican los usuarios es por qué la demora en la entrega del dolutegravir, cuando este no aparece en el listado que compartió el Invima de medicamentos desabastecidos. Pero ninguna EPS lo está entregando, o un mes lo tienen y el otro no. “Eso no es justo. Es como jugar cada mes una ruleta rusa”, relata.

Lo que ella sospecha es que la farmacéutica no lo está produciendo como respuesta al decreto del Gobierno en el que declararon el medicamento como un fármaco de interés público.

Lo cierto es que las entidades de la salud operan en medio de la presión por los cambios que quiere aplicar el presidente Gustavo Petro a ese sector y la cuestión no solo está afectando los asuntos médicos. SEMANA también conoció que con la entrada en vigencia de la regulación del etiquetado de alimentos ultraprocesados al Invima se le multiplicaron los trámites por resolver.

La ecuación es sencilla. En ese instituto no solo recae la misión de revisar qué medicinas o equipos médicos están autorizados en el territorio nacional, sino que en ese despacho también está la misión de dar el visto bueno a los alimentos y las bebidas que se comercializan. En esa tarea pasaron de recibir 300 solicitudes anuales a tener 5.200 requerimientos solo entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, un dato que muestra cómo los cambios que está aplicando el Gobierno Petro terminaron llevando a las instituciones al límite de sus capacidades operativas.