Preparan denuncia contra Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara, por violencia política contra mujeres congresistas

El segundo debate de la reforma laboral cursa en la plenaria de la Cámara de Representantes, dirigido por Jaime Raúl Salamanca, presidente de la corporación. El representante de la Alianza Verde se ha mostrado más duro con la oposición e independientes que sus antecesores, David Racero y Andrés Calle, que vienen de las entrañas del petrsimo.

Salamanca, basándose en la Ley 5a de 1992, que reglamenta el Congreso de la República, viene cortando o limitando las intervenciones de varios congresistas, especialmente de las mujeres, que son las que más piden el uso de la palabra.

El presidente de la Cámara apaga el micrófono a los pocos segundos de una intervención, diciendo que ningún orador podrá referirse a un tema diferente al que se encuentra en discusión.

Sin embargo, algunas de las representantes a la Cámara, que son críticas del proyecto de ley, consideran que incurre en violencia política y preparan una denuncia contra el presidente de la corporación, que finalmente llegará a la Procuraduría General de la Nación.

Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Cambio Radical, asegura que las mujeres se han sentido “atropelladas” durante el debate.

“Nos hemos encontrado con un presidente de la Cámara que, particularmente con las mujeres restringe la palabra, nos da solo un minuto, mientras que a otros representantes hombres les da hasta cinco minutos con sus intervenciones”, dijo.

Incluso expresa que a María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico y ponente del proyecto, también le ha vulnerado el derecho al uso de la palabra al momento de responder a intervenciones que aluden directamente a ella.

“La vicepresidenta de la mesa directiva, que es mujer y de nuestro partido, dejó constancia de que se siente atropellada por el presidente”, agregó.

De acuerdo con la congresista, varias de las mujeres preparan una denuncia contra Salamanca. En el momento se encuentran recogiendo el material probatorio para llevarlo a las instancias pertinentes dentro del Congreso, con el fin de que se le dé traslado al Ministerio Público.

“Las instancias serán la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes y la Comisión de la Mujer, para que se le dé traslado a la Procuraduría, que deberá pronunciarse o iniciar una investigación. No es posible que nos dejen participar solo por un minuto en bloques de diez artículos”, dijo.

Katherine Miranda, quien apoyará la denuncia, dejó una constancia en el último debate, pidiendo el traslado de la queja a la Procuraduría y a las comisiones correspondientes.

“Es preocupante que, a través de acciones como el silenciamiento, la interrupción constante y la descalificación pública de intervenciones, el Presidente de la Mesa Directiva perpetúe formas de violencia simbólica y política, creando un clima de exclusión y menosprecio hacia quienes sostenemos posturas distintas”, se lee en el documento.

Y agregó: “Tal conducta vulnera directamente mi derecho fundamental a la participación política y amenaza la integridad de este recinto legislativo como espacio de debate plural”.

Juana Carolina Londoño, representante del Partido Conservador, se unió a la queja: “Apoyaré la decisión que tomen las compañeras que han sentido esta violencia política. Al señor presidente le faltan formas y maneras para dirigir la plenaria”.

Por otro lado, Piedad Correal, del Partido Liberal, también ha sufrido el silenciamiento: “Las garantías no han sido dadas. En una parte tuve varias proposiciones y me dio solo un minuto. Le gritaba, me tuve que parar y me salí. ¿Para qué mete una reforma laboral a pupitrazo?”.

Salamanca, de la línea de Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, se muestra más efectivo que los anteriores presidentes de la corporación, afiliados directamente al petrismo. Sin embargo, más de uno cree que, por intentar aprobar el segundo debate de la reforma en tiempo récord, podría darle una oportunidad a la oposición de alegar vicios de trámite ante la Corte Constitucional.