Presentan denuncia penal y disciplinaria por proceso de licitación de pasaportes que adelanta la Cancillería

SEMANA conoció un documento radicado ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Secretaria de Transparencia en el que se reclama por el proceso licitatorio de pasaportes, un trámite que adelanta el Ministerio de Relaciones Exteriores y que ha estado envuelto en varias polémicas. Se trata de un millonario contrato por 559.000 millones de pesos.

En la denuncia penal y disciplinaria se argumentan distintas quejas por el proceso que ha estado a cargo del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Uno de los reclamos más fuertes es contra una de las funcionarias que ha estado a cargo del proceso.

“En enero de 2023 el secretario General (José Antonio Salazar) y la dra. Lida Magaly Rodríguez Gutiérrez se dieron a la tarea de nombrar a la funcionaria más incompetente de todo el Ministerio; la Dra. María Camila Ascuntar Viteri, a quien con la promesa de un sustancioso ascenso se prestó para acolitar el direccionamiento grosero de la licitación hoy ad portas de su adjudicación”, reclama el demandante.

Dicen que supuestamente se habría buscado favorecer a Thomas Greg & Son, la empresa que estaba ad portas de ganar el contrato, pero que ha quedado en vilo por la polémica que eso ha generado en el Gobierno. Desde el petrismo, incluso, el propio presidente Gustavo Petro, ha arremetido en el pasado en contra de la compañía.

“Asimismo y en aras de asegurar la victoria de este contratista, en el numeral 1.1.1.2. del Pliego de Condiciones Definitivo en su Nota 3 estableció claramente que se exigirían muestras de los pasaportes, contrario a la recomendación del consultor internacional, lo que concretó sin hesitación alguna la adjudicación en cabeza del actual contratista, según lo refleja el Informe de Evaluación Técnico en el que refleja su habilitación como único proponente del proceso de selección”, dice la demanda.

Igualmente, señala que se habrían desatendido las recomendaciones de un consultor internacional por parte de los funcionarios del ministerio. “Las recomendaciones técnicas efectuadas por la consultoría, las cuales fueron compartidas por la autoridad competente en la Cancillería, fueron desoídas por el Secretario General, su Asesora y el Director Administrativo y Financiero, correspondiéndole entonces a las entidades a quienes se dirige el presente oficio el determinar los fundamentos técnicos sobre los cuales estos funcionarios desatendieron los resultados de una consultoría internacional, precisando en tal ejercicio lo doloso o no de su conducta”, señala el documento.

Y reclaman que eso dejó como único proponente a Thomas Greg, gracias a la estructuración del pliego de condiciones de la licitación número 001 de 2023. Aseguran que se trató de una protesta unánime de todos los proponentes que en principio aspiraban a participar. “Se suponía un trámite legal, transparente y objetivo”, asegura el demandante.

Uno de los reclamos, precisamente, es que se habría violado el principio de transparencia que está contemplado en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993. Así como el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.

El proceso de licitación de pasaportes ha sido bastante polémico y ha estado lleno de trabas. El pasado 5 de septiembre, el canciller Álvaro Leyva lideró una corta audiencia en la que anunció que se suspendía el proceso hasta el próximo 13 de septiembre y que tomaría el control del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La licitación LP-001-2023 tiene como objeto “suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánicos a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste para el fondo rotatorio del ministerio de relaciones exteriores”.