Presidencia anunció investigación a Secretaría de Comunicaciones y Tecnología de la Casa de Nariño por “chuzadas” a magistrados

En medio del escándalo que estalló en el país por la denuncia sobre supuestas interceptaciones ilegales a magistrados de las altas cortes, que salpicó al Gobierno nacional del llamado cambio, desde el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) se anunciaron las primeras medidas.

En ese sentido, por medio de un comunicado de prensa, el Dapre de Laura Sarabia dio a conocer que se inició una investigación interna a la Secretaría de Comunicaciones y Prensa y a la Dirección de Tecnología de la Presidencia de la República.

“Ante las denuncias difundidas por los medios de comunicación durante el fin de semana, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) informa lo siguiente: desde que se hicieron públicas las denuncias por una supuesta operación de perfilamientos e interceptaciones, se solicitó una investigación a control interno y a control interno disciplinario de la entidad con el objetivo de determinar circunstancias irregulares en los procesos y procedimientos que correspondan a las oficinas de Secretaria de Comunicaciones y Prensa y por la Dirección de Tecnología de la Presidencia de la República”, dice el comunicado.

Y agrega: “Además, estableció contacto formalmente con las autoridades competentes para ponerse a disposición en el marco de la investigación en curso. Es crucial aclarar que las actividades de la Dirección de Tecnología y la Secretaría de Comunicaciones y Prensa no incluyen prácticas como perfilamiento, seguimiento ni interceptación, todas ellas absolutamente condenables en una democracia. Este Gobierno ha sido víctima en el pasado de tales actividades y se opone firmemente a ellas”.

“El presidente Gustavo Petro ha sido enfático en que este tipo de hechos no son permitidos, son totalmente ilegales y cualquier funcionario que se vea involucrado en alguna de estas prácticas deberá responder ante la justicia”, señala.

También indicó: “La Presidencia de la República está comprometida con proporcionar toda la información necesaria de manera transparente y rápida para aclarar estos hechos”.

Cabe señalar que el presidente Gustavo Petro rompió su silencio frente al escándalo de las supuestas chuzadas y seguimientos a la Corte Constitucional que ha venido creciendo como espuma y que, según se rumora en distintos círculos políticos, provendría del Gobierno nacional.

En su plataforma favorita, su cuenta personal de X, anteriormente Twitter, el primer mandatario dijo que desde el primer día de gobierno la orden del presidente a los organismos de inteligencia “es no usarla contra la oposición, prensa o cortes”.

“He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. En la inspección a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se encontró que no cuenta ni siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado”, detalló.

El primer mandatario se refiere al DNI porque tiene claro que hacia allá está fijando su mirada la oposición.

Sin embargo, la semana anterior el senador de Cambio Radical, David Luna, adelantó un debate de control político contra el director de esa entidad, Carlos Ramón González, uno de los hombres más cercanos a Gustavo Petro y quien, además de fundar la Alianza Verde, militó durante varios años en la entonces guerrilla del M-19.

“Carlos Ramón González, siento terrible temor por su pasado”, le dijo la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien estima que este funcionario, posiblemente, podría estar relacionado con las interceptaciones a la oposición, la prensa y algunos órganos judiciales.

Como si fuera poco, SEMANA reveló en su más reciente edición la preocupación de algunos magistrados de la Corte Constitucional que estiman que están siendo objeto de seguimientos e interceptaciones ilegales.

En una misiva, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez denunció lo que está ocurriendo al interior de la Corte y encendió las alarmas.

“Desde hace varios meses mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión (de) que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia (uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia), en coordinación con la Dian y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Uiaf)”, denunció.