Presidente Gustavo Petro advirtió que el sistema de regalías del carbón ha llegado a su fin en Colombia, ¿por qué?

Luego de la contundente determinación que adopto la Corte Constitucional de tumbar de manera definitiva el impuesto de regalías debido a que el Ministerio de Hacienda no demostró impacto fiscal, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó una advertencia.

A través de su cuenta personal de X, el mandatario colombiano se destapó e indicó que ha llegado a su fin el sistema de regalías del carbón.

En el mensaje que publicó en sus redes sociales, el jefe de Estado, dio a conocer que respetaba la decisión de los magistrados de la Corte, pero que no la compartía.

“La corte constitucional ha expresado que no hay impacto fiscal en reducir cada año los ingresos de la nación en 6 billones de pesos, la mitad de la última reforma tributaria”, expresó Petro.

Además, aseguró: “Precisamente cuando la deuda pública eleva su cobro en 30 billones de pesos al año. Simples matemáticas indican la situación fiscal del país y es contraria a la decisión”.

“Y, por otra parte, lo que se está presentando con la decisión que respetamos y no compartimos, es un regalo de las regalías, pero a las multinacionales del carbón”, detalló el Presidente Petro.

También avanzó en su tesis: “El sistema de regalías del carbón muere así. En mi opinión ha llegado a su final. Quizás era mejor adelantar su fin. De 4.5 billones que pagaban las grandes carboneras en impuesto de renta entre enero y abril de 2023 ahora pagan 1.5 billones”.

“Hoy es más el daño que dejan en las comunidades que el dinero que recibe la nación. Es más el daño en el agua y la niñez de la Guajira que lo que recibe la nación”, puntualizó.

La radical postura del presidente Petro se dio, luego de que el lunes de esta semana, la Corte Constitucional le cerró la puerta definitivamente al impuesto que prohibía deducir las regalías del impuesto sobre la renta al sector hidrocarburos, después de que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, solicitó un incidente de impacto fiscal que supuestamente golpeaba la economía del país por casi 7 billones de pesos sin ese recaudo que salió de la reforma tributaria del Gobierno Petro.

Esta decisión se tomó después de que la Sala Plena concluyó que el ministro Bonilla no demostró las supuestas alteraciones de impacto fiscal que provocaban ese fallo. Y se constató, según la Corte, “que las cuatro alternativas de modulación propuestas por el MinHacienda violan la norma constitucional en virtud de la cual, bajo ninguna circunstancia, el IIF puede menoscabar los derechos fundamentales protegidos en la sentencia”.

Cabe señalar que el pasado 14 de mayo, el ministro Ricardo Bonilla tuvo la posibilidad de exponer en audiencia pública los graves efectos que iba a tener para la economía colombiana que se cayera la medida de deducir las regalías de la declaración de renta de las empresas de la industria extractivista.

El jefe de la cartera de Hacienda intentó buscar alternativas para resolver los problemas presupuestales de ingreso que se iban a presentar en el periodo 2023-2024, ya que sería casi 7 billones de pesos los que se iban a dejar de recaudar. De hecho, parte de ese recurso ya fueron usados el año pasado, ante de la decisión de la Corte.

Para el Gobierno, las alternativas estaban alrededor de diferir en tres plazos distintos los efectos del fallo de la Constitucional y disponer que el mayor valor del impuesto se reconociera como descuento en cuotas iguales entre los años 2024 y 2028.

De la misma manera, el alto tribunal volvió a decidir “negar la solicitud de impacto fiscal promovido por el Ministerio de Hacienda sobre la sentencia” y “en contra de esta providencia procede el recurso de insistencia”.

El incidente de impacto fiscal que radicó el ministro Bonilla abrió un espacio de diálogo entre el Gobierno, la Procuraduría General y la Corte Constitucional para determinar los efectos de la sentencia contra ese artículo de la reforma tributaria del Gobierno Petro. Pero los argumentos no fueron suficientes para tumbar la decisión que ya había tomado el alto tribunal el año pasado.

En la votación, el magistrado Juan Carlos Cortés salvó el voto y la magistrada Natalia Ángel aclaró el voto. Mientras que los magistrados José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional, y Diana Fajardo, reservaron la posibilidad de aclarar su voto.

Por último, los magistrados Paola Andrea Meses y Vladiminir Fernández, exsecretario Jurídico de la Presidencia de Gustavo Petro, tenían impedimentos para votar dentro de esta decisión.