Política
Presidente Gustavo Petro, encendido en redes sociales, alertó que su Gobierno “será atacado, buscando su derribamiento”, ¿por qué?
El mandatario colombiano radicalizó su postura sobre los Derechos Humanos y la certificación que realizó Estados Unidos sobre la materia.
Este martes 3 de octubre, el presidente de la República Gustavo Petro está encendido en redes sociales, en un inquietante mensaje que publicó, alertó que existe una intención de atacar a su gobierno.
El jefe de Estado, por medio de su cuenta personal de X, antes Twitter, fue más allá y advirtió que buscan un “derribamiento” de su gobierno del Pacto Histórico por defender, según él, los derechos humanos.
Además, el mandatario colombiano, como es costumbre, aprovechó esa tribuna de X para lanzar varios sablazos a anteriores gobiernos, indicando que en el país desaparecían centenares de personas en hornos crematorios.
El presidente de la República destacó la certificación que recientemente hizo el Gobierno de Estados Unidos del desempeño de Colombia en materia de derechos humanos.
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“Mientras el país tuvo gobiernos donde se desaparecía centenares de personas quemadas en hornos crematorios, se mataban a más de 6.000 jóvenes inocentes y se construían fosas comunes para decenas de miles de personas asesinadas. Logramos un gobierno que es certificado por su respeto a los derechos humanos”, trinó Petro.
Y agregó en el mensaje: “Un gobierno así será atacado, buscando su derribamiento por los cómplices de estos crímenes de lesa humanidad y por quienes buscan que se silencie la verdad”.
Estados Unidos certificó en días recientes el desempeño de Colombia en materia de Derechos Humanos, lo cual influye directamente en el trámite de la ayuda militar que ese país le otorga a su aliado en Suramérica.
Esta certificación, expedida por la Secretaría de Estado, es un requisito que exige el Congreso estadounidense para poder dar vía libre a la entrega del 20 % de los recursos que cubrirán los programas destinados a fortalecer a las fuerzas armadas.
El embajador se pronuncia
Teniendo en cuenta que este año la contribución a los militares ascenderá a unos 38 millones de dólares, con la certificación el país quedó autorizado para recibir alrededor de 7.6 millones de dólares.
Al referirse a esta certificación, el embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo, aseguró. “La estrecha colaboración en seguridad entre Colombia y los Estados Unidos es esencial para abordar los desafíos que enfrentamos y transformar el enfoque de seguridad hacia la seguridad humana multidimensional”.
Según las disposiciones del Congreso, la certificación fue concedida porque el país cumplió cinco criterios, entre los que se cuentan demostrar que la Justicia Especial para la Paz y otras instancias judiciales están imponiendo condenas a quienes han cometido violaciones graves de derechos humanos, incluidos aquellos con responsabilidad de mando.
La labor de la JEP
En un pronunciamiento al respecto, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá subrayó otro de los criterios, al mencionar que esta colaboración “respalda la protección de las comunidades afrocolombianas e indígenas, avalando que el Gobierno de Colombia está avanzando en la protección de estas poblaciones, respetando sus derechos y territorios”.
De igual modo, Estados Unidos aprobó la gestión de Colombia en Derechos Humanos en virtud de que sus autoridades están sancionando o retirando del servicio a los miembros de las fuerzas armadas señalados de cometer falsos positivos, interceptaciones a los derechos humanos y otras violaciones de los Derechos Humanos.
En Colombia, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, también se refirió a la certificación: “Es una señal de que vamos por el camino correcto. Nos indica que así es como podemos contribuir local e internacionalmente a resolver esta problemática, de modo que deje de causarnos tanto sufrimiento. Esta decisión da fe de que hay un entendimiento pleno entre nuestra política de drogas, la comunidad internacional y el Gobierno de los Estados Unidos”.
Meses atrás, el país también fue certificado por Estados Unidos por sus acciones contra el narcotráfico, lo cual permitió la liberación de otro 20 % de la ayuda.
Otro 5 % de estos recursos depende de que el país demuestre que la justicia está procesando a los integrantes de la Policía que hayan autorizado o dirigido acciones con uso excesivo de la fuerza o participado en acciones ilegales en el marco de las protestas de 2020 y 2021.
