Presidente Gustavo Petro expidió decreto para “derrotar” el ‘gota a gota’; habilitó créditos “baratos” para la economía popular

Uno de los dolores de cabeza que tiene la llamada economía popular es el ‘gota a gota’, con préstamos que con su caníbal cobro y tasas exageradas, está asfixiando el bolsillo de los ciudadanos en diferentes zonas el país.

Ante esa problemática social, el presidente de la República, Gustavo Petro, expidió un decreto en el que habilita créditos “baratos” para “derrotar” el ‘gota a gota’, el cual pretende que el sector productivo de los informales pueda acceder a préstamos a muy bajas tasas de interés.

El mandatario colombiano reveló detalles de la medida en su cuenta personal de X: “Queremos generalizar el crédito barato en la economía popular para que no caiga en el ‘gota a gota’ de los usureros”.

Sobre el decreto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, indicó que se puso en marcha el plan Creo, el cual estará enfocado en otorgar créditos de fácil acceso para la economía popular.

“Combatir el ‘gota a gota’ es el objetivo del Gobierno nacional. El ‘gota a gota’ es la tasa de interés que hoy se cobra en los mercados informales y que afecta grandemente a la economía popular. El Gobierno diseñó Creo”, dijo el alto funcionario.

Y avanzó: “Creo, el sistema con el cual podemos desarrollar la economía popular. Creo simplemente es la garantía de poder acceder al crédito a tasas que combatan efectivamente el ‘gota a gota’ y que podamos diversificar la economía colombiana”.

“Invito a todos los microempresarios del país, a todas las mujeres cabezas de familia que desarrollen algún negocio, a todos los pequeños negocios que están por ahí, a que dejen de financiarse con el ‘gota a gota’ y busquen los mecanismos oficiales. Creo es un mecanismo”, puntualizó Bonilla.

Este es el decreto:

Lo que faltaba, ahora los préstamos ‘gota a gota’ son virtuales. Fiscalía desarticuló a una banda con más de 1.300 víctimas

Los préstamos ‘gota a gota’ son el terror de las economías informales. Plata con altísimos intereses, que debe ser pagada incluso con anticipación y, en caso de que el deudor se cuelgue o tenga problemas para cumplir con las cuotas diarias, los mecanismos de cobro son la violencia, la intimidación y las amenazas. Ahora, por si fuera poco, estos préstamos se están haciendo de manera virtual. La Fiscalía hace varios días desarticuló una banda dedicada a estos delitos.

Nueve personas señaladas de participar en la actividad ilícita fueron capturadas y judicializadas, al tiempo que varias de sus propiedades fueron ocupadas con fines de extinción de dominio. Entre los detenidos está una ciudadana china, que sería la jefa de la banda.

“El trabajo investigativo articulado del CTI y la Policía Nacional permitió establecer que la organización delictiva, al parecer, desarrollaba aplicaciones para realizar préstamos exprés y posteriormente cobraba el dinero de manera sistemática en medio de amenazas de muerte y extorsiones”, informaron desde la Fiscalía.

El asunto requería un desarrollo tecnológico, pues al acceder a los créditos y condiciones y darle aceptar en la aplicación, la persona quedaba a merced de los criminales, su información personal, fotos, chats y hasta teléfonos de sus familiares quedaban en manos de los despiadados prestamistas.

De este modo, las amenazas cambiaban, de los golpes e intimidaciones en las calles, hacían uso de fotos comprometedoras, diálogos privados complejos y hasta llamadas a los familiares para cobrar el dinero.

“Los elementos de prueba indican que tan pronto un ciudadano descargaba el aplicativo en el celular y solicitaba un primer desembolso, permitía que el grupo ilegal accediera a sus datos personales y contactos”, explicaron desde la Fiscalía el modo de operar de la banda.

El negocio era redondo y las víctimas no encontraban la forma de salir de estos préstamos que terminaban convirtiéndose en extorsiones sin fin. Su forma de operar, según la Fiscalía, era que el dinero era prestado por un término inicial de tres meses. Sin embargo, las víctimas eran llamadas al séptimo día del plazo previsto y notificadas de que se le prorrogaría el tiempo siete días más si no pagaban inmediatamente la totalidad de la deuda. Esto obligaba a los afectados a solicitar la suma exigida en otra aplicación que también sería controlada por la misma organización criminal.