Presidente Gustavo Petro pidió a MinDefensa ofrecer “la más alta recompensa” por el asesinato de un líder de la Colombia Humana

El presidente de la República, Gustavo Petro, tomó una drástica medida por el crimen que se registró en contra de uno de los líderes de la Colombia Humana, en hechos que se presentaron en Tibú (Norte de Santander), y el cual es materia de investigación por las autoridades.

En ese sentido, el mandatario colombiano por medio de su cuenta de Twitter pidió al Ministerio de Defensa ofrecer “la más alta recompensa” para quien dé información que permita dar con el paradero de los responsables del asesinato de Sergio Luis Castro, quien era candidato al Concejo.

Al parecer, según las primeras versiones de personas cercanas a Castro, el aspirante al consejo estaba detrás de varias denuncias sobre presuntas irregularidades en el manejo de dineros en el municipio de Tibú.

“Le solicito al MinDefensa las más altas recompensas para recibir información de estos crímenes sistemáticos contra el liderazgo social de Colombia. Se citará al consejo nacional de política criminal”, trinó Petro.

La radical postura del mandatario colombiano se dio luego de reaccionar al trino de la Senadora Gloria Flórez: “Anoche mataron a tiros a Sergio Luis Castro en el municipio de Tibú, era Candidato al Concejo, líder de Colombia Humana y venía denunciando irregularidades en manejo del municipio. @petrogustavo. Exijo a la Fiscalía que investigue y nos diga quién sigue matando a nuestros líderes”.

Primer trimestre de 2023 deja más 30 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia

Juan Pappier, subdirector en funciones (Acting Deputy Director), Americas de la Human Rights Watch, reveló cifras importantes sobre los reportes que ha recibido la observación de derechos humanos sobre la muerte de líderes de sociales y defensores de derechos humanos en Colombia en los meses de enero, febrero y marzo de 2023.

De acuerdo con los datos que recolectó la HRW, han sido 33 asesinatos, 12 en el mes de enero, ocho casos en febrero y el mes de marzo cerro con 13 casos de homicidios de líderes, la cifra más alta del trimestre.

En Colombia, el senador Miguel Uribe Turbay denunció que los líderes y lideresas sociales, quienes son una prioridad del Gobierno del presidente Gustavo Petro, también padecen las consecuencias. De acuerdo con el parlamentario de oposición, los asesinatos a dicha población han aumentado desde que inició el mandato.

Según las cifras del senador, entre agosto y diciembre de 2022 se reportaron 72 asesinatos a líderes sociales. Durante el mismo periodo, en 2021 murieron cuatro personas menos, lo que equivaldría a un aumento del 6 %. De acuerdo con Uribe, desde que empezó el Gobierno han sido asesinados 100 líderes sociales.

A su vez, el congresista también denunció un aumento en las masacres, que durante los primeros meses del Gobierno llegaron a 60. También aumentó el número de víctimas, dado que durante este periodo cobraron las vidas de 127 personas, superando en un 7 % el número de muertes en masacres de 2021. En total, se registran 205 víctimas en lo que va de la administración del presidente Petro.

“Estas cifras demuestran que Gustavo Petro también engañó a los líderes sociales. Lo que nos permiten ver estas cifras es que la protección a estos líderes no es parte importante de la agenda del Gobierno”, manifestó el senador.

Por esta razón, el senador anunció que el Centro Democrático radicará un proyecto de ley en el que se creará una “estrategia integral y oportuna de atención para garantizar la protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos y personas objeto de protección”.

“Lo que pretendemos con este proyecto es poder hacer una propuesta que logre salvar la vida de estas personas que están luchando por un mejor país”, dijo Uribe sobre el proyecto.

La iniciativa propone descentralizar y fortalecer la ruta de atención, respuesta y protección a los líderes sociales que se encuentran en situación de riesgo. De esta forma, se les otorgaría responsabilidad a las entidades territoriales para agilizar el procedimiento de protección para ellos y sus familias.

Entre las propuestas, destaca la creación de un fondo para que las entidades territoriales cuenten con recursos para atender las necesidades de la estrategia, la descentralización de las funciones para evitar demoras al implementar las medidas iniciales y transitorias, y protección inmediata hasta por seis meses, mientras la Unidad Nacional de Protección hace la evaluación del riesgo.