Presidente Petro anunció que su Gobierno se trasladará en pleno al Pacífico, en un plan similar al que realizó en La Guajira

El Gobierno nacional del llamado cambio, se trasladará en pleno a la región del Pacífico por orden del presidente de la República Gustavo Petro, en el que se desarrollará dos fases.

La primera etapa, estará enfocada en una identificación de las problemáticas que afronta la zona del Pacífico y la segunda, a la implementación de políticas públicas, por parte de los funcionarios de todas las carteras para mejorar las condiciones de vida de la población.

A través de su cuenta personal de X, antes Twitter, el presidente Petro reveló detalles de la toma que realizará en los próximos días en el Pacífico, plan similar al que se llevó a cabo en La Guajira y el cual derivó en la declaratoria de emergencia económica y social, que posteriormente tumbó la Corte Constitucional.

“Después del gobierno en la Guajira, reiniciamos nuestros gobiernos en el territorio. Todos las y los jefes de entidades estarán conmigo durante una semana escuchando las voces del litoral pacifico nariñense y caucano”, posteó Petro.

Y avanzó en el mensaje: “El resultado de esta actividad será la implementación de una agenda de transformación del territorio olvidado por siglos”.

Sin embargo, el plan de La Guajira no salió como esperaba el presidente Petro, ya que la Sala Plena de la Corte Constitucional hace varias semanas dio un duro golpe al Gobierno del llamado cambio: ya que tumbó cinco de los 11 decretos que había expedido en el marco de la declaratoria de emergencia económica, social y ambiental para esa región, que no fue avalada por el alto tribunal.

Los decretos que se caen por haber sido considerados inconstitucionales son: la reforma estructural a la salud en La Guajira; el decreto para recuperar las salinas marítimas de Manaure, uno más que buscaba adoptar medidas para el uso del espectro radioeléctrico, la iniciativa para proteger la riqueza cultural del pueblo Wayúu y el decreto que habilitaba la creación de una institución de educación superior indígena propia del pueblo Wayúu.

Según el alto tribunal, estos asuntos debían tramitarse en el Congreso de la República. Igualmente, se hizo un fuerte cuestionamiento a los alcances de la figura del “estado de emergencia” que utilizó el Gobierno.

La Corte se encuentra estudiando uno a uno los decretos que fueron expedidos en el marco de la declaratoria de emergencia y determinó que solo quedarían vigentes aquellos relacionados con agua potable y saneamiento básico.

Cabe recordar, que el pasado 2 de octubre de 2023, la Sala Plena declaró inexequible el decreto emitido el pasado 2 de julio por el presidente Gustavo Petro, por medio del cual fijó el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira.

A juicio de a Corte, ni la declaratoria de emergencia ni los decretos que le siguieron eran necesarios, pues el Gobierno tenía otros mecanismos y facultades para enfrentar la situación en La Guajira. Entre estas se encontraba la posibilidad de incluir acciones en el Plan Nacional de Desarrollo o enviar el caso al Congreso con una alerta de urgencia para que se acelerara el trámite.

Pese a que se reconoce la crisis histórica que ha vivido el departamento de La Guajira y la falta de soluciones, la Corte considera que la emisión del decreto no era justificable. “La gravedad de la crisis climática y la necesidad de actuar de manera decidida para afrontarla, no puede allanar el camino al estado de excepción, que debe seguir siendo el último recurso al cual acudir, cuando no existan mecanismos ordinarios o los existentes sean idóneos o insuficientes para conjurar la crisis e impedir la expansión de sus efectos”.

No obstante, el alto tribunal -en su extensa y compleja decisión- emitió un efecto diferido frente al punto crucial del acceso al agua potable para la población. Esto quiere decir que este punto no se cae, sino que sigue vigente hasta el 2 de julio de 2024.

El debate al interior de la Corte estuvo marcado por el uso de la figura de “estado de emergencia”, la preocupación por la concentración de poderes en la Rama Ejecutiva y el hecho de que hace seis años ya se había emitido una sentencia para solucionar la grave crisis en el departamento.