Política
Presidente Petro arremete de nuevo contra la prensa y dice que un sector contribuyó “a desatar un genocidio sobre el pueblo”
El jefe de Estado hizo referencia al debate que realizó cuando era congresista en 2007 sobre el paramilitarismo en Antioquia.
El presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta en Twitter, nuevamente se despachó contra la prensa al señalar que un sector, según él, contribuyó “a desatar un genocidio sobre el pueblo”.
En ese mensaje que publicó en sus redes sociales, el jefe de Estado hizo referencia al debate que realizó cuando fue congresista en 2007 sobre el paramilitarismo en el departamento de Antioquia.
La postura de Petro se conoció en respuesta a las sesiones de declaraciones que está brindando el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso en la Justicia Especial para la Paz (JEP).
“Se confima plenamente mi debate parlamentario sobre el paramilitarismo en Antioquia del 2007. El paramilitarismo no fue sino una alianza del narcotráfico con buena parte del poder político y económico de Colombia y un sector de la prensa tradicional para desatar un genocidio sobre el pueblo”, dice uno de los apartes del trino de Petro.
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Y continúa con el mensaje: “La mentalidad paramilitar se adueñó de un sector importante de la sociedad colombiana que cree que hay que eliminar la diferencia. Esa mentalidad paramilitar en parte de la sociedad es el fascismo a la colombiana”.
Se confima plenamente mi debate parlamentario sobre el paramilitarismo en Antioquia del 2007.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 10, 2023
El paramilitarismo no fue sino una alianza del narcotráfico con buena parte del poder político y económico de Colombia y un sector de la prensa tradicional para desatar un genocidio… https://t.co/rt05GufT9k
Este miércoles, Mancuso compareció ante la JEP. El exjefe paramilitar, quien se encuentra privado de su libertad en una cárcel de Georgia en Estados Unidos, se comprometió a entregar información “novedosa” sobre la extensión y fortalecimiento de los grupos paramilitares en el país. Esta es la última oportunidad de Mancuso para acceder a los beneficios de la JEP.
Durante cuatro días de la Audiencia Única de Verdad, que inició este miércoles y se extenderá los días 11, 15 y 16 de mayo, Mancuso deberá contar la verdad.
“Esta audiencia es el escenario para que Mancuso demuestre de manera contundente que se incorporó funcional y materialmente a la Fuerza Pública entre 1989 y 2004. Es decir, debe probar que ejerció un rol de bisagra o punto de conexión entre la Fuerza Pública y los paramilitares en los patrones de macrocriminalidad”, indicó la JEP sobre el proceso.
Para escuchar al exparamilitar de las Autodefensas, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se basó en un informe del Grupo de Análisis de la Información (Grai) de la JEP, que reúne el contexto macrocriminal de las estructuras paramilitares que operaron en Córdoba bajo el mando de Mancuso.
Mancuso deberá entregar información nueva sobre este fenómeno y hacer aportes “presentes, efectivos, suficientes y novedosos”. De lo contrario, no podrá acceder a los beneficios de la JEP. Su situación jurídica en la Jurisdicción Especial para la Paz dependerá de la calidad de la información que entregue.
El patrón criminal por el que rinde versión Mancuso, según la JEP, es por el “apoyo a la conformación y expansión de grupos paramilitares”, el cual está constituido por cuatro prácticas criminales, que “llevaron a la configuración de un aparato organizado de poder que facilitó la expansión y consolidación del control territorial de los paramilitares”.
1. Las Convivir como fachada del accionar paramilitar
Las Convivir fueron presentadas en la JEP como asociaciones con el objetivo de “brindar seguridad y prevenir y contrarrestar a los grupos criminales y las guerrillas”. Bajo esa premisa, “establecieron vínculos estrechos con miembros de la fuerza pública, incluyendo algunos altos mandos militares de la Brigada 11, como el general (r) Iván Ramírez Quintero y el coronel (r) Lino Sánchez Pardo”.
2. Operaciones conjuntas entre paramilitares y fuerza pública
“Las operaciones mixtas entre integrantes de la fuerza pública y los paramilitares generaron zozobra entre las comunidades y sembraron desconfianza en los miembros del Ejército y la Policía”. Además, fueron el “combustible” de la violencia y una “máquina de violaciones” de los derechos humanos cuya principal víctima fue la población civil.
3. Alianzas entre funcionarios, civiles, paramilitares y fuerza pública
Salvatore Mancuso lideraba en Córdoba una “estrategia de consolidación política y social que se tradujo en nexos con funcionarios públicos y civiles que en su mayoría poseían un capital político en la región”. Esa estrategia buscaba, de acuerdo con la JEP, insertar paramilitares entre la población civil, adquirir reconocimiento de estatus político y reclutar nuevos integrantes en las filas paramilitares.
4. Filtración de información del DAS con fines contrainsurgentes
La cooptación y el control de entidades públicas les “permitía a los paramilitares no solo acceder a información privilegiada, sino perseguir a quienes consideraban un obstáculo en sus objetivos tanto militares como sociales, económicos y políticos”. Funcionarios del desaparecido DAS, que entonces estaba en cabeza de Jorge Noguera y José Miguel Narváez, “suministraron información de inteligencia que les permitió a los paramilitares afianzar su poder en entidades como la Universidad de Córdoba”.