Presidente Petro arremetió contra el fiscal Barbosa con aguda pulla: “En vez de callar delincuentes debería pedirles la verdad”

Un nuevo choque se registró entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el fiscal general Francisco Barbosa. El mandatario colombiano arremetió con dureza contra el jefe del ente acusador por las investigaciones sobre los hechos de corrupción con los bienes incautados a la mafia.

El jefe de Estado fue directo en asegurar que el fiscal Barbosa, en vez de callar delincuentes que tendrían la verdad, como testigos sobre las irregularidades en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Unidad Nacional de Protección, el Inpec y otras entidades más, debería investigar y llegar al fondo de las mafias enquistadas.

“La Fiscalía tiene testigos importantes y los fiscales deberían investigar a esos testigos causantes, incluso, delincuentes mismos, de ese saqueo. En vez de callarlos deberían pedirles la verdad, como es la función de la Fiscalía”, sostuvo Petro.

Y añadió en medio de un evento en Barrancabermeja sobre indemnización a las víctimas del paramilitarismo: “Hay una historia que se va a narrar y espero que este fiscal general de la nación sea capaz de investigarla, lo mismo que debería investigar lo que pasó con los bienes de los narcotraficantes en la Sociedad de Activos Especiales, igual que lo que pasó con la mafia en la UNP, del Inpec y de la Fiscalía misma”.

Reparos del fiscal al Plan de Desarrollo del Gobierno Petro, señala que el articulado puede favorecer a corruptos y narcos

El fiscal general, Francisco Barbosa, ha puesto la lupa sobre las reformas que ha presentado el gobierno del presidente Gustavo Petro para trámite en el Congreso. En la práctica, parece, según sus denuncias, cazando “micos” en los articulados de iniciativas como la Ley de sometimiento y ahora en el Plan Nacional de Desarrollo, sobre el cual advirtió que “cada vez que hay un proyecto de ley le meten un artículo que tiene que ver con narcotráfico”.

El fiscal Barbosa detalló su denuncia señalando que el artículo 10, que hace referencia al Programa de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) tiene una combinación que abre un boquete que es necesario que los congresistas entiendan y no lo dejen pasar por alto.

“Dice el artículo 10 (del Plan de Desarrollo) que la contratación de las actividades que se adelanten para la implementación de los modelos de sustitución de economías ilícitas y reconversión productiva de los cultivos de coca, marihuana o amapola, se fundamentarán en los instrumentos jurídicos que permiten la contratación entre las entidades estatales y comunidades”, leyó el fiscal para advertir que detrás de la palabra comunidades se establece un régimen de contratación directa, que no tiene justificación.

“El PNIS no habla de comunidades, habla de familias. ¿Qué significa comunidades? Significa que se les van a entregar recursos de forma directa a quienes se dedican a la actividad industrial del narcotráfico”, advirtió el fiscal y señaló que “podemos estar haciendo una moñona, un banquete de recursos frente al tema de recursos contra el narcotráfico”.

Luego de presentar esta denuncia frente al articulado del Plan de Desarrollo, el fiscal Barbosa advirtió que no ha cerrado la puerta del diálogo con el presidente Petro. “Sigo abierto a discutir como demócrata, sigo abierto a hablar con claridad, con firmeza, el país me conoce, sabe que yo no ando dando tumbos ni acomodándome, pero con mucha decencia democrática”.

Alerta en contratación

Precisamente, sobre los cambios y flexibilización en los modelos de contratación que contempla el articulado del Plan de Desarrollo, el fiscal lanzó otra advertencia y leyó esta vez el artículo 82: “Las entidades públicas podrán contratar de manera directa mediante esquema o modalidad de Asociaciones Público-Populares con unidades de la economía popular, organismos de acción comunal, social o comunitaria u otras formas de organización social, grupos y comunidades étnicas. De igual forma, las entidades públicas podrán reservar la contratación de programas o políticas sociales con los actores mencionados organizados bajo esquemas asociativos”.

Sobre este tema señala que abre la posibilidad de contratación directa a todo nivel hasta 116 millones de pesos, pero “si no existen reglas adecuadas para esa contratación, estaremos poniendo en riesgo el patrimonio público y al mismo tiempo perjudicando a los mismos pueblos porque seguramente aparecerán aquellos que se aprovecharán de esas figuras y los van a dejar sin ejecución. Estos son los sifones donde meten recursos y desaparecen; si esto es de forma reiterativa, serían miles millones de pesos que se podrían en riesgo”.

Y las alarmas siguen prendidas, pues advirtió que según el articulado, “la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– podrá realizar procesos de contratación cuyos oferentes sean actores de la economía popular. En dichos casos no se requerirá la presentación del RUP para participar en el proceso de selección”.

Frente a ese tema, explicó el fiscal Barbosa, el término economía popular es etéreo y ambiguo, pero lo más grave es que se puede contratar sin que existan en el registro único de proponentes, que es el historial de los contratistas, capacidad jurídica, financiera, de ejecución. “Nosotros tenemos 2.600 condenas por temas de corrupción en contratación en el país, se pueden camuflar los que ya han sido condenados. Por ayudarle a la gente terminamos entregando la plata de los colombianos a corruptos. No quitemos los requisitos”.

Ante estos reparos y los reiterados cuestionamientos que ha hecho públicos, el fiscal Barbosa advirtió que “yo no he conversado con el presidente ni con el alto Gobierno. Creo que no necesito pedirle permiso para decir lo que pensamos, lo hacemos en el marco de nuestras competencias. Somos autónomos y lo hago en virtud de mis competencias constitucionales. Estoy abierto a reunirme con el señor presidente y con quien se requiera para que a Colombia le vaya bien”.