Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

Política

Presidente Petro arremetió contra Fondo de Reparación de Víctimas, alertó que “se robaron” parte de los recursos de indemnización

La auditoría la realizó la Secretaría de Transparencia de la Casa de Nariño.

Redacción Semana
9 de abril de 2024

Alarmado se declaró el presidente de la República, Gustavo Petro, por los hallazgos de una auditoría que adelantó la Secretaría de Transparencia de la Casa de Nariño sobre el Fondo de Reparación de Víctimas.

Los resultados de ese procedimiento arrojaron que al parecer existen irregularidades en contratación por más de 85 mil millones de pesos, “todo esto, en detrimento de la reparación a las víctimas y de los recursos públicos”, expresó la Presidencia.

Ante esa auditoría, el mandatario colombiano se despachó, a través de su cuenta personal de X, señalando que se “robaron” parte de los recursos que se destinaron para el proceso de indemnización.

No solo produjeron centenares de miles de víctimas en Colombia, sino que se robaron parte de los recursos que iban para su indemnización”, posteó Petro.

En ese sentido, Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Casa de Nariño, reveló detalles de la auditoría: “La alerta sobre presuntos malos manejos en la administración de algunos bienes del FRV ha permitido que la auditoría forense identificara preocupantes hallazgos en materia de contratación de bienes y servicios en esta entidad”.

Secretario de Transparencia de la Presidencia Andrés Idárraga
Secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga. | Foto: Presidencia

“Durante el período 2018-2022, el FRV ha concentrado sus actividades contractuales en grupos de contratistas que han variado el nombre de sus empresas para, presuntamente, acaparar los contratos, sumando un total de $84.585.794.564,32. Esta concentración de la contratación ha estado vinculada a diversas irregularidades en la ejecución de los contratos”, expresó el informe.

Palacio de Nariño
Casa de Nariño
Palacio Presidencial
Presidencia de la República de Colombia
Bogota agosto 18 del 2022
Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Casa de Nariño | Foto: Guillermo Torres /Semana

También puso de presente varios ejemplos sede las presuntas irregularidades: “Hallazgo: Se registra que en los primeros 7 días, paralelo a la fase de planeación, se realizaron 40 diagnósticos prediales por un valor de $292.725.240, sin que exista evidencia real del cumplimiento de esta actividad, como de las otras, en tanto los anexos del contrato no se corresponden con los informes de actividades y supervisión que dieron sustento a los pagos”.

Presidencia de Petro insistió en que política de sustitución de cultivos ilícitos de Santos “abrió la puerta a formas de corrupción”

Por otro lado, y a través de una carta, Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, respondió a la orden que se había impartido al presidente para entregar en 48 horas información, tras tildar como un “antro de corrupción” la política de sustitución de cultivos ilícitos del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

En la misiva, Sarabia envió la carta a Rafael Pardo, Eduardo Díaz, bajo referencia de la tutela que salió hace varios días, en la cual los exministros del gobierno Santos pedirán una retractación.

Laura Sarabia remitió un comunicado de prensa de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, en que se insistió que ese programa sí abrió la puerta a formas de corrupción.

Documento Gobierno programa sustitución de cultivos ilícitos
Documento Gobierno programa sustitución de cultivos ilícitos | Foto: Presidencia

“Claro que, si bien el PNIS no fue pensado para que fuese un “antro de corrupción”, lo real es que la manera en la que se estructuró y se diseñó les abrió la puerta a ciertas formas de corrupción. El gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de esta Dirección, ha tomado todas las medidas necesarias para atender la situación”, dice el documento compartido por Sarabia.

Y avanzó: “Hemos recibido las quejas de los beneficiarios y las hemos remitido a los entes de control con el fin de investigar y determinar responsabilidades (ver línea de tiempo adjunta). Todo esto sin otorgar prórrogas ni extensiones de los contratos, ya que no se puede favorecer el incumplimiento”.

En otro de los apartes indicó: “Desde diciembre pasado, sobre la operación del PNIS, se han evidenciado irregularidades en la celebración y ejecución de los contratos, a través de múltiples quejas interpuestas por los beneficiarios, quienes denuncian elementos con valores por encima de su valor comercial, entregas de insumos en mal estado, ganado enfermo, maquinaria inservible, sin garantía de cambio y entregas parciales en efectivo simulando la recepción de insumos”.

Documento Gobierno programa sustitución de cultivos ilícitos
Documento Gobierno programa sustitución de cultivos ilícitos | Foto: Presidencia

“Este tipo de situaciones han generado en las comunidades una total desconfianza en el programa y las políticas de sustitución, y un descontento que se evidencia en los reclamos por el real cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado; razón por ello, esta Dirección ha venido implementando un seguimiento a los temas contractuales y ha fortalecido la vigilancia de los mismos”, insistió el Gobierno nacional.

También afirmó: “Ante este panorama, el principal objetivo de esta administración es el cumplimiento de los compromisos del PNIS. Para ello, se ha promovido, a partir de la Ley del Plan de Desarrollo “Colombia Potencia de la Vida”, la posibilidad de que los beneficiarios del Programa puedan renegociar la operación de los proyectos productivos de manera que se adecúe a sus nuevas condiciones sociales y económicas. El proyecto de inversión para asegurar los recursos necesarios para implementar la totalidad del programa, se fortaleció con la apropiación de la totalidad de los recursos el pasado mes de septiembre”.

Y expresó finalmente: “Sumado a esto, este gobierno recuperó un componente esencial para la sustitución de cultivos que el PNIS desconoció: la gradualidad, que es la necesidad de que los cultivadores tengan como soporte el cumplimiento previo de los compromisos del Estado, en lugar de obligar a las comunidades a abandonar su sustento y vivir en la incertidumbre”.