Presidente Petro defendió a ‘capa y espada’ polémica ley de sometimiento que criticó con dureza el fiscal Barbosa por beneficiar ‘narcos’

El presidente de la República, Gustavo Petro, realizó una férrea defensa a la ley de sometimiento que fue radicada en el Congreso por parte de se Gobierno y la cual ha recibido profundas críticas del fiscal general Francisco Barbosa y de la procuradora general Margarita Cabello Blanco.

Por medio de su tribuna preferida, Twitter, el mandatario colombiano no dio marcha atrás sobre la iniciativa que está en el ojo del huracán, la cual, según se alertó desde diferentes orillas, que beneficiaría a narcotraficantes.

“La pregunta es si queremos desmantelar pacíficamente las bandas ilegales o cerramos esa puerta. Yo creo que la sociedad colombiana se merece la construcción de un camino pacífico. En el mundo de la guerra solo se ha empoderado el narcotráfico”, trinó Petro.

Y agregó el jefe de Estado en la explicación de la ley: “Cuanto más duras han sido las medidas y más campesinos se han encarcelado por sembrar hoja de Coca más fuerte se ha abrazado el dueño del narcotráfico con el dueño del poder político”.

“Por ello una ley que busca verdad a cambio de beneficios jurídicos no les gusta a algunos. A semejanza de los tratos judiciales en los EEUU, la ley que proponemos busca el completo desmantelamiento del narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal, la reparación de las víctimas y la verdad a cambio de beneficios jurídicos y sometimiento colectivo a la justicia”, aseguró.

Fiscalía y Procuraduría hacen fuertes críticas a la ley de sometimiento del Gobierno por beneficios que daría a narcotraficantes

El proyecto de ley de sometimiento para desmantelar las bandas criminales en el país en medio de la ‘paz total’ generó un gran revuelo por la permisividad que le daría a los narcotraficantes y la falta de garantías para las víctimas. El articulado ya fue presentado con mensaje de urgencia al Congreso.

Desde la Fiscalía y la Procuraduría, la cabeza de ambos entes de justicia y control, se mostraron en contra de la iniciativa. Por un lado, la máxima alerta que hizo el fiscal general Francisco Barbosa es que los narcotraficantes podrían tener beneficios, indultos y no pagar un día de cárcel. “Yo he sido muy claro, una cosa es el sometimiento a la justicia y otra cosa la justicia transicional”, aseguró Barbosa.

Por su parte, la procuradora Margarita Cabello también hizo fuertes reparos, entre ellos, que el proyecto tendría varios ‘micos’. Cabello tampoco estaría de acuerdo con lo que planteó el Gobierno. Una de las máximas alertas de la procuradora es que se restringiría la extradición.

“Debe haber algunas limitaciones normativas para que estos grupos criminales se entreguen y puedan acceder a esas penas máximas de ocho años”, solicitó la procuradora.

Uno de los reparos que han hecho ambos funcionarios es que la reforma no se tramite con mensaje de urgencia, como fue presentado al Congreso por el Gobierno. Consideran que no se podría llevar a cabo una discusión a fondo, tratándose de un tema tan sensible.

“Le pido al Gobierno, en el marco de la democracia, que reconsidere la posibilidad de enviar mensajes de urgencia para no convertirlos debates en algo rápido, porque este país requiere deliberación y debate. Yo he pedido que se respeten los espacios. El país necesita claridad, no rapidez”, pidió Barbosa.

Otra de las críticas que hizo el fiscal Francisco Barbosa es que, por ejemplo, considera que las víctimas no serían reparadas. “¿Hombre, le estamos diciendo a cientos de colombianos que le han vulnerado todos los derechos que los van a meter en una bolsa colectiva? Es mejor hacer reparaciones individuales”, haciendo referencia a las “reparaciones colectivas” que se plantean en la iniciativa.

El fiscal Barbosa reclamó porque no se tuvieron en cuenta sus observaciones y por eso anunció que se opondrá a la iniciativa en el Congreso. Llamó la atención porque se modificaron los ‘topes’ que permitiría que los narcotraficantes que se sometan puedan conservar parte del dinero que hicieron en la ilegalidad.

“Yo vuelvo y repito: que hayan puesto en el artículo que esos bienes son susceptibles de ir a las víctimas, me parece que no garantiza nada, es una redacción difícil, farragosa, complicada, que no se entiende. Considero que es importante que revisen lo que está en el Código de Extinción de Dominio”, reclamó Barbosa.

Por su parte, la procuradora Margarita Cabello también se mostró en contra de los tiempos y pidió que el debate se dé con calma. “Es importante que haya una explicación previa antes de realizar un proyecto de Ley en donde se explique con estadísticas por qué este proyecto protege más a los victimarios que a las víctimas”, solicitó la funcionaria.

La procuradora Cabello también se mostró en contra del principio de oportunidad. “A quienes realicen actividades delictivas como concierto para delinquir, ejemplo con fines de masacres, narcotráfico, asesinato de líderes sociales y nos preocupa que ese principio de oportunidad sea tan lapso y tan débil”, dijo.

Desde la oposición también se han mostrado en contra de la iniciativa. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, estuvo junto al fiscal haciendo varias críticas. “Se abre la puerta para un descomunal proceso de impunidad a muy graves delincuentes”, sentenció Vargas Lleras.

Esta la millonaria suma con la que se podrán quedar los narcos que se sometan a la justicia

La denominada ley de sometimiento para las bandas criminales llegó al Congreso de la República. El Gobierno Petro radicó esta iniciativa que hará parte de las estrategias del Ejecutivo para lograr la ‘paz total’ en Colombia y el texto se empezará a discutir en los próximos días. Si hay colaboración con la justicia, el procesaso podrá quedarse con hasta $11.500 millones.

La iniciativa tuvo algunos ajustes con base en el concepto del Consejo de Política Criminal, por lo que el articulado está listo para iniciar la discusión. Se trata del proyecto “por el cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y se dictan otras disposiciones” que tiene 27 páginas y 62 artículos, en los que están contempladas las disposiciones del Gobierno Petro para otorgar beneficios a miembros de organizaciones ilegales que tengan relación directa con el narcotráfico.

Se trata de las reglas claras de juego con las que el Gobierno Petro busca desmantelar las organizaciones criminales en Colombia con plazos entre dos y tres años para el sometimiento a la justicia.

En la justicia pagarían penas entre los seis y ocho años de cárcel, siempre y cuando, haya información clara sobre rutas y funcionamiento de las estructuras criminales. Como la iniciativa entrará a debate en el Congreso y el articulado podría cambiar, por ahora no importaría el tipo de delitos cometidos si se cumplen con los requisitos del sometimiento.

Un componente importante de este proyecto de ley es que los integrantes de las organizaciones criminales que no hayan cometido delitos graves podrían ser beneficiados con la renuncia de procesos en su contra por lo que, seguramente, muchos quedarían sin cuentas pendientes con la justicia.

“La presente Ley tiene por objeto crear mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, mediante la aplicación de procedimientos de investigación y judicialización, contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, garantizar la no repetición, desmantelar las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto e impulsar la reintegración efectiva de sus integrantes mediante un enfoque restaurativo”, dice el primer artículo del proyecto de ley radicado.