Presidente Petro destapó sus cartas: anunció “renta ciudadana” para miembros de peligrosas bandas; ingresarán a “jóvenes en paz”

El presidente de la República, Gustavo Petro, encendió la polémica por el anuncio que hizo este domingo 4 de junio sobre una “renta ciudadana” para los integrantes de peligrosas bandas delincuenciales como las que tienen actividades ilegales en las comunas de Medellín, en Antioquia.

El mandatario colombiano destapó sus cartas sobre la negociación sociojurídica que su gobierno del Pacto Histórico quiere implementar con integrantes de estructuras criminales urbanas.

En ese sentido, el jefe de Estado indicó que su deseo es que los miembros de esas bandas que vienen sembrando el terror en la ciudadanía en diferentes ciudades de Colombia ingresen a su programa de “jóvenes en paz”, con el requisito de que se eduquen.

“La posibilidad de llegar a una Medellín completamente en paz se abre paso. Quiero que los jóvenes que hoy integran las bandas en las comunas populares en Medellín y en los barrios de los municipios de Valle de Aburrá pasen al programa ‘Jóvenes en Paz’: una renta ciudadana a cambio de educarse”, trinó Petro.

Y finalizó el mensaje que publicó en sus redes sociales: “Un tema a tratarse en la mesa sociojurídica que se abre entre los jefes de bandas en la cárcel de Itagüí”.

Hace algunas semanas, el presidente Petro reveló que aprobaba el programa de “renta básica ciudadana”, la cual fijó un recurso de 500.000 pesos a las familias más vulnerables de Colombia, mismo monto que podría destinarse para los jóvenes que salgan de las bandas delincuenciales para ingresar al programa Jóvenes en Paz.

El viernes de la semana pasada, se instaló la mesa de diálogo entre los capos de Medellín y el Gobierno nacional en un intento para que transiten a la legalidad. La conversación se realiza en la cárcel de La Paz de Itagüí, un penal donde las autoridades tendrían poco control. SEMANA revela los extravagantes lujos de algunos reclusos.

Bajo estricta confidencialidad empezaron a llegar a la prisión las cabezas visibles de los combos de la ciudad, recluidos en otros establecimientos de Colombia, para que se pusieran de acuerdo en la manera en que se iba a abordar la ‘paz total’ en la capital de Antioquia. El requisito fue contar con suficientes garantías de seguridad.

Esas labores quedaron a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La rigurosidad de la guardia y la firmeza de los muros se habrían debilitado cuando los delincuentes no quedaron a gusto con las celdas que les asignaron. Supuestamente, de manera clandestina, pidieron modificarlas.

Bajo circunstancias que son materia de investigación, lograron entrar a una de las cárceles más blindadas de Colombia los materiales de construcción para cambiar las habitaciones a su antojo: arrojaron cemento sobre el suelo y pegaron baldosas de cerámica con el fin de reemplazar el tono frío del piso.

Adornaron sus espacios privados con muebles. Sobre las camas pusieron colchones ortopédicos y adquirieron cajones para guardar sus objetos personales. De igual manera, pudieron entrar una piscina inflable en la que sus hijos se dieron un baño el Día de los Niños, conductas que nadarían en contra del reglamento del Inpec.

La directora de esta entidad en el noroeste del país, Imelda López Solórzano, ratificó los hallazgos de SEMANA y agregó que, una vez se enteró de la situación, pidió un proceso de control interno que se tramita en la ciudad de Bogotá. Ella desconoce quién emitió las autorizaciones, pero espera las respectivas sanciones.

“Se efectuó modificación en la infraestructura de algunas celdas. Se instalaron pisos, también estaba la elaboración de unos muebles -cajones para organizar su ropa, creo yo- y colchones ortopédicos. Eso se encontró y se rindió el informe pertinente a la dirección que, de manera inmediata, pidió investigar”, dijo.

A finales de marzo, la guardia del Inpec se enteró del hecho y rindió cuentas ante la dirección. Desde entonces, siguen los estudios para identificar a las personas que, en dado caso de que se comprueben las responsabilidades, recibirían las respectivas sanciones disciplinarias porque estos hechos se traducen en irregularidades.

El Inpec no reconoció en SEMANA cuántos espacios fueron modificados y si los objetos hallados fueron incautados, tal como lo exige el reglamento de la institución. La directora López Solórzano justificó que este tipo de información forma parte de la investigación, por lo que no está autorizada para revelarla.

Mientras se esperan los resultados del estudio, también caminará el proceso de paz urbana que, después de diez meses de acercamientos reservados, arrancó a caminar entre las bandas del Valle de Aburrá y el Gobierno, donde se anhela la desmovilización de catorce mil hombres que se encuentran armados en la región.

Los delegados para ese proceso del presidente Gustavo Petro son: el exsecretario de Gobierno de Antioquia, Jorge Mejía Martínez, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta López, la exintegrante de la Comisión de la Verdad, Lucía González, y la líder social María Quintero. También habrá mediación de la iglesia.

Mientras que los representantes de las bandas ilegales son Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias Montañero; Juan Camilo Rendón Castro, alias Peluco; Alberto Antonio Henao Acevedo, alias Albert, y Alonso Ramírez Morales, alias Pesebre.