Presidente Petro encendió la polémica al señalar que su política de lucha contra las drogas “no se basa en extradiciones”

En Cauca, este martes, el Gobierno nacional socializó la nueva política de lucha contra las drogas y los cultivos ilícitos, estrategia que se convierte en el mapa de navegación del presidente Gustavo Petro sobre esa estrategia pública de su administración.

En su exposición sobre la nueva política, el mandatario colombiano fue claro en señalar que no va a perseguir a los campesinos cultivadores de hoja de coca, advirtiendo que ese tipo de acciones fracasaron.

De la misma manera, el jefe de Estado afirmó que su nueva política de lucha contra las drogas no se basa en “las extradiciones”, anuncio que despertará sin lugar a dudas una profunda polémica en el país por parte de diferentes sectores.

“Lograr que un campesinado y unas comunidades étnicas puedan prosperar, mostrándole al mundo como una política que no se basa en las rejas, que no se basa en las extradiciones, que no se basa en la corrupción del Estado o en la represión, puede ser muchísimo más eficaz”, indicó Petro.

También aseguró en su discurso: “No lo puedo lograr en cuatro años en el conjunto del país por la extensión del problema que ya tenemos, pero podemos demostrarlo en el Cauca, en donde la organización y la fuerza social es tan alta que tenemos con qué contar para transformar la realidad. Quizás lo pudiéramos hacer en Nariño”.

Y dijo el presidente Petro en el evento público: “Nosotros queremos una economía campesina próspera que permita, como decía en mis discursos de campaña, que cualquier hija o cualquier hijo del campesino y de la campesina pueda estudiar siquiera medicina, matemáticas o filosofía”.

Colombia recibe certificación de Estados Unidos por su desempeño en Derechos Humanos

Estados Unidos certificó en días recientes el desempeño de Colombia en materia de Derechos Humanos, lo cual influye directamente en el trámite de la ayuda militar que ese país le otorga a su aliado en Suramérica.

Esta certificación, expedida por la Secretaría de Estado, es un requisito que exige el Congreso estadounidense para poder dar vía libre a la entrega del 20 por ciento de los recursos que cubrirán los programas destinados a fortalecer a las fuerzas armadas.

El embajador se pronuncia

Teniendo en cuenta que este año la contribución a los militares ascenderá a unos 38 millones de dólares, con la certificación el país quedó autorizado para recibir alrededor de 7.6 millones de dólares.

Al referirse a esta certificación, el embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo, aseguró que “la estrecha colaboración en seguridad entre Colombia y los Estados Unidos es esencial para abordar los desafíos que enfrentamos y transformar el enfoque de seguridad hacia la seguridad humana multidimensional”.

Según las disposiciones del Congreso, la certificación fue concedida porque el país cumplió cinco criterios, entre los que se cuentan demostrar que la Justicia Especial para la Paz y otras instancias judiciales están imponiendo condenas a quienes han cometido violaciones graves de derechos humanos, incluidos aquellos con responsabilidad de mando.

Otro criterio es demostrar que el país está protegiendo a los defensores de los derechos humanos de agresiones y amenazas a su vida o integridad.

La labor de la JEP

En un pronunciamiento al respecto, la embajada de Estados Unidos en Bogotá subrayó otro de los criterios, al mencionar que esta colaboración “respalda la protección de las comunidades afrocolombianas e indígenas, avalando que el Gobierno de Colombia está avanzando en la protección de estas poblaciones, respetando sus derechos y territorios”.

De igual modo, Estados Unidos aprobó la gestión de Colombia en Derechos Humanos en virtud de que sus autoridades están sancionando o retirando del servicio a los miembros de las fuerzas armadas señalados de cometer falsos positivos, interceptaciones a los derechos humanos y otras violaciones de los Derechos Humanos.

La certificación fue plasmada por la Secretaría de Estado en un documento firmado por el jefe de la cartera, Anthony Blinken, quien asegura en las conclusiones del mismo: “Las Fuerzas Armadas de Colombia están cooperando plenamente con los requisitos descritos en los puntos anteriores”.

En Colombia, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, también se refirió a la certificación: “Es una señal de que vamos por el camino correcto. Nos indica que así es como podemos contribuir local e internacionalmente a resolver esta problemática, de modo que deje de causarnos tanto sufrimiento. Esta decisión da fe de que hay un entendimiento pleno entre nuestra política de drogas, la comunidad internacional y el Gobierno de los Estados Unidos”.

Meses atrás, el país también fue certificado por Estados Unidos por sus acciones contra el narcotráfico, lo cual permitió la liberación de otro 20 por ciento de la ayuda.

Otro 5 % de estos recursos depende de que el país demuestre que la justicia está procesando a los integrantes de la Policía que hayan autorizado o dirigido acciones con uso excesivo de la fuerza o participado en acciones ilegales en el marco de las protestas de 2020 y 2021.