Presidente Petro felicitó a la Fiscalía por incautación de astronómica cifra: $420.000 millones en bienes al Clan del Golfo

El presidente Gustavo Petro no ha tenido una buena relación con la Fiscalía General de la Nación, protagonizando agudos choques con el jefe de la entidad, Francisco Barbosa, hecho que se ha profundizado en los últimos meses.

Sin embargo, este miércoles 27 de diciembre el mandatario colombiano felicitó al ente acusador.

El jefe de Estado “felicitó” a los fiscales que participaron del operativo que permitió la incautación de una gruesa cifra de dinero en bienes que estaban en poder del Clan del Golfo.

A través de su cuenta personal de X, antes Twitter, el mandatario colombiano extendió el mensaje a las entidades del Gobierno del Pacto Histórico que apoyaron a las autoridades, permitiendo el golpe a la estructura criminal.

“Felicito a los fiscales y a las entidades del Gobierno nacional que ayudaron a incautar 420.000 millones de pesos en bienes del Cartel del Golfo”, posteó Petro.

Los lujosos bienes del Clan del Golfo que la Fiscalía ocupó y dejó a disposición de la SAE

La Fiscalía General de la Nación propinó golpe certero al patrimonio ilegal del Clan del Golfo con la imposición de medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 1.320 bienes, avaluados comercialmente en más de 420.000 millones de pesos.

El trabajo articulado de 30 fiscales de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio, y de un grupo de peritos e investigadores del CTI permitió establecer que las propiedades pertenecerían al extraditado cabecilla de esa organización criminal, Antonio Moreno Tuberquia, alias Nicolás.

Los elementos de prueba indican que los millonarios activos estaban a nombre y eran administrados por una estructura señalada de constituir sociedades, comprar bienes y realizar diferentes actividades comerciales con dineros producto del narcotráfico y otras actividades ilícitas.

La presunta articuladora de esta red de testaferros era una exintegrante de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien sería la encargada de definir las maniobras para dar apariencia de legalidad a los recursos de alias Nicolás y evitar el rastreo de las autoridades.

Las propiedades afectadas con fines de extinción de dominio están representadas en 253 inmuebles, 10 establecimientos de comercio, 12 sociedades, 17 vehículos, 38 equinos y 990 cabezas de ganado. Las diligencias de materialización de las medidas cautelares se realizaron en Bogotá; Pereira (Risaralda); Medellín, Santa Fe de Antioquia, Guarne y Puerto Triunfo (Antioquia); Cartagena (Bolívar); Sogamoso y Sutamarchán (Boyacá); Lérida, Guamo e Ibagué (Tolima); Andalucía (Valle del Cauca); Subachoque, Chía y El Rosal (Cundinamarca); Orocué, Yopal y Paz de Ariporo (Casanare), y Cubaral y Acacías (Meta).

Este resultado hace parte de la estrategia Argenta, definida por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para impactar las finanzas del narcotráfico, las organizaciones criminales y la delincuencia común.

Los bienes ocupados quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

Unos 216 narcos del Clan del Golfo fueron capturados en Colombia luego de dos meses de operaciones contra el mayor cartel de la cocaína del mundo, según informó la Fiscalía. Los detenidos en 17 de los 32 departamentos del país deberán responder por “homicidios, tráfico de estupefacientes y otras actividades delictivas”, indicó el ente investigador en un boletín.

Los capturados están “involucrados en, por lo menos, 95 homicidios perpetrados en 29 municipios del país”, indicó la Fiscalía.

La megaoperación permitirá esclarecer “asesinatos selectivos relacionados con violentas disputas con otras organizaciones delictivas por el control de las rentas criminales, retaliaciones por pérdida de estupefacientes o dinero en algunas estructuras” y ataques a la población civil que “se negaba a atender las directrices” de la organización, añadió.

Por último, el Clan del Golfo rechazó el plan de sometimiento a la justicia ofrecido por el presidente Gustavo Petro, que implicaba la rendición de sus miembros a cambio de beneficios penales. El cartel criminal insiste en ser tratado como las guerrillas que negocian la paz con el Gobierno, en procesos donde se consideran penas alternativas a la cárcel.