Presidente Petro incumplió su palabra: aún no se han radicado en el Congreso los proyectos de emergencia económica en La Guajira

Un nuevo incumplimiento del presidente Gustavo Petro, pese a que ordenó que se radicara en el Congreso de la República el paquete de decretos que expidió por la declaratoria de la emergencia económica y social en La Guajira en forma de proyectos de ley, para el miércoles de esta semana, aún no se han presentado a la célula legislativa.

El jefe de Estado había dado instrucciones precisas sobre la radicación de los proyectos, debido a la drástica determinación que adoptó la Corte Constitucional de tumbar la declaratoria de emergencia económica en La Guajira.

Además, Petro, en una declaración que dio en un evento de Gobierno Escucha que se realizó el martes de esta semana en Tumaco, aseguró que los proyectos de ley se presentaban con “mensaje de urgencia”.

“Se diluyó un poco por la caída del decreto de emergencia de La Guajira, porque casi todo el trabajo que se hizo en La Guajira se perdió, estaba en esos decretos. Ahora vamos a presentar el trabajo como proyectos de ley con mensaje de urgencia al Congreso de la República, que eso debe ser mañana (miércoles de esta semana)”, sostuvo Petro.

Pero más temprano de ese mismo martes, el mandatario colombiano trinó sobre el tema de La Guajira y la emergencia económica.

“No se puede abandonar La Guajira a su suerte. Todos los decretos de emergencia serán presentados al Congreso con mensaje de urgencia”, expresó Petro en su cuenta personal de X, antes Twitter.

También señaló: “Ya son más de mil los jagueyes construidos para recoger las aguas lluvias de octubre y noviembre”.

“Estamos realizando una inmensa operación para impedir la sed en La Guajira. Más de cien mil litros de agua de pozo son repartidos en Uribia y el norte guajiro. Esclavizan al pueblo wayúu a través de la escasez del agua”, aseguró el jefe de Estado en el mensaje que publicó en las redes sociales.

Corte Constitucional le da duro golpe al Gobierno Petro y tumba decreto de emergencia económica en La Guajira

Hace varios días, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto emitido el pasado 2 de julio, por el presidente Gustavo Petro por medio del cual fijó el Estado de Emergencia Económica, Social y Económico, en el departamento de La Guajira.

Sin embargo, el alto tribunal -en su decisión- emitió un efecto diferido frente al punto crucial del acceso al agua potable para la población. Esto quiere decir que este punto no se cae, sino que sigue vigente hasta el 2 de julio de 2024. En ese momento, la Corte Constitucional entrará a revisar las medidas que se tomaron y su efectividad.

“Conceder efectos diferidos a esta decisión por el término de un (1) año, contados a partir de la expedición del decreto, respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua”, precisa la decisión que desde ya se convierte en uno de los golpes más duros de este alto tribunal al Gobierno.

Sobre esa situación, la Corte Constitucional les pidió al Gobierno y al Congreso “adoptar las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La Guajira”, las cuales ya fueron de presentes en la sentencia T-302 de 2017.

En este sentido, el alto tribunal pidió que se cumpliera con lo señalado en ese momento y se garantizaran de forma rápida y efectiva los derechos fundamentales de la comunidad de La Guajira. Igualmente, se deben tomar medidas dirigidas a fortalecer las instituciones previstas en el ordenamiento jurídico con competencias en materia de cambio climático y les asignen los respectivos recursos en las circunstancias que los demanden.

Frente a esto, se fija un diálogo entre las entidades del Estado para que tomen decisiones de fondo frente a circunstancias precisas en el departamento.

Como lo había anticipado SEMANA, la discusión al interior de la Sala Plena de la Corte Constitucional fue álgida y bastante compleja. En la misma se presentaron tres posiciones muy diversas frente a la ponencia radicada por la magistrada Natalia Ángel Cabo, lo que refleja claramente la complejidad de la decisión emitida.