Presidente Petro ordenó el traslado inmediato de cinco viceministros para atender el paro minero en Antioquia

El presidente de la República, Gustavo Petro, tomó las primeras medidas para atender el paro minero que se registra en la zona del Bajo Cauca en el departamento de Antioquia, con el objetivo de llegar a medidas urgentes que permitan solucionar la crisis que se desató en esa región del país.

Dentro de las directrices que impartió el mandatario colombiano está, como primera medida, el rechazo categórico a cualquier tipo de hecho violento que perturbe a la ciudadanía en el departamento de Antioquia.

“Se rechaza todo acto de violencia que se pueda presentar en la protesta social y reclama de los manifestantes un pronunciamiento en el mismo sentido. Quienes nos sentamos a dialogar del lado de la comunidad y del Gobierno Nacional debemos juntos resolver cualquier discordia, respetando el derecho de la población civil”, expresó el Gobierno del cambio.

También dejó claro: “Ratificamos que respetamos el derecho a la protesta pacífica y el Gobierno nacional, en uso de sus atribuciones constitucionales, ha dado instrucciones a la Fuerza Pública para garantizarla y para que se protejan los derechos de los ciudadanos”.

“El Gobierno nacional, desde el pasado fin de semana, está en contacto con las autoridades de los municipios y del departamento de Antioquia revisando el caso del paro minero en el norte del departamento, en el Bajo Cauca, con un centro especial en Caucasia”, subrayó con comunicado de la Casa de Nariño.

Además, el Gobierno del Pacto Histórico aseguró que se desplazará una comisión de cinco viceministros, que contarán con apoyo técnico de las entidades de los ministerios del Interior, Defensa, de Minas y Energía, Medio Ambiente y el Departamento Nacional de Planeación, grupo que también, según las autoridades, tendrá el apoyo técnico de otras entidades que trabajan en temas de fondo, en relación con la minería y el desarrollo profundo de la región.

“El primer punto de la agenda que ha propuesto el Gobierno es hacer un balance y una acción inmediata que permita atender humanitariamente a las poblaciones para evitar el desabastecimiento de alimentos o de medicamentos”, puntualizó el documento.

Y señaló: “La delegación del Gobierno debe, conjuntamente con los alcaldes, la Iglesia, las organizaciones sociales, identificar qué dificultades humanitarias se registran en la zona, porque es prioridad del Gobierno la atención humanitaria en el territorio”.

Paro de mineros acorrala a Antioquia: 250 mil personas están confinadas

Sigue la crisis en el departamento de Antioquia por cuenta del paro de mineros que se realiza desde el pasado 2 de marzo en las subregiones del nordeste y Bajo Cauca. En consecuencia, once municipios tienen escasez en productos de la canasta básica.

Los bloqueos se mantienen sobre la troncal que comunica a la ciudad de Medellín con la costa Atlántica. De acuerdo con los datos de las agremiaciones de comerciantes, en lo que va corrido de la violenta manifestación, ya acumulan pérdidas de $15.000 millones.

Aunque el Ministerio Público ha tratado de mediar entre los protestantes para que no vulneren los derechos de los ciudadanos que no están enfilados en su lucha, la flexibilidad en sus operaciones ha sido parcial. Líderes advierten de una emergencia humanitaria.

Las afectaciones se concentran en las localidades de Caucasia, Nechí, El Bagre, Cáceres, Tarazá, Zaragoza, Segovia, Remedios, Vegachí, Yalí y Yolombó. Los tenderos han sido obligados a cerrar las puertas de los negocios y se ha frenado el transporte público.

Todo esto estaría justificado en las supuestas intimidaciones que habrían emitido las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) para respaldar el paro. Ellos también son señalados de protagonizar el asalto a la Alcaldía de Caucasia la semana pasada.

Mientras que Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que 2.569 familias no cuentan con el servicio de gas natural en la subregión del nordeste a raíz de los bloqueos que hay sobre los principales ejes viales y las críticas condiciones de seguridad.

A esto se le suman los actos vandálicos de los que ha sido víctima la misión médica. Por ejemplo, varias ambulancias fueron atacadas con piedras y palos; además, otros vehículos se quedaron frenados en el camino por los obstáculos que encontraron en sus recorridos.

Si bien la Fuerza Pública ha suministrado tropas para dar tranquilidad, la zozobra que gestionan los violentos cuentan con el respaldo de una parte de la ciudadanía. Bajo la lupa de las autoridades están los hombres del Clan del Golfo y ya hay 29 capturados.

Al parecer, estas estructuras delincuenciales han extorsionado e intimidado de manera violenta a los docentes del Bajo Cauca. Así lo denunció en las últimas horas la Asociación de Institutores de Antioquia, quien expresó solidaridad y solicitó pronta protección.

Ahora bien, las horas de terror que han vivido los once municipios podrían terminar este miércoles. Los organizadores del paro se sentarán a negociar con enviados especiales del Gobierno nacional, tal como lo pidieron desde un principio, en un coliseo de Caucasia.

Sus peticiones han causado revuelo: ellos quieren que la Policía Nacional y el Ejército den por terminadas las operaciones que adelantan contra la minería ilegal. Estas actividades fueron frenadas en el mes de noviembre, pero se retomaron en los últimos días.

La orden fue dada por el Ministerio de Defensa, pero exclusivamente para la extracción ilícita de yacimientos a gran escala. En este segmento clasifica el trabajo irregular que promueven las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) con las dragas brasileñas.

Precisamente, los hombres que comandó alias Otoniel enfurecieron por la destrucción de cinco de esas unidades que estaban instaladas sobre las aguas del río Nechí. Esto los habría impulsado a infiltrar la movilización social de los productores del Bajo Cauca.

Se sospecha que, por medio de WhatsApp, estarían haciendo convocatorias para protagonizar hechos vandálicos en el marco de la protesta que ya ajusta ocho días vigentes. Los investigadores no descartan pagos a cambio de los ataques.

En la mitad estarían los menores de edad. Al parecer, están siendo instrumentalizados por este grupo armado ilegal. Prueba de ello serían las aprehensiones y restablecimiento de derechos de más de 16 jóvenes de la subregión del Bajo Cauca antioqueño.