Presidente Petro reveló que el primero de enero de 2023 iniciará el programa Jóvenes en Paz, con 1.500 personas; la financiación saldrá de la reforma tributaria

El presidente de la República, Gustavo Petro, reveló que el primero de enero de 2023 dará inicio al polémico programa de jóvenes en paz, en el cual el Gobierno nacional destinará 1 millón de pesos mensuales para 100.000 personas, con el objetivo de evitar que sean reclutados por organizaciones armadas al margen de la ley.

De la misma manera, en su intervención desde El Tarra, en Norte de Santander, el jefe de Estado no dudó en asegurar que el objetivo que tiene su Gobierno del Pacto Histórico es que los jóvenes aprendan a leer y no a disparar.

“Vamos a intentar que 1.500 jóvenes ingresen al programa en esta región, demás ustedes hablado y nos dijeron que se necesita una carretera y eso se nos va a volver importante, la carretera de Ocaña y Tibú, el Catatumbo se debe convertir del mayor productor de cocaína al mayor productor de alimentos en América Latina”, sostuvo Petro.

Esta semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, reveló los primeros detalles de la estrategia que implantará el Gobierno del Pacto Histórico para evitar que los jóvenes de las zonas más vulnerables del país caigan en las filas de organizaciones criminales.

El mandatario colombiano indicó que los jóvenes de las zonas más vulnerables recibirán un millón de pesos mensuales, recursos que serán destinados para que adelanten estudios y, según las autoridades, puedan superar las dificultades de su entorno.

“Estamos preparando un programa de gran dimensión, de ahí a que estemos hablando de esto de gestores de paz, porque queremos actuar con la juventud excluida, por lo menos en las zonas de más alta violencia de Colombia, en regiones excluidas, por ejemplo, en el Urabá parcialmente”, sostuvo Petro.

Y añadió: “Los barrios pobres de Cartagena, de Barranquilla, que están llenos hoy de hambre, el Chocó, toda la Costa Pacífica, hasta llegar a la frontera con Ecuador, las barriadas populares de las grandes ciudades como Bogotá, Soacha, Cali, entre otras”.

“Hemos tenido unos éxitos con lo que llamamos la paz total; también hemos tenido fracasos, pero si logramos un programa amplio donde se pudiera cobijar a 100.000 jóvenes, que es nuestro objetivo, en esas zonas, ligado a la educación, que se basa en el mismo principio, que un joven debe recibir un recurso que le permita vivir”, puntualizó el jefe de Estado.

Aseguró en esa pasada intervención que “hay un enorme vacío en la juventud, una juventud popular que ha perdido las esperanzas; de hecho, las estadísticas muestran que el 30 %, aproximadamente, no tienen ninguna opción. Lo que vivimos hace unos meses, que se le denominó estallido social, no es más que la expresión de esa realidad, una expresión poco entendida por el resto de la sociedad”.

“Tiene que ver con esta estadística fría, la realidad política y social, en caliente, es la expresión de esa estadística fría, los números siempre son fríos y, a veces, se ven con frialdad, pero ese número que arroja que no hay perspectivas para una juventud popular, se traduce en una enorme tensión política y social y en unos inmensos peligros”, añadió Petro.

Por otro lado, este viernes el Gobierno confirmó la primicia de SEMANA sobre la designación de los siete primeros voceros de paz, quienes recobrarán su libertad en medio de la política macro de la ‘paz total’. Los jóvenes deberán realizar un diplomado sobre paz.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, en una declaración que dio en la Casa de Nariño, reveló que luego de estudiar minuciosamente los casos de los más de 200 jóvenes detenidos que protagonizaron desmanes en el pasado Paro Nacional de 2021 que puso en jaque al comercio, se decantó una lista de siete, que se trata de dos mujeres y cinco hombres.

“Se hizo un análisis de las labores útiles de líderes sociales o personas que puedan ayudar a la paz del barrio, desescalamiento de la violencia que existe en varias regiones del país, personas privadas de la libertad, hacían parte de organizaciones humanitarias, restablecer la convivencia armónica, no hacen parte de conflicto armado, una vez que teníamos claros esos parámetros analizamos más de 200 perfiles de personas detenidas por la protesta social, verificamos que hicieran parte de acción comunal u organización social y le recomendamos al presidente a siete personas”, sostuvo el ministro Osuna.