Presidente se destapó: “Sé de muchas voces gritando por ahí que tumben la emergencia de La Guajira, para que no le den tanto poder a Petro”

El mandatario Gustavo Petro rompió su silencio sobre la determinación que adoptó esta semana la Corte Constitucional de tumbar la emergencia económica y social en La Guajira, que declaró el propio presidente semanas atrás.

A través de su cuenta personal de X, antes Twitter, el jefe de Estado lanzó una fuerte declaración, admitiendo que falló en su intención de generar una especie de conciencia jurídica ante las amenazas de la crisis climática.

“Sé de muchas voces gritando por allí ‘tumben la emergencia de La Guajira para que no le den tanto poder a Petro’, qué triste, como si en la crisis climática pudieran aumentar los poderes del ser humano. Lo que aumenta es el poder de la naturaleza, que es impredecible, y el poder de la muerte”, dijo Petro.

Y añadió en su mensaje: “Fallé en mi llamado a una juridicidad para la crisis climática, pero la lucha por la vida sigue. Invito a leer la nueva encíclica del Papa antes de la COP de Dubái”.

Sin embargo, más temprano, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó una particular solicitud a los habitantes de la Guajira, en medio de una advertencia que lanzó sobre una fuerte ola de sequía por la que atravesará esa zona del país.

El jefe de Estado solicitó a los ciudadanos del departamento de la Guajira recoger aguas lluvias, aprovechando algunas tormentas que se avecinarán en esa zona del territorio nacional para afrontar las próximas sequías.

“Todo el pueblo guajiro debe recoger las aguas lluvias que nos dejarán las últimas tormentas. El Gobierno seguirá trabajando continuamente al lado del pueblo en medio de la sequía”, señaló Petro.

Corte Constitucional le da duro golpe a Petro

El lunes de esta semana, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto emitido el pasado 2 de julio, por el presidente Gustavo Petro por medio del cual fijó el Estado de Emergencia Económica, Social y Económico, en el departamento de La Guajira.

Sin embargo, el alto tribunal —en su decisión— emitió un efecto diferido frente al punto crucial del acceso al agua potable para la población. Esto quiere decir que este punto no se cae, sino que sigue vigente hasta el 2 de julio de 2024. En ese momento, la Corte Constitucional entrará a revisar las medidas que se tomaron y su efectividad.

“Conceder efectos diferidos a esta decisión por el término de un (1) año”, contados a partir de la expedición del decreto, respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua”, precisa la decisión que desde ya se convierte en uno de los golpes más duros de este alto tribunal al Gobierno.

Frente a esta situación, la Corte Constitucional le pidió al Gobierno y al Congreso “adoptar las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La Guajira”, las cuales ya fueron de presentes en la sentencia T-302 de 2017.

En este sentido, el alto tribunal pidió que se cumpla con lo señalado en ese momento y se garantice de forma rápida y efectiva los derechos fundamentales de la comunidad de La Guajira. Igualmente, se deben tomar medidas dirigidas a fortalecer las instituciones previstas en el ordenamiento jurídico con competencias en materia de cambio climático y les asignen los respectivos recursos en las circunstancias que los demanden.

Frente a esto, se fija un diálogo entre las entidades del Estado para que tomen decisiones de fondo frente a circunstancias precisas en el departamento.

Como lo había anticipado SEMANA, la discusión al interior de la Sala Plena de la Corte Constitucional fue álgida y bastante compleja. En la misma se presentaron tres posiciones muy diversas frente a la ponencia radicada por la magistrada Natalia Ángel Cabo, lo que refleja claramente en la complejidad de la decisión emitida este martes.

Tras derrotar la ponencia que pedía declarar exequible el decreto y, en un hecho que muy pocas veces se ha visto, los magistrados Diana Fajardo y José Fernando redactaron un nuevo documento conjunto con las posiciones que se presentaron en el arduo debate, el cual estuvo marcado por el uso de la figura de “estado de emergencia”, la preocupación por la concentración de poderes en la Rama Ejecutiva y el hecho que hace seis años ya se había emitido una sentencia para solucionar la grave crisis en el departamento.

Sobre ese escenario, las magistradas Natalia Ángel y Cristina Pardo y Juan Carlos Cortés presentaron su salvamento de voto. Mientras que los togados Jorge Enrique Ibáñez y Paola Meneses pusieron de presente su aclaración de voto. Mientras que el magistrado Alejandro Linares se la reservó.