Presidente Petro se solidariza con el director de la SAE: “El que encontró la corrupción ahora es suspendido”

El presidente de la República, Gustavo Petro, envió un mensaje de solidaridad al director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), José Daniel Rojas, luego de que la Procuraduría lo suspendiera y anunciara la apertura de una investigación disciplinaria, la tarde de este 10 de febrero.

Según el Ministerio Público, la decisión de suspender tres meses a José Daniel Rojas obedeció a que no entregó las acciones de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A S.A. E.S.P.), pese a que ya hubo un desembolso por el valor de las mismas por más de 282 mil millones de pesos, dado que podría generar un detrimento al patrimonio.

“Ante la existencia de posibles faltas disciplinarias derivadas del presunto incumplimiento del contrato de compraventa del paquete accionario correspondiente al 82.16% de las acciones suscritas de Triple A S.A. E.S.P, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra José Daniel Rojas Medellín, presidente de la SAE; a quien se suspende por tres meses”, afirmó la Procuraduría.

En ese contexto fue que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dejó un mensaje de apoyo a José Daniel Rojas en su cuenta en Twitter.

“Mi solidaridad con Daniel. El que encontró la corrupción en la SAE y en la triple A, ahora es suspendido por los órganos de control que hace mucho debieron haber descubierto la corrupción en la SAE con los bienes del narcotráfico y en la triple A.”, publicó el jefe de Estado.

La publicación, de hecho, fue en respuesta a un trino del presidente de la SAE, que dice “Nuestra conciencia no tiene precio y nuestro deber es insoslayable, inchantajeable”, a la par que cita una frase del expresidente de Chile Salvador Allende.

El detrimento patrimonial que se podría generar, según la Procuraduría

Además del director de la SAE, José Daniel Rojas, la Procuraduría abrió una investigación contra Sebastián Caballero Ortega, vicepresidente jurídico de la SAE; Jairo Alonso Bautista, vicepresidente de Sociedades de la SAE; y Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.

“Para este ente de control, al parecer, las conductas podrían generar un detrimento patrimonial por presuntamente incumplir la obligación contractual de transferir las acciones objeto de la venta, cuya consecuencia derivaría, en principio, en hacer efectiva la cláusula penal por 59 mil millones de pesos, por parte de la empresa K-Yena; a la vez que advierte irregularidades en la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Triple A S.A. E.S.P que se realizó el 7 de febrero de 2023, en la cual se eligieron nuevos miembros de la Junta Directiva de la Triple A.”, afirmó la Procuraduría en un comunicado.

El Ministerio Público también vinculó dentro de la investigación disciplinaria al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, “quien al parecer habría sugerido, decidido, recomendado o manifestado ante la SAE que se suspendiera el cumplimiento del contrato, actuación funcional con la cual pudo haber contribuido a la consumación de comportamientos conjuntamente con los funcionarios de la SAE para que suspenda el cumplimiento de las obligaciones contractuales”.

Según la denuncia que generó la apertura de investigación y estas decisiones, Barranquilla perdió una gran cantidad de dinero con la venta del 82.16 % las acciones de la empresa, avaluadas en $ 565 mil millones de pesos, cuando pasó a ser nuevamente en mayor porcentaje del distrito, en el mes de diciembre del año 2021 mientras aún fungía como presidente Iván Duque.

“Ante la gravedad que objetivamente revelan los hechos materia de investigación, en los términos que precisa la ley y con la finalidad de evitar que se pueda seguir incurriendo en la comisión de las posibles faltas disciplinarias y posiblemente quebrantando el ordenamiento jurídico y afectando el patrimonio público, se ordenó la suspensión provisional del cargo del Presidente de la SAE, José Daniel Rojas Medellín, por el término de tres (3) meses”, concluyó la Procuraduría.