Presidente Petro tras aprobarse en primer debate la creación del Ministerio de la Igualdad: “La dignidad debe ser un derecho, no un privilegio”

El presidente de la República Gustavo Petro no ocultó su alegría por el avance que se registró este lunes, en las comisiones primeras conjuntas del Senado y la Cámara con la aprobación del proyecto de ley que crea el Ministerio de la Igualdad y la Equidad.

El mandatario colombiano, por medio de su cuenta oficial de Twitter, indicó que con la materialización de esa cartera, la cual aún debe afrontar varias discusiones en el Congreso de la República, Colombia esta más cerca de que la dignidad sea un derecho y no un privilegio.

“Aprobado el proyecto que crea el Ministerio de Igualdad y Equidad en las Comisiones Primeras Conjuntas. Falta el debate en las plenarias para que sea una realidad. La dignidad debe ser un derecho, no un privilegio”, trinó Petro.

A su turno también lo hizo la vicepresidenta Francia Márquez, funcionaria que estará al frente del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, destacó el resultado que tuvo el proyecto de ley en el Congreso, postura que reveló en su cuenta de Twitter.

“Hoy en Comisiones Primeras Conjuntas del 🏛 se aprueba en 1er debate la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, paso fundamental para dignificar la vida en 🇨🇴. La dignidad se hará costumbre cuando #Igualdad y #Equidad se garanticen con eficacia y eficiencia. #IgualdadEs”, publicó en el mensaje Márquez.

Dentro de las funciones del Ministerio de la Igualdad que se contemplan en el texto, están la de dirigir y coordinar todo lo relacionado a proyectos y políticas públicas en pro a la igualdad, la no discriminación y la defensa de sujetos de especial protección constitucional y de grupos “marginados”.

Sin embargo, uno de los artículos más polémicos de esta iniciativa es el que se refiere a las facultades extraordinarias que tendría el presidente Petro para organizar esa cartera.

“Revístase al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley, para expedir normas con fuerza material de ley dirigidas a integrar al Sector de Igualdad y Equidad con las entidades que defina como adscritas o vinculadas. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política”, se propone en ese punto en particular.

En otras palabras, el presidente Petro podría pasar las dependencias del Gobierno que considere al Ministerio de la Igualdad en los próximos seis meses a partir del momento en que se promulgue la ley, sin necesidad de pedirle permiso al Congreso o a alguna otra entidad. Ese punto especialmente ya genera varias dudas por la potestad que se le da al mandatario.

El tema generó una aguda discusión entre los congresistas, pues el texto del proyecto no es claro en explicar en concreto cuáles entidades podrán ser intervenidas por el presidente ni tampoco hay claridad sobre los costos que estos movimientos tendrán.

Sin embargo, por amplias mayorías, las comisiones primeras conjuntas del Congreso le dieron el sí a este punto.

Otro de los puntos de este proyecto es el que señala que se deberá hacer especial énfasis en los territorios “excluidos y marginados”, con el objetivo de proteger los derechos con enfoque diferencial e interseccional y atender a las poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Se detalla que esos grupos serán: mujeres en todas sus diversidades, población LGBTIQ+, pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas y Rrom, campesinos y campesinas, niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, miembros de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, víctimas de todas las violencias y la inequidad, personas en situación de discapacidad, habitantes de calle y migrantes.

Por último, trascendió que la sede del Ministerio de la Igualdad será Bogotá, según el articulado del proyecto. Además, tendrá muebles e inmuebles que pueda adquirir o que sean cedidos por otras dependencias del Gobierno o de privados.