Presidentes de Senado y Cámara no van a permitir que se prohíba el uso de plataformas digitales de transporte

Toda una lluvia de críticas ha recibido el Gobierno nacional luego de que se conociera el borrador del proyecto con el que se buscaría prohibir el uso de plataformas digitales de transporte. La polémica llegó a tal punto que incluso congresistas del Pacto Histórico, la fuerza política del presidente Gustavo Petro, salieron a oponerse a esta iniciativa.

El proyecto se ha venido construyendo en cabeza de la Superintendencia de Transporte. Uno de los puntos clave es que la Policía Nacional, a través de su estructura de tránsito, tendrá la autorización de enviar a los patios, durante dos a cuatro meses, los vehículos que presten servicios de transporte, sumado a la imposición de multas superiores a los conductores que usen estas plataformas.

Igualmente, se establecen sanciones para los pasajeros que usen estas aplicaciones, quienes tendrían que pagar hasta diez millones de pesos.

A pesar de que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció que la iniciativa no será radicada hasta que no sea socializada con representantes de las aplicaciones digitales que se verían afectadas, los congresistas del petrismo no dudaron en criticar la propuesta y dejaron claro que, en caso de que sea radicada en el Congreso, no la apoyarán.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el senador y presidente del Congreso, Roy Barreras, quien señaló que intentar eliminar por decreto la modernidad es “oscurantismo”.

“Intentar eliminar por decreto la modernidad es oscurantismo. No se detiene la tecnología útil para sembrar una sociedad en el pasado. Las aplicaciones se reglamentan y se estimula su desarrollo para mejorar servicios y generar empleos que sean dignos”, indicó Barreras.

Sobre el tema también se refirió el presidente de la Cámara, David Racero, miembro del Pacto Histórico, quien manifestó que “cualquier intento de prohibición debe rechazarse”.

“Más allá del debate minimalista de taxis vs. plataformas, la realidad económica de 2023 no está para tomar medidas que puedan afectar los ingresos de miles de ciudadanos que sostienen sus familias a través de dichas aplicaciones. Cualquier intento de prohibición debe rechazarse”, apuntó Racero desde su cuenta de Twitter.

Con el pronunciamiento de los presidentes de ambas cámaras, prácticamente se estaría dando sepultura a esta iniciativa, en caso de que llegue finalmente a radicarse, pues tanto Barreras como Racero son los encargados de poner en el orden del día las iniciativas y decidir a cuáles se les da prioridad y a cuáles no.

Frente al tema, también se refirió la representante de Alianza Verde Catherine Juvinao, quien anunció que convocará al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, a un debate de control político.

“El gobierno prometió defender al pueblo y a quienes trabajan de forma honesta. Se deben reglamentar las plataformas, no prohibirlas. Usted será el responsable de esta nueva violencia y abuso, por lo cual lo llamaremos a control político”, indicó la representante Juvinao.

La molestia de las aplicaciones

Por ahora, el documento del proyecto de ley se encuentra en construcción, por lo que aún no hay uno oficial. Sin embargo, se conoce un borrador con las posibles medidas que tendrá el documento final, el cual tiene inconformes a los gremios.

El gremio de aplicaciones e innovación Alianza In argumentó sus razones para no estar de acuerdo con la medida y le hizo un llamado al Gobierno.

José Daniel López, director ejecutivo de la asociación, afirmó en un comunicado de prensa que el gremio reitera la voluntad de participar en una construcción de reglas claras con el Gobierno para proteger los derechos de más de 100.000 personas que trabajan con las plataformas digitales. Además, indicó que es clave entender la libertad de elección de los ciudadanos que promueven la movilidad sostenible y la economía digital.

“Coincidimos en la importancia de un régimen administrativo sancionatorio sobre los servicios de movilidad que se prestan a través de las plataformas digitales, pero esto solo es concebible en el marco de una reglamentación amplia y suficiente de esta nueva realidad social y económica”, señaló.

La alianza citó igualmente un estudio de Fedesarrollo en el que se señala que “más de 100.000 conductores generan ingresos a través de las plataformas digitales de movilidad. Según la percepción de los encuestados, si estas plataformas no operaran en Colombia, el 44 % estaría desocupado, el 32 % tendría otro trabajo independiente y el 14 % tendría empleo formal. Las plataformas digitales de economía colaborativa hoy ocupan el 0,7 % de la población económicamente activa y generan el 0,23 % del PIB”.

El gremio considera que hay incoherencia en el mensaje que dan y lo que terminan haciendo. La alianza afirma que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, ha expresado en los medios de comunicación el compromiso del gobierno del presidente Gustavo Petro de solucionar la falta de reglamentación de las plataformas digitales de movilidad, pero las medidas contempladas por este borrador de proyecto de ley apuntan justamente en sentido contrario.

Lo que dijo el Gobierno

SEMANA se comunicó con el ministro Guillermo Reyes para conocer qué es lo que estaría buscando el Gobierno con esta iniciativa.

Lo primero que aclaró el alto funcionario del Gobierno Petro es que “el proyecto de ley es procedimental, no establece ninguna disposición de carácter sustantivo o regulatorio. Este proyecto contiene una serie de herramientas para que la Superintendencia y las demás entidades de transporte puedan hacer un control efectivo sobre el cumplimiento de las normas que existen en el ordenamiento jurídico colombiano”.

Reyes también aclaró que en el texto que está en borrador no se está afirmado que las aplicaciones digitales de transporte sean ilegales, sino que “pueden llegar a ser ilegales cuando prestan un servicio para el cual no están autorizadas”.

“Se dispuso expresamente una sanción extrema, que solo se da en casos extremos, cuando hay una utilización indebida de las plataformas para la prestación de un servicio ilegal o de un servicio informal. Eso no quiere decir que las plataformas sean ilegales, las plataformas no son ilegales, pero pueden llegar a ser ilegales bajo el régimen jurídico actual cuando prestan un servicio para el cual no están autorizadas”, indicó el ministro.

Reyes reveló que el Gobierno nacional, paralelo a este proceso, viene trabajando en diversas reuniones con las plataformas y también con los gremios de taxistas, en un análisis, diagnóstico, evaluación y proyección de cuál es la mejor forma, de acuerdo con las experiencias internacionales, en que se puede prestar el servicio público de transporte a través de plataformas tecnológicas.

“Estamos trabajando en ello, seguimos construyendo los documentos y la regulación, pero en este proyecto de ley no se está regulando, lo que se están estableciendo son las normas de carácter procedimental”, concluyó.