Bogotá
Presuntas irregularidades en el cobro del servicio de aseo en Bogotá ascenderían a $50.000 millones. SEMANA revela la historia
La Superservicios asegura que a un grupo de usuarios les cobraron 24.633 millones de pesos de más por el servicio de barrido y aseo en Bogotá, pero el valor ascendería a 50.000 millones. ¿Qué pasó?
El lío jurídico por el barrido de las calles en Bogotá tiene un nuevo capítulo y el principal protagonista es nuevamente Promoambiental, uno de los cinco operadores de aseo en la capital del país.
Luego de que la Superintendencia de Servicios Públicos expidió un auto en el que ordenó una investigación en contra de Promoambiental y le formuló cargos por presuntamente haberle cobrado 24.633 millones de pesos de más a los usuarios por el barrido de kilómetros adicionales que no estaban establecidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), SEMANA conoció que el cobro que el operador habría efectuado de más a los usuarios en realidad ascendería a los 51.151 millones de pesos.
De acuerdo con cálculos conocidos por SEMANA, de Proceraseo, empresa procesadora de información del servicio de aseo en Bogotá, a partir de julio de 2019 Promoambiental empezó a cobrar una tarifa diferencial de 297 pesos, que multiplicado por el número de usuarios dio 199,6 millones de pesos. Esa cifra fue aumentando mes a mes y en solo el segundo semestre de 2019 habrían cobrado 1.049 millones de pesos de más.
A partir de enero de 2020, cuando Promoambiental ya había radicado el tribunal de arbitramento, la tarifa diferencial, según los cálculos de Proceraseo, aumentó a 1.800 pesos. Es así como para 2020, el cobro habría sido de 15.204 millones y en 2021, de 15.622 millones.
No obstante, fue en diciembre de 2021 que un laudo arbitral falló a favor de Promoambiental, cambió las condiciones de distribución del pago y les permitió a las cinco empresas cobrar únicamente por kilómetros de barrido. En ese sentido, según Proceraseo, era a partir de diciembre de 2021 que Promoambiental podía empezar a cobrar de más de acuerdo con la decisión arbitral, pero ese cobro adicional lo venía haciendo desde meses atrás.
“A pesar del laudo, la Alcaldía siempre recordó mes a mes a Promoambiental que la tarifa del barrido era la establecida en el PGIRS, pero ellos siguieron superando el límite establecido. Se interpusieron los recursos y en agosto de 2022 se anuló el laudo. Con corte a agosto de ese año se habían cobrado 43.086 millones de pesos de más”, explicó Proceraseo.
A partir de agosto, según Proceraseo, Promoambiental dejó de cobrar la tarifa diferencial. Pero como la tarifa de aseo se establece semestralmente con base en el promedio del semestre anterior, el operador siguió con un promedio por encima del PGIRS. En 2022 se habrían cobrado 16.638 millones de pesos. Y para el primer semestre de 2023, 1.636 millones de más.“No solo cobraron por encima del PGIRS, alterando la tarifa establecida, sino que les cobraron mucho más a los usuarios de estratos 4, 5 y 6, que subsidian a los estratos más bajos”, indicó Proceraseo.
Promoambiental le aseguró a SEMANA que “cobró a los usuarios los kilómetros ejecutados conforme al contrato para la prestación del servicio” y agregó que “cada kilómetro barrido y reportado por Promoambiental es cobrado, sin embargo, la remuneración de dicho servicio no ha sido recibida por la compañía”.
Modificaron el Pgirs
Las indagaciones de la Superservicios en contra de Promoambiental se dieron cuando Luz Amanda Camacho era la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp). Pero cuando Javier Baquero reemplazó a Camacho, quien salió del cargo por el escándalo de los cementerios distritales, curiosamente se modificó el PGIRS, aumentando el área de barrido.
Para Promoambiental, “durante la administración de Camacho los kilómetros de barrido fueron reducidos arbitrariamente y sin contemplar el deterioro de la ciudad, inmediatamente después de su salida abrupta, la autoridad competente incrementó la cantidad de kilómetros a barrer en la ciudad, coincidiendo con la cifra reportada por nosotros”.
La Superservicios y la Justicia tendrán la última palabra en este lío judicial.