Estalla primera gran crisis en la coalición de Gustavo Petro: liberales, conservadores y La U le ponen freno a varios de sus proyectos

Sin haber cumplido sus primeros cien días en el poder, el presidente Gustavo Petro parece enfrentar la primera gran crisis en su coalición de gobierno, luego de que sectores de tres de los más importantes partidos políticos que lo apoyan le estén metiendo el freno a algunos puntos de dos de los proyectos de ley más importantes de su administración.

SEMANA estableció que varios congresistas de los partidos Liberal, Conservador y La U, los tres declarados de gobierno y aliados de Petro, están analizando con cabeza fría algunos puntos de la ley que prorroga y modifica la Ley 418 o de orden público y de la reforma tributaria.

La situación más crítica parece enfrentarla la ley de orden público, la cual se intentó debatir y votar sin éxito este miércoles en las plenarias de Senado y Cámara. Dos disposiciones que le darían al presidente de la República facultades sobre los señalados y condenados por delitos en el contexto de la protesta social fueron el detonante para que algunos sectores políticos comenzaran a manifestar sus dudas en esta iniciativa.

Según la ponencia o texto que se pondrá a consideración de las plenarias de las dos corporaciones, el jefe de Estado podría indultar a los condenados por conductas cometidas en el contexto de una manifestación social. Y la otra facultaría al mandatario de turno, en este caso el presidente Gustavo Petro, para designar como promotores de convivencia a quienes estén señalados de esta clase de acciones delictivas.

Estas propuestas han sido calificadas por diferentes sectores como un “salvavidas” para varias de las personas detenidas y procesadas por delitos que se habrían cometido en medio de las marchas de los últimos años, entre ellos lesiones personales y daño en bien público, entre otros.

Los primeros en salir a rechazar estas disposiciones fueron los congresistas del partido de La U, varios de los cuales anunciaron que se opondrán a esas dos disposiciones y que las votarán en contra, a pesar de que el proyecto fue presentado por el Gobierno del cual se declararon aliados.

La misma posición existe en esa colectividad respecto de la reforma tributaria, en la cual, según lo supo esta revista, las mayorías de esta fuerza política se opondrán a gravar las pensiones y al tratamiento para las zonas francas que existen en el país, entre otros artículos. De hecho, este miércoles sacaron un listado de cinco puntos en los que pedirán revisión antes de la votación definitiva del proyecto de ley.

Una posición similar tienen varios congresistas conservadores, los cuales esperan reunirse el martes de la próxima semana para analizar su posición frente a estas dos iniciativas gubernamentales. En las filas del conservatismo no solamente hay indignación con las disposiciones propuestas en la ley de orden público, sino que consideran que el tiempo es muy corto para debatir y votar el proyecto.

Congresistas de esa colectividad le dijeron a SEMANA que solo hasta este martes se conoció la ponencia del proyecto de ley y que no hay tiempo para estudiar una norma que es clave en el propósito de la ‘paz total’ en el que está empeñado el gobierno de Petro. Especialmente tomando en cuenta los alcances que tendría esta iniciativa en el tratamiento de algunas organizaciones delincuenciales.

Y en el Partido Liberal también existen 11 puntos de la reforma tributaria que el expresidente y director de la colectividad, César Gaviria, les ha puesto de presente a sus congresistas, entre los cuales hay reparos a gravar las pensiones, el sector de hidrocarburos y la supuesta doble tributación en la que quedarían algunas empresas en el país por la aprobación de un artículo de este proyecto de ley en las comisiones económicas del Congreso.

Las posiciones adoptadas en sectores de estos tres partidos políticos son clave en el momento político en el que se encuentran el Congreso y el país. El Legislativo, por un lado, tiene un cúmulo de iniciativas legislativas del Gobierno nacional que no convencen a varios sectores económicos y de opinión pública y a las cuales parecen estarle metiendo el acelerador desde la Casa de Nariño y el Pacto Histórico.

Estas presiones, según se comenta en los pasillos del Capitolio, podrían hacer que el tránsito de estos proyectos –y otros– se haga de manera atropellada y que los que tengan que salir a responderle a la opinión pública por lo que se aprobó sean los congresistas que avalaron estas propuestas.

Y, por el otro lado, las tensiones del presidente Petro con el Banco de la República y con algunos gremios de la producción, especialmente con los empresarios, tampoco ayudan a que la favorabilidad del mandatario le dé para presionar de esta forma a los congresistas.

El tema no es menor si se toma en cuenta que se trata de tres partidos políticos representativos y que se declararon aliados del gobierno de Petro, lo que supondría que apoyarían su agenda legislativa. Sin embargo, por lo visto en las últimas horas, parece haber sectores mayoritarios de estas colectividades que le están metiendo el freno a algunos propósitos del mandatario.

Las posiciones de estos sectores políticos se suman a las del Centro Democrático, partido declarado en oposición al Gobierno nacional, y a la de Cambio Radical, el cual no apoya la reforma tributaria y en el que hay dudas con algunos puntos de la ley de orden público.

Aunque es pronto para afirmar que las fuerzas políticas están siendo adversas al gobierno de Petro en el Congreso, lo cierto es que el mandatario está viendo que las mayorías con las que cuenta en el Capitolio no serán tan incondicionales como él lo necesita.

Por el momento, la plenaria de la Cámara suspendió el trámite de la ley de orden público por las dudas alrededor de los artículos relacionados con el indulto a condenados por delitos en la protesta social, al igual que el pleno del Senado, el cual se quedó sin el quorum necesario para tramitar la norma.