Primicia: gobierno Petro acatará informe de CIDH que alertó sobre violaciones de derechos humanos en el Paro Nacional

El gobierno del presidente Gustavo Petro mostró su intención de acatar las recomendaciones que elevó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las violaciones que se habrían presentado en eventos que rodearon el Paro Nacional.

En diálogo con SEMANA, la nueva directora de la Agencia Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, reveló que inició un proceso especial de revisión en compañía del ministro de Defensa, Iván Velázquez, sobre las actuaciones de la fuerza pública que derivaron en demandas y en la fuerte postura del alto tribunal internacional.

“En el día de ayer me comuniqué con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, con la finalidad de poder revisar aquellas actuaciones que han dado pie para demandas contra el Estado y que es parte de este engranaje que está llevando a un cambio de mentalidad, un cambio de atención y de cumplimiento”, sostuvo Zamora.

Y agregó la alta funcionaria: “Vamos a reunirnos (con el ministro de Defensa), vamos a revisar la situación de todos los casos en las dos situaciones, es decir, tanto en lo que significa la defensa de los casos actuales que están en curso, como también aquellos hechos ocurridos y que todavía no han generado un litigio”.

“Claro que las recomendaciones siempre por su misma naturaleza, son recomendaciones deben analizarse de conformidad con la legislación interna, que es algo que está haciendo el propio presidente Gustavo Petro de defensa y es hacer una revisión de toda la normativas y de las actividades, ya que es toda una revolución de la fuerza pública y por esta razón todo esto debe ir unido sobre la nueva visión de desempeño”, anotó la nueva directora de la Agencia Jurídica del Estado.

El informe de la CIDH

En una de las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno nacional es plantear la posibilidad de separar la Policía Nacional y con ella al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) del Ministerio de Defensa, con el fin de diferenciar las actuaciones que deben ejercer en las ciudades de las que tienen carácter militar. “Garantizar un entrenamiento que consolide la preservación de la seguridad con enfoque ciudadano y de derechos humanos, y no bajo una perspectiva militar”, dice el informe.

Además, la Comisión señaló cómo las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril de 2021 se vinculan con reivindicaciones estructurales e históricas de la sociedad colombiana, que a su vez están consignadas en la Constitución Política de 1991 y los Acuerdos de Paz de 2016.

“La Comisión constató un amplio consenso entre representantes del Estado y la sociedad civil frente a las causas del descontento que subyacen a las protestas, tal como la profunda inequidad en la distribución de la riqueza, la pobreza, la pobreza extrema, y el acceso a derechos económicos, sociales y culturales, en particular, educación, trabajo y salud. Igualmente, los altos niveles de violencia e impunidad, así como la discriminación étnico-racial y de género”, indica un aparte introductorio del documento.

La CIDH advirtió en su momento que constató “la existencia de un clima de polarización que se relaciona de forma directa, tanto con la discriminación estructural étnico racial y de género, como con factores de carácter político. Este fenómeno está presente en diferentes sectores sociales y se manifiesta en discursos estigmatizantes, que a su vez propician un acelerado deterioro del debate público. La Comisión Interamericana encuentra especialmente preocupante estos discursos cuando provienen de autoridades públicas”.

Por último, otro de los apartes del documento titulado “las protestas sociales iniciadas en abril de 2021″ aseguró que las jornadas de movilización, que comenzaron el 28 de abril de 2021, tienen reclamos similares a los de las movilizaciones de años anteriores. A través de sus mecanismos de monitoreo, la CIDH registró las protestas que se llevaron a cabo en 2019 y 2020 a nivel nacional. Entre otras cosas, estas estuvieron motivadas por el aumento de los niveles de pobreza, inequidad y violencia, aunado al creciente número de asesinatos de personas defensoras, líderes y lideresas sociales, representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como firmantes del Acuerdo de Paz.