Procuraduría pide a la JEP medidas cautelares sobre comunidades negras, raizales y palenqueras: “han sido víctimas de dispersión social”

La Procuraduría General presentó una solicitud crucial ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), buscando que se ordene a los Ministerios del Interior, de Justicia y de Igualdad, la implementación de un plan conjunto.

Este plan tiene como objetivo asegurar la actualización de los reglamentos internos de los Consejos Comunitarios de las comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras (NARP), localizados en los territorios vinculados al macrocaso 09, el cual investiga los crímenes cometidos contra pueblos y territorios étnicos. La iniciativa de la Procuraduría impulsa la reivindicación de derechos liderada por 18 Consejos Comunitarios y otras organizaciones sociales NARP de la costa Pacífica.

Christian Wolffhügel Gutiérrez, procurador delegado ante la JEP, destacó que la actualización de los reglamentos busca un impacto “justo, reparador y transformador”. Este proceso permitirá comprender las realidades de los pueblos NARP, garantizando sus derechos a la igualdad material y acceso a la justicia, reconociendo sus autoridades propias y respetando los “principios de diálogo intercultural, interjurisdiccional e interjusticias”.

La Procuraduría considera esencial esta actualización, ya que, hasta la fecha, los reglamentos internos “no cuentan con un componente de justicia y de derecho propio que permita comprender sus particularidades, en especial los impactos diferenciados que ocasionaron los hechos victimizante sobre la vida, cultura, cosmovisión, prácticas tradicionales e identidad étnica de estas comunidades”.

Adicionalmente, la actualización propuesta permitirá que las sanciones impuestas por la Justicia Transicional sean “verdaderamente reparadoras” para los pueblos y comunidades NARP. La solicitud de medida cautelar destaca informes que revelan un proceso de “desarraigo y dispersión social” que ha afectado a estas comunidades de manera sucesiva.

“Los informes que conoce la JEP dan cuenta de un proceso de desarraigo y de dispersión social con afectaciones sucesivas, simultáneas e interdependientes, que tuvieron por efectos la invisibilización de sus procesos, el debilitamiento de su identidad colectiva, el desconocimiento de sus formas de organización, la restricción de su autonomía y la limitación de su ejercicio a la justicia propia”, explicó el Ministerio Público en la solicitud de medida cautelar.

El procurador delegado subrayó que esta actualización es trascendental como medida de prevención temprana para evitar la materialización de escenarios de riesgo derivados de contextos de exclusión y discriminación. Además, se destacó su importancia como un mecanismo idóneo de participación efectiva de las víctimas en busca de una justicia verdaderamente inclusiva.

Procuraduría sobre formalización de mineros en Buriticá

Por otro lado, en respuesta a la creciente preocupación por la interrupción de los procesos de formalización de mineros tradicionales en Buriticá, Antioquia, la Procuraduría General le hizo una solicitud al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Minería para que presenten un informe detallado sobre los avances en este importante proyecto.

El Ministerio público manifestó su inquietud ante la grave situación de orden público que afecta la región, así como el aumento de actividades mineras ilegales que amenazan con socavar los esfuerzos de formalización. Según las autoridades, alrededor de 300 familias se han visto afectadas, dejando de beneficiarse del proceso de formalización debido a la presencia de grupos multicrimen en la zona. Estos grupos, al parecer, están vinculados a economías ilícitas, incluida la minería ilegal, y se sospecha que están instrumentalizando a los mineros informales.

En este contexto, el Ministerio Público lanzó al Gobierno del presidente Gustavo Petro la pregunta: “¿Cómo va la formalización de mineros ancestrales en Buriticá, Antioquia?”. Además, instó a conocer las acciones tomadas hasta el momento para restringir las actividades mineras, solicitando información detallada sobre la caracterización y trazabilidad de la procedencia de los minerales extraídos en la región.

La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios ha pedido específicamente el número de solicitudes de formalización recibidas y sus estados actuales. Asimismo, requirió un informe exhaustivo sobre los resultados obtenidos a través de la estrategia implementada por las entidades involucradas.

El Ministerio Público espera obtener detalles sobre las acciones planificadas para el 2024, con el objetivo de abordar de manera integral la problemática socioambiental y de orden público que enfrenta la comunidad minera en Buriticá.