Procuraduría pone la lupa en millonarios negocios de Euclides Torres con el Gobierno Petro; empresas deberán responder por presuntos y millonarios sobrecostos

El Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) es una de las entidades gubernamentales más polémicas, desde la llegada del presidente Gustavo Petro. El clan político liderado por el empresario Euclides Torres, que se viene beneficiando de la contratación estatal, parece que manda la parada en una de las instituciones más importantes para la transición energética.

SEMANA conoció que la Procuraduría abrió una investigación por cuatro contratos multimillonarios a empresas relacionadas con el clan. Un edicto, que solicita pruebas a las entidades involucradas, le solicita a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anexar las decisiones con las que se finalizó la actuación administrativa contra Euclides Torres y uno de sus socios más cercanos, Efrén Junior Montañez Pedraza, por obstaculizar la libre competencia en el sector del transporte y la energía.

La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal ordenó la apertura de una investigación contra Juan Camilo Vallejo Lorza, exdirector del Fenoge; Libardo Pinzón Vives, subdirector técnico de energía, y los funcionarios Karen Tatiana Montenegro Orozco y Erik Julián Dávila Rueda, encargados de actividades logísticas y financieras.

En el documento, el Ministerio Público ordena la práctica de pruebas, entre ellas, la información que tiene la SIC sobre el entramado de empresas vinculadas a la Organización Simetric, que es el centro de la actividad económica del clan.

El motivo de la apertura de la investigación son cuatro contratos suscritos por los consorcios y las uniones temporales Interluces, Energiza, Enfeco, Efisolar y PACC Fenoge 2023. En total, con adiciones, estos cuatro contratos acumulan más de 180.000 millones de pesos.

El primero, por un total de 69.847 millones de pesos, se suscribió a través de una invitación abierta, que se convocó en diciembre de 2022, para prestar servicios de “soluciones energéticas integrales” y la instalación de “soluciones solares fotovoltaicas”. La UT Enfeco está conformada por la empresa Estudios y Tecnología Progresiva SAS, que en algún momento perteneció en parte al grupo empresarial de Torres.

Le sigue un contrato por 5.300 millones de pesos, que se fue al consorcio Interluces, en el que participa Efrén Montañez. En noviembre de 2023, por más de 11.000 millones de pesos, la UT Efisolar fue contratada para implementar “soluciones de gestión eficiente de la energía (GEE) para dinamizar economías comerciales populares”, donde también participa Estudios y Tecnología Progresiva SAS.

Finalmente, por 95.981 millones de pesos, para la “puesta en marcha de Soluciones Solares Fotovoltaicas Individuales y Centralizadas para población vulnerable en el Caribe Colombiano”, se contrató a la UT Energiza, cuya empresa Iluminación Moderna también estaría relacionada con las empresas de alumbrado público del grupo.

La Procuraduría igualmente escuchará a las empresas integrantes de las uniones temporales y los consorcios, con el fin de determinar si en efecto existen nexos directos entre el clan político y los contratistas en cada uno de los casos.

Pero en el documento es claro que el Ministerio Público pone la lupa sobre el primer contrato, por casi 70.000 millones de pesos, en el que piden un desglose detallado del análisis de costo del contrato, especificando suministro, transporte, instalación y puesta en operación de cada una de las soluciones entregadas por la firma.

Fenoge puso precios de referencia para estas actividades. En la lista de electrodomésticos que se debían proveer, saltan a la vista presuntos sobrecostos como el cobro de aires acondicionados de dos y tres toneladas por más de 10 millones de pesos, y neveras de 420 y 600 litros en más de 9 millones de pesos. En el mercado, los aires y las neveras no pasan de los 5 millones de pesos.

“Pudo contribuir el alto valor consignado en las cotizaciones 6-7-9 y 10 a una distorsión de los precios del mercado respecto de los bienes y servicios que pretendían la adquisición de neveras y aires acondicionados en sus distintas especificaciones, de ser así podría calcular en qué porcentaje pudo darse esta”, dice el documento de la Procuraduría, que pide incluso el método de análisis cuantitativo con el fin de calcular si la entidad puede justificar la fijación de los precios.

Sin embargo, este medio conoció que las dudas, más allá de los electrodomésticos, se centran en el precio de los kilovatios pico en las soluciones solares fotovoltaicas.

José David Name, senador del Partido de la U, citó a un debate de control político a Ángela Patricia Álvarez Gutiérrez, directora de Fenoge, para analizar la situación presupuestal, financiera y técnica del fondo. El congresista, que fue uno de los creadores de la entidad como autor de la Ley 1715 de 2014, pide respuestas sobre los contratos entregados a empresas relacionadas con el clan Torres. Y advierte que los precios de las soluciones solares fotovoltaicas centralizadas podrían ser “superiores al precio del mercado” en un 50 por ciento.

“¿Cuáles fueron los proveedores que remitieron las propuestas en el estudio de mercado para la determinación del valor del contrato producto de la adjudicación del proceso IA- 014-2023-Fenoge? Anexar las propuestas recibidas sobre cada uno de los componentes que hacen parte del proceso IA-014-2023-Fenoge”, pide el senador.

Pese a que la citación fue radicada el pasado 16 de octubre de 2024 en la Comisión Quinta del Senado de la República, a la fecha, el senador no ha recibido respuesta a los interrogantes. Fenoge pidió una prórroga de cinco días hábiles para contestar las preguntas.

“Estoy muy preocupado. Se está utilizando el Fenoge para fines distintos a los que motivaron su creación. Me inquieta que este fondo, originalmente destinado a llevar luz, paneles solares y energías limpias a colegios y universidades, ahora esté desviándose de su propósito inicial”, manifestó.

Name asegura que el clan Torres tendría el control de Fenoge y recordó que la salida de Pablo Barrera, exdirector de la entidad, habría sido provocada por sus vínculos con el clan Torres.

Los representantes legales de las empresas, así como los funcionarios y exfuncionarios de Fenoge, serán escuchados por la Procuraduría. Los disciplinables tienen derecho a hablar en diligencia o versión libre.

SEMANA intentó contactar a Euclides Torres, así como a otros miembros de la familia, en busca de una respuesta frente al inicio de la investigación en la Procuraduría y la mención del líder del grupo político y empresarial. Efraín Torres, excongresista e hijo del empresario, atendió los llamados de este medio para expresar que no desean comentar nada acerca de ese proceso en la Procuraduría, así como tampoco sobre las investigaciones que cursan en otros organismos de control y la Fiscalía.