Procuraduría sancionó e inhabilitó por 11 años al director del Instituto Nacional para Ciegos, entidad adscrita al MinIgualdad

La Procuraduría General de la Nación dejó en firme la sanción contra el director del Instituto Nacional para Ciegos (INCI), Carlos Alberto Parra Dussán, que ya había sido fallada en primera instancia.

Esa entidad está adscrita al Ministerio de la Igualdad que dirige la vicepresidenta Francia Márquez. Empero, el proceso data desde años atrás, antes de que el INCI quedara en manos de esa cartera.

La pesquisa contra el funcionario fue resuelta por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento en un proceso que determinó que el INCI tendrá que pagar una multa de 400 millones de pesos a favor del demandante.

Además de Parra Dussán, el secretario general del INCI, Darío Javier Montañez Vargas, también fue sancionado con el fallo de segunda instancia. En ese sentido, ambos funcionarios son objeto de las medidas de destitución e inhabilidad general por un término de once años.

La determinación de la Procuraduría se conoce después de que ese organismo de control analizara un caso que estuvo abierto durante casi ocho años en el que los dos trabajadores del INCI son señalados de haber actuado como juez y parte en el proceso contra otro ciudadano.

El caso contra Parra Dussán se remonta a un proceso ocurrido en 2016. Según se lee en los folios conocidos por SEMANA, ni el director ni quien para entonces ejercía como secretario general, Montañez Vargas, se declararon impedidos para adelantar un proceso disciplinario contra un funcionario identificado como Elmer Leonel Arias Romero.

Pues bien, estos funcionarios son señalados de haber tenido un conflicto de interés al momento de indagar ese proceso. El organismo de control señala que, pese a ese antecedente, ambos estuvieron analizando el caso.

Dicen los folios de la Procuraduría que “el primero de ellos, el 28 de abril de 2017, profirió fallo de segunda instancia a través del cual confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general de 12 años impuesta al señor Arias, quien fue investigado por injuria y calumnia por el envío de escritos anónimos ‘intimidantes e irrespetuosos’ en los que denunció actos de corrupción al interior del Instituto, atribuidos al señor Parra Dussán y a su esposa, por lo que este tenía un interés directo en las resultas del proceso”.

La Procuraduría señala que el secretario general del INCI fue el encargado de dictar y revisar las decisiones dentro del proceso disciplinario tanto en primera como en segunda instancia, dado que bajo su rol de secretario general resolvió la solicitud de nulidad y negó las pruebas que habían sido solicitadas en medio de la fase de descargos del proceso y, posteriormente, también lo hizo bajo su rol como director encargado de la entidad.

“Las pruebas demuestran que tenían pleno conocimiento de la situación típica que implicaba el desconocimiento de su deber funcional, pues, como abogados y encargados de tramitar y decidir los procesos disciplinarios al interior del INCI, no les era ajena la institución procesal de los impedimentos, así como el hecho de que, dado el previo incidente que afectó la relación existente entre ellos y el disciplinado, y que el señor Montañez Vargas, dentro del referido proceso dictó en primera instancia una decisión que posteriormente él mismo revisó y confirmó”, se lee en el fallo de la Procuraduría al que tuvo acceso SEMANA.

En ese sentido, el organismo de vigilancia decidió confirmar parcialmente el fallo sancionatorio de primera instancia que ya había sido proferido el 27 de junio de 2023.