POLÍTICA
Prohibición de las corridas de toros: el candente debate que vuelve al ruedo en el Congreso
Detractores de la medida han insistido en que no se contemplan alternativas para quienes directa o indirectamente dependen de esta actividad.
El proyecto de ley que busca prohibir las prácticas taurinas en el territorio nacional se jugará horas definitivas este miércoles en la plenaria de la Cámara, donde está agendado para su segundo debate.
A pesar de que hace poco menos de un mes la iniciativa fue aprobada con amplias mayorías en la Comisión Primera de la Cámara, donde hay una importante presencia de congresistas de corte liberal, la prueba más dura para esta iniciativa es en la plenaria, donde generalmente el proyecto termina naufragando.
En caso de que la iniciativa se convierta en ley de la República, las prácticas taurinas tales como corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas, encierros y suelta de vaquillas, festivales cómicos taurinos y de aficionados prácticos, quedarán prohibidas en el país.
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El argumento principal del representante Juan Carlos Losada, autor del proyecto, para defender esta iniciativa está enmarcado en la necesidad de avanzar en el reconocimiento de los animales como seres sintientes y la obligación de que sean sujetos de una protección constitucional y legal especial.
Respecto a los comentarios de los detractores que señalan que las corridas de toros son una práctica cultural y que los taurinos son minoría, Losada señaló: “La cultura está en movimiento, la cultura no es estática, así lo ha reconocido la Corte Constitucional y por eso lo que ha dicho la Corte es que el Congreso tiene la potestad en el momento en que sienta que hay transformaciones sociales que merecen nuevas medidas, que se puedan hacer sin ningún tipo de restricción, luego es mentira que los taurinos tienen una protección constitucional”.
El representante agregó: “Debemos proteger la vida de los que no tienen voz y defender un país donde la cultura no sea sinónimo de violencia y muerte”.
El proyecto contempla, además, que el Gobierno nacional cuente con seis meses, una vez se expida la ley, para garantizar programas efectivos de reconversión económica para las personas que demuestren que sus ingresos y sustento económico principal se derivan de las corridas de toros.
Sin embargo, este último punto es el principal argumento con el que se han hundido las iniciativas que tienen este propósito, pues son miles de familias las que derivan buena parte de su sustento, de manera directa o indirecta, de estas prácticas.
Por lo menos así lo señala un informe de ponencia de archivo radicado por el Centro Democrático y que será puesto en discusión al momento de iniciar al debate.
De acuerdo con el documento, el proyecto “deja de lado cuestiones esenciales como qué sucederá con las tierras y el ganado que hoy están destinados a la producción del toro bravo o de lidia. Tampoco dice qué será del futuro de los monosabios, toreros, novilleros y rejoneadores que expresaron en múltiples ocasiones que los sueños no se compran ni desean ejercer una profesión distinta a la escogida por ellos en libertad, así mismo tampoco hay una solución para los empleos indirectos que se acabarían: restaurantes, hotelería, logística, transporte, entre otros”.
El documento agrega, además, que “no se contempla el impacto fiscal de lo que dejaría de recibir el Estado por cuenta de la prohibición de estas actividades”.
La iniciativa genera tanta discusión que en los últimos días se radicaron 407.587 firmas digitales que se recogieron a través de la plataforma Change.org en el marco de la petición #ColombiaSinToreo, que lidera Eduardo Peña, representante de la Organización Colombia Sin Toreo, y que representa el interés de miles de colombianos que se oponen a que las corridas de toros continúen en el país.
