Política
Protesta contra el Gobierno Petro por decreto que permitiría que indígenas manejen recursos de educación: “Les interesa lucrarse”
En entrevista con SEMANA, los educadores manifiestan que un decreto podría vulnerar sus derechos laborales y empeorar el servicio para los menores.
Este jueves 5 de octubre, un grupo de 30 etnoeducadores de los departamentos de La Guajira, Sucre y Córdoba protestan frente a las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional, en Bogotá. Los profesores, que les enseñan a niños en resguardos indígenas, aseguran que un decreto del Gobierno nacional les dará el control de la educación a las comunidades étnicas.
Se basa en todos los artículos de la Constitución que ordenan respetar los derechos a la lengua y enseñanza tradicional indígena, para otorgarles administración total del sistema y crear unas nuevas condiciones laborales para los educadores.
De acuerdo con Arley van Strahlen Mercado, educador en resguardos indígenas en La Guajira, esto también significará manejo de recursos.
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“El Gobierno que se denominó del cambio expidió un decreto transitorio que busca privatizar la educación indígena dentro de las mismas comunidades, dándoles así los recursos a las organizaciones indígenas. Eso busca vulnerar derechos laborales a los etnoeducadores que desarrollamos procesos en comunidades indígenas. Estamos haciendo un plantón pacífico frente al Ministerio de Educación Nacional. Hay varias delegaciones por departamento”, explicó el educador, en conversación con SEMANA.
En el decreto, se lee que los indígenas tendrán “autonomía y libre autodeterminación” en términos administrativos: “Los pueblos indígenas determinan autónomamente sus instituciones, estructuras, autoridades de gobierno y sus procesos de educación indígena propio, así como el ejercicio de funciones jurisdiccionales, culturales, políticas, pedagógicas y administrativas en su ámbito territorial. La autonomía de los pueblos implica las distintas garantías y formas de participación para los pueblos indígenas en el diseño y puesta en marcha de los sistemas educativos propios”.
“El debido proceso para un etnoeducador, para la desvinculación, no se hace por un debido proceso, como se hace en los colegios, que se hace con las respectivas directivas. Acá solo será la autoridad, junto con una mesa que crearán las mismas organizaciones”, indicó.
Al final del decreto, se establece el proceso de desvinculación: “Estará a cargo de los pueblos indígenas, a través de sus estructuras de gobierno propio, la cual comunicará a la Entidad Territorial Certificada que el Dinamizador Pedagógico o Educador Indígena no cumple con los acuerdos fijados al momento de expedir el aval; por consiguiente, es procedente el retiro del aval, siempre que se agote el debido proceso acorde con las Leyes de Origen, Derecho Mayor y Derecho Propio de cada pueblo indígena, la Constitución Política y las normas legales aplicables”.
“Entrará en vigencia cuando salga la tabla salarial. El Gobierno es amigo de las organizaciones indígenas. El presidente puede tener una buena intención, pero esto tiene trasfondo. A muchos líderes no les interesa la calidad educativa de los niños indígenas, les interesa lucrarse”, expresó Van Strahlen.
“Los mismos indígenas, en vez de estar pendientes de administrar los dineros de la educación de los niños indígenas, se ven enfrentamientos de sangre. (…) Vamos para atrás. Día a día vemos deteriorado el sistema de educación indígena solo por darle prioridad a algunas organizaciones que le hicieron campaña al presidente”, indicó.
El Ministerio de Educación Nacional ya nombró delegados para dialogar con los manifestantes que vienen de la región Caribe. Por el momento, los educadores se sienten decepcionados por el manejo del Gobierno del sistema educativo indígena.
