Proyecto de ley pretende crear un certificado de responsabilidad étnica empresarial, ¿de qué se trata?

En la Comisión Séptima del Senado cursa en tercer debate un proyecto de ley que pretende crear un certificado de responsabilidad étnica empresarial, con el cual se busca una mayor vinculación de profesionales y trabajadores afro, indígenas, raizales y palenqueros.

Es palabras simples, con este proyecto de ley las empresas que tengan en su planta laborar un porcentaje igual o superior al 10 % obtendrían un certificado expedido por el Ministerio del Trabajo. Con este documento, recibirían una mayor puntuación en licitaciones con el Estado.

De acuerdo con el portal de la Cámara del Representante, el proyecto de ley tiene como objetivo principal “crear el certificado de responsabilidad étnica empresarial, con el fin de incentivar la vinculación en las empresas de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, rom o gitana, en los niveles de dirección, supervisión y operación”.

Y entre sus autores hay varias sorpresas, pues hay congresistas de partidos como la U, Cambio Radical, Pacto Histórico y Comunes. Esta es la lista de nombres: Astrid Sánchez Montes de Oca, Gersel Luis Pérez Altamiranda, Karen Astrith Manrique Olarte, James Hermenegildo Mosquera Torres, Alejandro Campo, Orlando Castillo, Miguel Polo Polo, Paola García Soto, Heraclito Landinez, Marelen Castillo, Jorge Méndez, Luis Alberto Albán, Carlos Felipe Quintero y Jorge Eliecer Tamayo.

No obstante, aunque el proyecto tiene como propósito generar espacios de equidad laboral, ha recibido varias críticas y se han generado polémicos debates en medios de comunicación. Uno de los pidió archivar esta iniciativa fue el senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, en medio de un debate el pasado martes 27 de agosto.

“Este proyecto atenta contra los más débiles en los procesos de contratación, que son las pymes, y va a concentrar todos los procesos de licitación en las grandes empresas, en las que están ejecutando hoy la mayor parte de las obras, que son las que tienen vinculados a todos estos sectores, a los sectores indígenas, afrodescendientes, minorías, mujeres cabeza de familia (...) Pero quienes entran en un proceso de licitación, que no tienen trabajo, porque precisamente entran a participara ver si lo obtienen, como en el caso de las consultorías, que no tienen empleados, pero los van a tener una vez accedan al contrato, al exigirle el certificado para darle un puntaje de calificación los deja por fuera de la competencia antes de haber comenzado”, dijo el congresista Pinto.

Frente a estos planteamientos, Jhon Arley Murillo, exrepresentante a la Cámara y presidente del Partido Colombia Renaciente, y quien fue ponente de un proyecto de ley similar en la vigencia pasada del Congreso de la república, precisó que esta iniciativa será de gran beneficio para las comunidades étnicas del país.

“En el periodo pasado tuvimos una oposición muy fuerte, incluso del senador Carlos Fernando Motoa, del Valle, y no alcanzamos los votos para aprobarlo. También no tuvimos respaldo del entonces presidente Iván Duque”, dijo Murillo.

Complementa que con este nuevo proyecto de ley hay “expectativa que en este gobierno, que se ha planteado como un gobierno del cambio y la inclusión social, se pudiera contar con más apoyo, y el proyecto se presentó nuevamente, hoy está en tercer debate y estamos en el mismo punto del periodo anterior, con una mayor aprobación en la Comisión Séptima; no obstante, hemos encontrado un rechazo sin argumentos sólidos de algunos miembros de esa comisión y también de algunos miembros que se han pronunciado en contra”.

Para él, esta iniciativa ha recibido comentarios racistas, que minimizan a la población afro e indígena. “Han señalado que una propuesta como esta generaba más burocracia, que le daba ineficiencia a las compañías como si los profesionales de las comunidades afro e indígenas no tuviera formación y fuera ineficientes. A raíz de eso hicimos la denuncia de lo que consideramos expresiones racistas y le hemos venido pidiendo al Gobierno, al Congreso y a la comunidad que pongan sus reflectores a esta iniciativa. También le pedimos a la Comisión Séptima del Senado que en esta esfera de cambio en el que está el país puedan legislar a favor de población, en donde las cifras dan muestra que no están representadas y que son víctimas de falta de igualdad de oportunidades para acceder al mercado laboral”, subrayó el exrepresentante a la Cámara.

De igual manera agregó que: “Somos conscientes de que no hay mejor subsidio que un empleo, las comunidades no quieren que le subsidien nada, no quieren que les den Familia en Acción, sino tener la oportunidad de trabajar y estamos pidiendo que el mercado laboral colombiano que es muy poco inclusivo pueda probar alternativas que impulsen y vinculen una fuerza laboral más diversa en el país”.

Consideró que uno de los factores adversos de este proyecto de ley es la desinformación, que podría afectar la votación final en la Comisión Séptima del Senado. “Hemos visto una posición fuerte de la Sociedad de Ingenieros bajo una argumentos que indican que esto puede afectar a las empresas más pequeñas. Hay soluciones para encontrar puntos medios: en primer lugar, los que se oponen no reconoce la bondad del proyecto, lo que dicen es que, a su juicio, hay unos casos que pueden generar afectaciones a algunas empresas, principalmente las más pequeñas, pero como solución le podemos plantear un consenso en el porcentaje”.

Finalmente, Murillo puntualizó que “aquí lo único que se está buscando es que los profesionales afro e indígenas puedan involucrarse a la fuerza laboral del país, porque hay estudios que evidencian que del 100 por ciento de la fuerza laboral del país, el 60 por ciento está en manos de personas blancas, el 33 por ciento de personas mestizas, un 6 por ciento de personas afro, y solo un 1 por ciento de comunidades indígenas.